Si el PSOE no pacta, estallará la 'guerra escolar', afirma el PDP

El Grupo Parlamentario Popular, que ha presentado más de 300 enmiendas al proyecto de ley orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE), confía en negociar un acuerdo con el partido del Gobierno para no recurrir al Tribunal Constitucional. En caso contrario, que parece el más probable, no habrá cortapisas a la guerra escolar. Así lo dijo ayer el especialista en materia de educación del Grupo Popular, José Manuel Otero, que comparó la LODE con Ia invasión soviética de Polonia".

Por su parte, fuentes autorizadas del Ministerio de Educación aseguraron ayer a este periódico que el Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a ceder en el traspaso de un mayor número de competencias a las comunidades autónomas, pero no en los temas centrales de la ley: la libertad de cátedra -o, lo que es lo mismo, la no obligación de los profesores a seguir el ideario moral del centro-, las funciones del consejo escolar -entre las que se encuentra la facultad de elegir al director y a los profesores- y el pago directo por el Estado al personal docente.

Para el portavoz del Grupo Popular, Miguel Herrero de Miñón; el ponente de la oposición conser vadora en el Congreso, Francisco Soler Valero; el diputado Manuel Díaz-Pinés, que ha presentado 30 enmiendas a título personal contra la LODE, y el ex ministro de Educación José Manuel Otero Novas, todos ellos miembros de Unión de Centro Democrático en la pasada legislatura, el proyecto de ley de Educación que ha presentado el Gobierno supone, de hecho, el fin de la enseñanza libre en España, y culpan de ello a su anterior partido: "Si UCD hubiera hecho una ley de educación como la que nosotros proponemos, ni nos hubiéramos visto obligados a dejar el Gobierno y el partido ni la guerra escolar tendría por qué estallar", subrayó Herrero.

Comparación con la invasión de Polonia

Consideran que la LODE contraviene la Constitución, ya que, en su opinión, viola abiertamente el derecho de los padres a elegir la educación que prefieren para sus hijos; reconoce la libertad de creación de centros, "pero luego la anula, al impedir que el propietario o el director del colegio pueda dirigirlo", y establece un sistema de financiación pará los centros concertados -esto es, aquellos cuyos, titulares son, privados, generalmente órdenes religiosas, pero están sostenidos con fondos del Estado- que supone en la práctica la muerte de la libertad de enseñanza".Miguel Herrero llegó a calificar el proyecto de ley socialista como un fraude, "civilmente hablando, no en sentido penal"; Díáz-Pinés dijo que "se carga toda la enseñanza, tanto la pública como la privada"; Soler Valero afirmó que "no hay ningún país de la Europa libre que se rija por, una ley similar a la española", y Otero la comparó, en el sentido de atentar contra las libertades constitucionales, con "la invasión soviética de Polonia".

Los citados portavoces del Grupo Popular se mostraron convencidos de que la LODE priva a los centros del ideario, aunque el texto del Gobierno reconoce el derecho a establecer el carácter propio (o ideario) de los mismos. No obstante, los populares estiman que ésta es una declaración hueca, incluida "porque les obliga la sentencia del Tribunal Constitucional a propósito de la LOECE -más conocida en su día como ley de financiación de la enseñanza ptivada-", según Otero.

Pero, añadió el ex ministro de Educación, Ios socialistas han sido muy inteligentes. Admiten el ideario de palabra para después impedirlo de hecho". Según la LODE, el consejo escolar en los centros concertados estará constituido por el director, tres representantes del centro, cuatro representantes de los profesores, otros tantos de los padres o tutores de los alumnos, dos representantes de los alumnos y uno del personal no docente. Al poder elegir el consejo escolar al director y a los profesores, consideran los miembros de la oposición conservadora que al, propietario del centro se le priva de hecho de su facultad para fijar el ideario, y temen que, al ser el Estado quien paga a los profesores, éstos se avengan más a la ideología socialista del Gobierno que a la de los curas y monjas, que en la mayoría de los casos ostentan la titularidad de los centros docentes en España.

También apuntaron los previsibles conflictos que se plantearán cuando surja un caso de despido y el afectado recurra ante la Magistratura de Trabajo. "¿A quién demanda?", se preguntó Otero, "¿al Estado o a la orden religiosa, pongamos por caso, que sea propietaria del centro?".

Cuando el proyecto sea remitido al Senado, tras pasar por el Congreso, en el muy probable caso de que socialistas y populares no hayan pactado, los últimos presentarán recurso en el Tribunal Constitucional.