Los 12 magistrados del Tribunal Constitucional son insuficientes para atender los casos que se le plantean
El Tribunal Constitucional, que comenzó a funcionar en julio de 1980, produjo hasta finales de 1981, entre autos y sentencias, dos volúmenes, con un total de 1.450 páginas. Los dos tomos correspondientes a 1982, que ya están en imprenta, suponen 2.000 páginas más, y en el año 1983 ya ha alcanzado 2.600 folios. El ritmo de trabajo seguido por los magistrados obliga a la celebración semanal de un pleno, además de reuniones independientes de cada una de las dos salas que componen el tribunal. Por el número de recursos de amparo y de constitucionalidad, así como por los conflictos de competencias que se producen entre los entes autonómicos y el Gobierno central, se presume que en un plazo no muy lejano habrá necesidad de modificar la ley para ampliar el número de magistrados.Al Tribunal Constitucional llegán recursos sobre los temas más dispares. Así, por ejemplo, ha tenido que acordar la suspensión de la ejecución del auto de la Audiencia Nacional por el que se accedió a la extradición a su país del súbdito norteamericano, y ex agente de la CIA, George Gregory Korkala, antes de sustanciar el recurso de amparo interpuesto por su abogado. Los 1.300 trabajadores de Aetea, empresa con participación de las sociedades Agromán y Entrecanales y Tavora, recurrieron en amparo, al entender que una sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo de Cáceres podría haber vulnerado algunos artículos de la Constitución.
Recursos personales
Al Tribunal Constitucional llegó también el recurso de amparo del abogado del ex general Armada, en el que pedía la suspensión de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre el 23-F. El pasado mes de mayo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó un auto en el que planteaba, de oficio, cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley de Delitos Monetarios, por establecer penas de privación de libertad sin ser ley orgánica.El concejal del Ayuntamiento de Andújar, Miguel Ángel Bellido, expulsado del partido al que pertenecía, el PSOE, y desposeído de su cargo de alcalde, al que había accedido por anterior expulsión de su predecesor, también llevó su caso al Tribunal Constitucional. Igualmente, recurrieron los condenados por el asesinato del industrial catalán José María Bulté, y a principios de enero admitió a trámite un recurso contra el artículo 54.4 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a las indemnizaciones en caso de despido. Este recurso fue planteado por la Magistratura de Trabajo número 18 de Madrid.
El Tribunal Constitucional, que resolvió el pasado año unos 250 recursos, tiene un centenar en plena tramitación. En el momento presente, la mayor expectación, sobre las sentencias posibles, se centra en el caso Rumasa. Fuentes oficiales del tribunal han afirmado a EL PAIS que no se ha producido ni una sola reunión del pleno en la que se haya tratado el asunto. Esas mismas fuentes aseguran que cuanto se ha dicho al respecto sobre la presunta disparidad de criterios entre los magistrados es una pura intoxicación. Se presupone que hay prisa por resolver el tema, y lo probable es que se afronte el caso en sesiones continuas, hasta llegar a la conclusión definitiva. Se afirma que la fecha para el estudio del tema Rumasa es relativamente próxima, pero no ha sido señalada.
Las autonomías producen el mayor número de recursos
El mayor número de problemas de índole política está centrado en las competencias de las comunidades autónomas. Una resolución pendiente, pero que se espera sea una de las primeras en hacerse pública, es la del recurso de la Diputación Foral de Navarra, en la que se solicita que el Gobierno vasco suprima de su emblema oficial el escudo de Navarra. En el acuerdo de la Diputación Foral se solicita que sea declarada "la incompetencia manifiesta del Gobierno autónomo vasco y de las instituciones de la comunidad autónoma vasca para utilizar el escudo o cualquier otro símbolo de Navarra". También, referente a Navarra, ha sido presentado un recurso. de amparo por el PSOE contra la resolución del presidente del Parlamento navarro, Balbino Baldos, de proponer como candidato a la presidencia de la Diputación Foral a José Ángel Zubiaur.Cataluña y Euskadi están pendientes de los dos recursos de inconstitucionalidad planteados por el Gobierno contra las leyes dictadas por sus respectivos Parlamentos sobre la normalización de sus lenguas. El recurso del Gobierno contra la ley del catalán encontró respuestas en contra, incluso entre miembros del PSOE, como el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall. El alcalde de l'Hospitalet, Juan Ignacio Pujana, fue el único edil socialista de población importante de Cataluña que se opuso al debate de una moción en contra de la medida adoptada por el Gobierno en Consejo de Ministros.
El acuerdo entre Cataluña y Murcia, pendiente
También está pendiente de resolución la impugnación presentada por el Gobierno contra el convenio de colaboración firmado por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y el presidente del Consejo Regional de Murcia, Andrés Hernández Ros. Este convenio fue establecido el 27 de febrero del pasado año, al término de la visita realizada por el presidente catalán a la comunidad murciana. El recurso gubernamental está basado en el artículo 145 de la Constitución, en el que se establece que todos los acuerdos entre comunidades autónomas deben ser comunicados a las Cortes.El Grupo Popular también recurrió al tribunal, por posible inconstitucionalidad de la ley Orgánica de Integración de Segovia en Castilla-León, que fue aprobada por el Congreso y el Senado el pasado mes de febrero. Entre los temas de pronta resolución se encuentra el recurso de inconstitucionalidad contra le ley que derogó la exacción del precio de los carburantes en Canarias, Ceuta y Melilla.
Dos diputados electos por la coalición nacionalista radical Herri Batasuna, Iñaki Esnaola y Pedro Solabarría, aguardan la resolución de su recurso de amparo por el acuerdo adoptado, el pasado diciembre, por el Congreso, a consecuencia del cual se vieron privados de sus prerrogativas, al aplicárseles el reglamento de la Cámara, que exige a todos sus miembros el acatamiento del texto de la Constitución, requisito que no cumplieron.
Dentro de la agenda de temas sobre los que se espera una pronta resolución, figura un recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley General de la Seguridad Social, por presunta desigualdad en el trato de las pensiones de las viudas y las de los viudos.
