Sociedad y política de defensa

Una de las tareas planificadoras que corresponden a un Estado social de derecho es la relativa a su política de defensa. Corresponde al Estado determinar su contenido y lograr la máxima adhesión posible por la sociedad. Ambas responsabilidades no se han asumido, a mi juicio, en nuestro país con la suficiente intensidad que su trascendencia social requiere. La opinión pública no ha tenido acceso a los principios de nuestra defensa más que de una forma fragmentaria y difusa, por lo que ignora sus objetivos y métodos.Durante las últimas décadas se ha producido una desvinculación de la sociedad respecto a su defensa, debido al carácter tutelar del sistema político anterior. Pero ni esta desvinculación tradicional ni los problemas que conlleve el asumir esta responsabilidad justifican, en una sociedad democrática como la actual, el carácter esotérico con el que se rodean sus contenidos.

Asunción civil

El protagonista de una política de defensa es la propia sociedad, y sus órganos ejecutivos no pueden aislar a ésta del papel que le corresponde. No basta que nuestras elites definan el interés general, sino que éste debe trascender a la comunidad para que ésta lo asuma o lo conteste por las vías democráticas existentes, participando de esta manera en la elaboración del proyecto común que debe ser la defensa.

Existe cierta tendencia a confundir política de defensa con política militar, y entre ambos conceptos ho sólo media una distinción cualitativa de género a especie, sino una cualitativa de competencia. La política de defensa, como señala su ley orgánica, no es sólo competencia de los militares. La sociedad no debe delegar en su administración militar otras funciones que las asesoras.

Es cierto que la sociedad civil ha retomado muchas funciones en este campo, pero sigue existiendo un vacío de participación a nivel de contenidos. A nivel de formas puede que se haya progresado más, pero sigue pendiente esa convocatoria social a la discusión y participación en nuestra política de defensa.

La reserva lógica piara algunos asuntos no debe transformarse en una razón de Estado que perpetúe el divoircio existente entre la sociedad y su defensa.

No se puede pedir a la opinión pública que se vincule a la tarea de su defensa cuando sólo conoce sus aspectos gravosos, como los costes económicos, las servidumbres del servicio militar o los riesgos de una confrontación bélica. Más aún, desde esta perspectivia de desconocimiento y desvinculación respecto a un tema tan complejo, una consulta a esta opinión pública como la que se anuncia, puede carecer de la objetividad necesaria.

Asunción urgente

Se deben explicitar las razones de interés social que justifican la necesidad de la, defensa. De no ser así, se fomenta la apatía, la contestación y el deterioro de las instituciones vinculadas a la defensa.

Esta asunción de responsabilidades y esta transparencia necesaria deben realizarse de forma inmediata, ya que la determinación de una política de defensa coherente es una condición previa a cualquier planificación o reforma que se quiera realizar.

Debido a la complejidad de la estructura a coordinar bajo los presupuestos de una política de defensa y que ésta no puede modificarse a corto plazo, cualquier planificación a plazo superior necesita una política definida y estable por cuanto las decisiones de hoy comprometen y gravan las del mañana. No existiendo la posibilidad de cambios bruscos, la determinación es urgente y anterior a cualquier otra acción a tomar. De lo contrario se corre el riesgo de estar perdiendo tiempo y recursos o, lo que es peor, de acometer reformas en el vacío, sin compatibilidad con una política posterior, lo que complicaría nuestra situación futura.

Urge por tanto abordar la determinación, la transparencia y la discusión de nuestra política de defensa. La sociedad no se interesa ni se siente segura con lo que desconoce en términos concretos e inmediatos.