Minoría Catalana, PNV y PCE proponen que un servicio de protección asuma las atribuciones de Interior en materia de asilo

La contestación parlamentaria al proyecto de ley de Asilo, texto pendiente de debate en el Congreso, se ha materializado en un total de 140 enmiendas, entre las que figuran dos a la totalidad y 24 presentadas por el propio PSOE. Muchas de las propuestas de la oposición coinciden en defender la creación de un Servicio de Protección de Asilados (Sepra) que asuma las competencias que el Gobierno pretende atribuir al Ministerio del Interior.

El Grupo Popular considera en su enmienda a la totalidad que el texto es demasiado. generoso y pide su devolución, mientras la Minoría Catalana ofrece un texto alternativo y entiende que el Gobierno trata el tema del asilo de un modo "regresivo, receloso y desconfiado ante la figura del refugiado".El grupo de Convergència i Unió se despega notablemente en esta ocasión del grupo de Fraga, con el que suele coincidir en el Congreso, y recuerda al PSOE que "el asilo constituye uno de los derechos que en su regulación constitucional más caracterizó como progresista a nuestra Constitución". Añade que, en contraste con ello, el proyecto de ley del Gobierno supone "una visión meramente gubernativa del tema, sin comprender los aspectos humanos y políticos que dentro del mismo se esconden".

El texto alternativo del grupo nacionalista catalán, en línea, en este punto, con muchas de las enmiendas del PNV, PCE y EE. establece la creación del Sepra, organismo autónomo análogo al que existe en otros países democráticos, al que se' encomendarían las. funciones estatales respecto a los asilados. En el proyecto definitivo del Gobierno se atribuyen al Ministerio del Interior, tras un primer borrador que las asignó al Sepra, y un segundo que las situaba en el marco del Ministerio de Justicia.

Fraga y el "cómodo albergue"

Por el contrario, la enmienda a la totalidad presentada por el grupo de Fraga invoca la "actual situación de paro e inseguridad ciudadana galopante", en medio de la cual "resulta inadmisible", dice, "que quiera convertirse nuestro territorio en el cómodo albergue de un amplísimo e indiscriminado número de asilados".

La actitud del Grupo Popular hacia los posibles beneficiarios de la ley se manifiesta en enmiendas tales cómo la que pide que se suprima la asistencia social y económica a los asilados para evitar "un incremento del gasto público en favor de unos extranjeros, que se verían privilegiados de esta forma frente a muchos españoles, que serían los que costearían además, tales asistencias". Otra propuesta . defiende la supresión de la posibilidad de conceder el asilo "por razones humanitarias".

Una de las 26 enmiendas del PNV propone la concesión del derecho de asilo, además de a los extranjeros, a los apátridas. Este mismo grupo, así como los diputados comunistas y el abertzale Juan María Bandrés, propone el reconocimiento de la condición de asilado, por extensión, no sólo a los ascendientes y descendientes del asilado en primer grado y. a su cónyuge, sino también a la persona "a quien se halle ligado por análoga relación de afectividad y convivencia".

Razonan los enmendantes que dicha situación, similar, de hecho, a la del matrimonio, se encuentra ya amparada por la legislación española. Añaden que la procedencia de muchos asilados de regímenes dictatoriales en los que no existe el divorcio y donde, por tanto, no pueden regularizar su situación, justifica aún más la asimilación entre ambos supuestos.

Los diputados comunistas, en una de sus 27 enmiendas, proponen añadir a los criterios de "hospitalidad y tolerancia", en los que el Gobierno fundamenta el derecho de asilo, el principio de "solidaridad democrática".

La justificación que ofrecen es que para los españoles la institución del asilo está ligada esencialmente, desde los Últimos decenios, a la lucha por las libertades democráticas ya la pérdida de las mismas. Estiman que la referencia a la solidaridad democrática no es un mero adorno literario, sino un principio constitutivo y guía de la interpretación y la aplicación de la ley. Los comunistas proponen también suprimir la posibilidad de revocar los beneficios del asilo que el proyecto de ley contempla para aquellos asilados que abandonen por más de un año. el territorio nacional o que ya puedan regresar a su país de origen por haberse producido cambios que hagan cesar la persecución.

Terrorismo y política

Por su parte, Bandrés, en una de sus 23 enmiéndas, acepta el principio gubernamental de que no pueda otorgarse el asilo a quien hubiere cometido actos ilícitos de terrorismo o contra la seguridad de la aviación civil, pero propone añadir "salvo que las circunstancias internacionales, jurídicas políticas y sociales del país en que se han cometido tales actos permitan presumir su motivación política, en cuyo caso se aplicará el principio de no devolución, sin perjuicio de la competencia que pueda corresponder a, los tribunales españoles para el enjuiciamiento de los presuntos delitos".

El propio Grupo, Socialista ha formulado 24 enmiendas para tratar de remendar el proyecto de ley, tan distante de la proposición de ley progresista hecha por el PSOE desde la oposición, en la anterior legislatura. Sin embargo, algunas de las propuestas socialistas restringen aún más la regulación del asilo proyectada por el Gobierno. Así, entre otras, la enmienda que pretende que la protección dispensada por el Estado a los asilados, a efectos internos, sea "graciable", que es tanto como decir reversible.

La mayor aportación de estas enmiendas socialistas consiste en la distinción que pretende introducir entre "refugiado" y "asilado". Según dichas enmiendas, quienes reúnan la condición de refugiados, cuyo reconocimiento se propone regular en un titulo nuevo que se incorporaría a la ley, podrán solicitar asilo. Asimismo, proponen modificar las causas justificativas del asilo, de modo que puedan solicitarlo quienes sufran persecución, estén sometidos a enjuiciamiento o hayan sido condenados por delitos de carácter político o por hechos conexos con un delito de tal naturaleza o que deriven del ejercicio de un derecho fundamental reconocido en la Constitución española".