La derecha centrará sus ataques en la inseguridad ciudadana producida por las excarcelaciones

"Las cifras son malas". Con estas palabas resumió la situación de la seguridad ciudadana uno de los más altos cargos del Ministerio del Interior. Pocos días después de haberse conocido el informe del fiscal general del Estado con los datos de la delincuencia en 1982, responsables del Departamento que encabeza José Barrionuevo admiten que la situación no mejora, precisamente. Según un informe de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, hecho público ayer, en el primer semestre de este año se produjeron 10.000 delitos más que en el mismo período de 1982.Apenas hace dos semanas, Barrionuevo presentaba al Consejo de Ministros un informe escasamente alentador, que no se ha conocido hasta ahora. Los delitos contra la propiedad aumentan en un 32%, y los robos con violencia, en un 37%. En contrapartida, disminuyen los delitos por lesiones y homicidios, lo mismo que los que atentan contra la honestidad y la salud pública.

También se registra un ligero descenso, con respecto a 1982, en las actividades terroristas, "aunque, en ese terreno, nunca se sabe lo que va a pasar mañana", según admite un alto mando policial, con los ojos aún enrojecidos tras haber pasado una noche en vela ante el cadáver del policía nacional Pablo Sánchez César, la última víctima, hasta el momento, de ETA. Ni el renacimiento efímero del GRAPO ni los presuntos entrenamientos militares de grupos falangistas ultrederechistas (que están siendo investigados), parecen preocupar excesivamente a los responsables de la seguridad del Estado.

Fuentes del Gobierno calculan que la oposición, al menos la situada a la derecha, centrará sus ataques, más que en el terrorismo, en la creciente inseguridad ciudadana, un aspecto constantemente batido por algunos medios de comunicación, que responsabilizan de este aumento en los índices delictivos a las excarcelaciones consecuentes a la reforma legal impulsada por el Ejecutivo. Y lo cierto es que las cifras de robos y atracos aumentan a partir de los meses de abril y mayo, cuando empiezan a abandonar las cárceles los presos preventivos.

"En el debate no vamos a escurrir el bulto; vamos a presentar las cosas como están", opinó ayer un alto responsable de Interior. Ello equivale a sugerir que, presumiblemente, el Gobierrno hará públicas las cifras del informe Barrionuevo. Pero, paralelamente, se presentará el plan gubernamental que tratará de hacer descender la curva de la delincuencia. Esta ofensiva tendrá dos aspectos: uno, judicial (ver recuadro adjunto) y un segundo, preventivo. Fue, precisamente, el deseo de dar los últimos toques a este aspecto preventivo lo que motivó la celebración de una reunión con todos los gobernadores civiles españoles, a mediados de esta semana. Paralelamente, se producían en Consejo de Ministros los primeros ceses de altos cargos nombrados por el Gabinete socialista, en las personas de tres gobernadores, aunque uno de ellos fue, simplemente, cambiado de destino. Fuentes de Interior aseguran que "por ahora" no habrá más relevos de gobernadores civiles, aunque sí, admiten, se producirá "algún nuevo retoque" entre los mandos policiales.

La cumbre de los gobernadores civiles produjo escasas noticias de cara al exterior. Sin embargo, refleja la intención gubernamental -oportunamente expresada a pocas fechas del debate del próximo martes- de reforzar la vigilancia policial.

Esta vigilancia incluirá patrullas policiales a pie en barrios conflictivos. El aspecto preventivo de las acciones que piensa iniciar el equipo Barrionuevo incluirá también la celebración de reuniones con los sectores profesionales más afectados por atracos y robos: gasolineras, taxistas, farmacias, jefes de seguridad de la Banca...

Desde la izquierda, las críticas a la actuación gubernamental en este campo vendrán, presumiblemente, derivadas de lo que el secretario general del PCE, Gerardo Iglesias, consideró "falta de firmeza" frente a las Fuerzas de Orden Público: reconocimiento del carácter militar de la Guardia Civil (lo que, según el PCE, niega los postulados socialistas), retraso en la aparición de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y lentitud en las reformas policiales, en general.

Pero dirigentes del PSOE niegan que el programa electoral socialista contemple un carácter determinado para la Guardia Civil, al tiempo que aseguran que solamente una cuestión de prioridades (en favor del área socioeconómica) ha impedido hasta ahora el envío a las Cortes del proyecto de ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Por lo demás, los portavoces de Interior desmienten tajantemente cualquier rumor de divergencias internas.