CEIM considera el nuevo ordenamiento restrictivo, ilegal e inviable

Las alegaciones de la Confederación Independiente de Empresarios de Madrid (CEIM) al Plan General de Ordenación Urbana, contenidas en un volumen de 94 páginas, se organizan en torno a tres ejes principales. La organización patronal está en desacuerdo con las previsiones de crecimiento demográfico, económico y urbano que establece el proyecto municipal, y las considera incompatibles con el planeamiento del conjunto del área metropolitana; entiende que él proyecto no cumple la legalidad vigente, y juzga que la financiación de las acciones imprescindibles para aplicarlo no es viable.Respecto al primer apartado, el documento recoge las directrices del Plan Coordinado de Actuaciones del Área Metropolitana de Madrid, donde se establece que la población de la capitalserá de 3.391.000 habitantes en 1990, como mínimo, y de 3.750.000 como máximo. El Plan General de Madrid, no obstante, considera para la fecha señalada una población de sólo 3.068.000 habitantes, inferior en 100.000 personas a la población calculada en el primer trimestre del año pasado por la Cámara de Comercio de industria.

La CEIM denuncia idéntico criterio restrictivo en cuanto a la previsión sobre existencia y creación de empleos industriales, que las directrices metropolitanas estimaron en 323.000 para 1990, mientras el plan reduce a 174.920. Según las directrices metropolitanas, existe en la zona sur de Madrid un déficit de 249.000 empleos respecto a la población ubicada en la zona, mientras el plan general concentra precisamente en las áreas este y sur el mayor crecimiento residencial,en abierta contradicción con cualquier propósito de equilibrio. En cuanto al suelo, el plan aprobado inicialmente reduce en un 37% la superficie de 41suelo urbano" que contemplaba el avance, (de 19.355 hectáreas a 12.271).y en un 63% la de "suelo urbaniza ble programado" (de' 2.288 hectáreas,a 846).

"Nulidad de pleno derecho"

Respecto a la legalidad del plan, la CEIM asegura que ésto adolece de "necesaria inviabilidad jurídica" y su aprobación "incurrirá en nulidad de pleno derecho". Su memoria inicial cuestiona expresamente la validez de la legislación vigente pata el tratamiento de los problemas urbanísticos" y "crea un marco jurídico de planeamiento y de gestión apoyado, en parte, sobre la Ley del Suelo vigente (...), y en otra parte sobre una futura ley anunciada en el programa legislativo.En concreto, las alegaciones, de la CEIM estiman enfrentados a la legislación vigente los criterios para la clasificación de suelo urbano, la vinculación de terranos a la construcción de viviendas de protección oficial, la carga de cesiones obligatorias y gratuitas de terrenos para dotacio nees que, sobrepasan los límites establecidos en la Ley del Suelo, la imposición obligatoria de polígonos o unidades de actuación, y finalmente, la determinación del aprovechamiento medio en suelo urbanizable programado por seguir criterios y métodos distintos a los vigentes.Por lo que se refiere a la financiación, la CEIM estimaque las previsiones del estudio económico-financiero sobrevaloran las especificaciones, contenidas en otros apartados del proyecto, por lo que se produde un cálculo de ingresos superior al real.

La CEIM critica la falta de previsión sobre indemnizaciones económicas obligadas, y el hecho de que no se especifiquen las entidades u organismos que asumen el importe de las inversiones atribuidas al sector público. "En realidad", concluye la patronal, "el estudio económico del plan (...) debe ser rechazado, ya que no garantiza la ejecución de las más importantes propuestas".