La Junta de Andalucía controlará las cajas rurales
El consejero de Economía del Gobierno andaluz, Julio Rodríguez, explicó ayer a los presidentes de las ocho cajas rurales provinciales de la región el contenido del decreto 158 en virtud del cual la Junta de Andalucía ejercerá un fuerte control sobre las actividades de estas entidades financieras, que reúnen la cuarta parte de los depósitos de cajas rurales en toda España.
De acuerdo con el mencionado decreto, la Consejería de Economía tendrá que autorizar la constitución de nuevas cajas rurales, deberá ratificar los nombramientos de director general de las ya existentes, incluso antes de que sean confirmados por la asamblea de socios, y examinará los préstamos que pretendan otorgarse a los altos cargos de las cajas rurales provinciales.
Igualmente, el Gobierno autónomo podrá emprender investigaciones y comprobaciones sobre la situación real de las cajas rurales provinciales, independientemente de la labor inspectora del Banco de España, y recibirá balances y cuentas de resultados con periodicidad mensual.
En medios del Ejecutivo andaluz se considera vital este nuevo enfoque de las cajas rurales provinciales para poner en marcha los proyectos de inversiones de años futuros, especialmente en el sector agrario.
En la actualidad, según datos oficiales, las cajas rurales de Andalucía reúnen unos depósitos por valor total de 103.000 millones de pesetas, lo que supone la cuarta parte de la cuantía global de los depósitos existentes en todas las cajas rurales españolas y el 7% del ahorro andaluz.
Recurso de UGT contra Trabajo
La primera caja rural andaluza por su importancia económica es la de Almería, cuyo crecimiento espectacular ha marchado paralelamente a su desarrollo agrario de los últimos años.Por otra parte, la Unión General de Trabajadores de Andalucía ha presentado un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Trabajo del Gobierno autónomo que fijaba la representación de las distintas centrales sindicales en el seno del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.
El recurso provocará un retraso en la constitución de este organismo consultivo, prevista para el próximo martes.
La citada resolución otorgaba a UGT cinco representantes en el consejo y otros cinco a Comisiones Obreras.
El sindicato socialista considera que la Dirección General de Trabajo del Gobierno autónomo andaluz no ha tenido en cuenta los resultados de las elecciones sindicales celebradas en Andalucía, que dieron a UGT un 2,39% más de delegados que a Comisiones Obreras, estimándose con derecho a obtener seis de los diez representantes de centrales sindicales que la ley preveía.
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