Investigación sobre las adjudicaciones de pisos en una cooperativa formada por personal de Iberia

Funcionarios y técnicos del Ministerio dé Trabajo han Iniciado una investigación a instancias de cinco empleados de la compañía Iberia Líneas Aéreas de España quienes, en representación de una veintena de personas, han acusado a la Cooperativa de Viviendas para Productores de Iberia (Coopiberia) de irregularidades en la construcción y adjudicación de una promoción que ha edificado en la calle de Vital Aza, en el distrito de Ciudad Lineal. Los denunciantes presentaron en el ministerio un informe donde afirman que sus pisos fueron revendidos sin que se les devolviesen las cantidades pagadas.

El director general de Cooperativas, Sebastián Reyna, ha pedido a la Inspección del Ministerio de Trabajo que investigue las circunstancias denunciadas y eleve un informe al respecto, según señalaron fuentes próximas al departamento. Ese informe, cuya preparación ha sido ya comenzada, deberá explicar asimismo si las supuestas irregularidades son competencia del ministerio con arreglo a las disposiciones legales vigentes o si se trata de un problema interno de los cooperativistas en el que la Administración no debe tomar parte.Coopiberia es una entidad que a efectos legales figura como independiente de Iberia, pero está estrechamente ligada a ésta al ser una obra social con destino a los empleados de la compañía. Tiene más, de 1.000 socios, y se dedica a la construcción de viviendas en régimen de cooperativa. La promoción objeto de la denuncia comenzó a gestionarse en 1979, y consta de 47 viviendas. Los miembros de la cooperativa firmaron un contrato mediante el cual se hacían beneficiarios de un piso al precio medio de 4.225.000 pesetas, sujeto a las desviaciones que los gastos imprevistos y el aumento del coste de la vida durante el tiempo de la construcción ocasionaran.

Reventa de los pisos

Al año de iniciarse las obras, el precio superaba ya los seis milones de pesetas, y en estos momentos se sitúa, según los adjudicatarios, en unos ocho millones más las cargas financieras ocasionadas por los préstamos pedidos a entidades bancarias, cargas cuya cuantía no ha podido determinar la junta directiva de Coopiberia. Esas elevaciones de precios hicieron que los denunciantes se negasen a efectuar más pagos imprevistos sin que estuvieran, a su juicio, suficientemente aclarados, según manifestó Juan Antonio Godoy, uno de los promotores de la denuncia.

La junta directiva de Coopiberia procedió a vender a terceras personas los pisos que les habían sido asignados a quienes tenían cuentas impagadas, en virtud de las disposiciones del estatuto que rige la cooperativa, sin haber satisfecho a los en principio destinatarios de las viviendas las cantidades que habían pagado, que superan los dos millones de pesetas.

El presidente de Coopiberia, Fernando González, respondió a estas acusaciones y señala que parte de los problemas económicos de la promoción objeto de las denuncias se deben a la negativa de un grupo de adjudicatarios a pagar las cantidades que adeudaban. Por este motivo, la dirección de Coopiberia les presentará una liquidación en la que se les pedirán daños y perjuicios, por considerar que han incumplido sus contratos.

Supuestas anomalías

La edificación de las viviendas de Coopiberia fue encomendada a la constructora Bigar, en un concurso reducido y demasiado rápido a juicio de los denunciantes; Según éstos, las obras se han construido con diversas irregularidades, como el empleo de materiales de menor calidad que los concertados, han aparecido goteras en las fachadas y se han cobrado materiales que no han sido utilizados. La constructora entregó los pisos con un retraso de ocho meses sobre la fecha pactada. Posteriormente, Bigar presentó una denuncia contra la cooperativa, por incumplimiento de pagos que se cifran en unos 80 millones de pesetas. Por este motivo Bigar solicitó el embargo de determinados pisos y plazas de garaje, que, pese a ello, han sido vendidos por la junta directiva, en lo que constituye una presunta estafa según los denunciantes.

Los defectos de construcción fueron denunciados por los adjudicatarios ante la junta directiva durante el transcurso de las obras para que reclamara a la constructora, sin que la citada junta actuara en consecuencia, según los denunciantes. Posteriormente, Bigar presentó suspensión de pagos, con lo que se hace muy difícil que se reparen los desperfectos.

Ante los problemas surgidos los miembros de la promoción nombraron cuatro censores de cuentas. Estos censores señalaron que no se podían pronunciar sobre la veracidad del balance contable, pues no habían podido comprobar las cuentas en la fuente. Posteriormente se solicita la actuación del Instituto de Censores, Jurados de Cuentas, que elabora un informe que no ha sido puesto en conocimiento de los adjudicatarios, y que, según manifestaciones del presidente de la cooperativa, es favorable a la actuación de Coopibería.

La dirección de la compañía Iberia no ha intervenido en el problema, por considerarse ajena al caso. Sin embargo, el jefe de Acción Social de Iberia ha señalado que la compañía había suprimido ciertas ventajas que se concedían a la cooperativa, como las horas libres de que gozaban los miembros de la junta directiva, empleados de Iberia, para dedicarse a los asuntos de la cooperativa. También le retiró un local que ésta tenía en las dependencias de la compañía. Según el directivo de Iberia, las anteriores medidas no se han debido a ninguna consideración de irregularidades en la gestión de la junta directiva de Coopiberia, sino a que se estimó que la cooperativa no estaba haciendo una labor social eficaz y suficiente.