Segurado anuncia que la organización patronal recurrirá por vía judicial contra el Plan General de Madrid

La Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM) presentó ayer al alcalde de Madrid, Enrique Tierno, y a los medios de comunicación las alegaciones que la organización patronal realiza al Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. El presidente de la Confederación, José Antonio Segurado, anunció que ésta presentará los recursos administrativos necesarios contra el plan si no se toman en cuenta sus alegaciones, en base a una presunta ilegalidad de algunos puntos del proyecto. Pidió que se abra un nuevo período de información pública sobre el contenido del plan, a la vista de las alegaciones, e indicó que la iniciativa privada será la gran perjudicada por la nueva ordenación urbana de Madrid.

El Plan General de Madrid, cuya aprobación inicial efectuó el ayuntamiento inmediatamente antes de las elecciones municipales del 8 de mayo, se encuentra en este momento, y hasta el 30 de septiembre, abierto a la presentación de alegaciones por parte de los vecinos y las entidades ciudadanas. La ejecución del proyecto municipal implica unas inversiones públicas de. 385.000 millones de pesetas. a lo largo de 12 años, de los que el ayuntamiento debe, aportar 85.000 y el Estado el resto. Los recursos que la patronal madrileña pretende presentar pueden suponer, según expertos de CEIM, que la aplicación del Plan, quede al menos en suspenso. Tales actuaciones judiciales de la organización empresarial comenzarían ante la Consejería de Urbanismo de la, Comunidad de Madrid, con un recurso de reposición, al que seguirían otros ante la Audiencia Territorial y, de no prosperar, ante el Tribunal Supremo.

Más presión fiscal

Segurado afirmó ayer que el Plan es inviable desde el punto de su financiación, denunció su carácter rígido e intervencionista Y, se refirió a la burocratización que se va a imponer a la iniciativa privada en el sector de la construcción,. En opinión de Segurado, el plan "fuerza la legalidad", al organizar la regulación y los mecanismos de gestión del suelo urbano con base en un proyecto de ley que aún no ha realizado el Gobierno. Segurado opinó que el proyecto debe ceñirse a la actual legislación urbanística, que, en opinión de la CEIM, es transgredida por el Plan General.El representante patronal insistió en que "el plan induce al aumento del gasto público en detrimento de la iniciativa privada, en una línea que nos lleva a la estatalización". Calificó de "pesimistas" las previsiones del plan, y aseguró que "se corre el peligro de que ocurra como en Nueva York, donde las industrias huyeron de la ciudad para evitar la presión fiscal".

En opinión del presidente de la CEIM, el plan "elimina márgenes de beneficio en la construcción y otras empresas, por lo que se reduce el incentivo empresarial y decrece la iniciativa privada". En este punto recordó Segurado las previsiones del avance de los Presupuestos del Estado sobre la reducción de la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado, y expresó su temor de que las transferencias que debe realizar la Administración central para la ejecución del plan, que cifró en 75.000 millones anuales, sufran una reducción, por lo que habría un "incremento indiscriminado de la presión fiscal municipal".