Admitido a trámite el recurso contra la designación de Zubiaur como presidente de Navarra
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno contra la designación de José Augel Zubiaur como presidente del Gobierno Foral Navarro. El alto Tribunal no ha adoptado todavía ninguna resolución sobre el recurso de amparo que sobre el mismo tema formuló el Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE). El Colegio de Abogados de Madrid, por su parte, ha dado por "felizmente resuelto" el incidente que, en relación con este tema, provocaron unas declaraciones de Alfonso Guerra sobre el letrado Ramón Hermosilla.
José Ángel Zubiaur, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), fue propuesto al Rey como presidente del Gobierno de la comunidad después de que transcurrieran los dos meses legales de plazo sin que ningún candidato consiguiese ser elegido por el Parlamento Foral. El presidente de esta asamblea, Balbino Bados, miembro de UPN, basó su decisión en la interpretación literal de la ley, que indica que transcurrido el plazo señalado será designado el candidato" del grupo que cuente con más representación en la asamblea de la comunidad, y en que sólo Zubiaur se había presentado candidato a la elección para el cargo, fracasando en sucesivas votaciones.Sin embargo, tanto el PSN-PSOE, como el Gobierno de la nación entienden que el designado debería ser el socialista Gabriel Urralburu, ya que su partido es el que cuenta con más escaños en el Parlamento Foral, con independencia de que Urralburu no se hubiera presentado expresamente como candidato.
Incidente con Guerra
El Colegio de Abogados de Madrid ha dado por resuelto satisfactoriamente, en una nota pública, el incidente provocado por unas declaraciones del vicepresidente Alfonso Guerra sobre este tema. Guerra había aludido al letrado Ramón Hermosilla, autor de uno de los dictámenes en que basó Balbino Bados su decisión de designar a Zubiaur, recordando que fue defensor del golpista Antonio Tejero en la causa del 23-F.
El decano del colegio manifestó en una carta a Guerra que los letrados no pueden verse obligados a pensar, al hacerse cargo de un asunto, en las consecuencias desfavorables que para el futuro pueda representar la aceptación del caso. En respuesta a esta carta, Guerra expresó al colegio su alto aprecio por la función constitucional de la abogacía, y reconoció que el derecho de los abogados a elegir cliente y caso -y viceversa- es una de las libertades más importantes en un Estado de derecho.
El vicepresidente del Gobierno añadía que nunca pretendió descalificar la actividad profesional de ningún abogado, 0 que la abogacía contará con su profundo respeto en el ejercicio de su actividad, sin la cual los derechos constitucionales quedarían vacíos por falta de garantías. La respuesta de Guerra terminaba afirmando que cuando el lenguaje de los juristas y de los políticos coincide sobre un mismo asunto, se producen a veces malentendidos que no pueden descalificar profesionalmente ni discriminar a ningún letrado.
La nota del Colegio de Abogados "celebra que el episodio haya dado ocasión para que desde el poder se haya reconocido de manera muy satisfactoria el ámbito de la libertad de defensa de los letrados, y considera que, desde el punto de vista corporativo, el tema ha sido felizmente resuelto".
