La prisión de Carabanchel, reforzada con 10 funcionarios para acelerar las excarcelaciones
La plantilla de funcionarios de la prisión de Carabanchel ha sido ampliada con 10 nuevos miembros, procedentes de otros centros penitenciarios, para acelerar los trámites de las excarcelaciones que deben producirse estos días, tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, modificación que implica una menor permanencia de los presos preventivos en la cárcel.Por otra parte, cuatro reclusos se sumaron ayer a la huelga de hambre iniciada el lunes por una treintena de internos que muestran así su protesta por la lentitud con que, en su opinión, se producen esas excarcelaciones (véase EL PAÍS de ayer).
Aporrean las puertas
Los presos que se niegan a ingerir alimentos, según informaron fuentes del centro penitenciario, mantienen una actitud pacífica, y la situación en la cárcel fue ayer de normalidad, salvo cuando, a las 15 horas, casi todos los internos aporrearon las puertas de sus celdas en solidaridad con sus compañeros en huelga de hambre, todos ellos miembros de la Coordinadora de Presos.
Según Europa Press, el aporreo fue aconsejado por la coordinadora como medida de apoyo a la acción que promueve, y en él participaron casi todos los internos. Esta acción duró escasos minutos, y a contiuación se reanudó la vida normal en el interior de la cárcel.
José Manuel Carrasco, director en funciones de la prisión, rechaza las acusaciones de inoperancia y lentitud vertidas por los huelguistas contra la administración penitenciaria.
Según informó, además del refuerzo de 10 funcionarios las jornadas de trabajo de todo el personal han sido ampliadas con el objeto de revisar los expedientes de los presos que deben ser excarcelados a tenor de las últimas reformas legales. Asimismo, en este mes de agosto 80 nuevos funcionarios, que han aprobado recientemente las oposiciones, se incorporarán a la plantilla del centro.
"Estamos trabajando al límite", dijo el director en funciones. Asimismo, explicó que el procedimiento que se está siguiendo consiste en el estudio de los casos por la administración de Carabanchel y el envío a los juzgados y audiencias de los que se estime que pueden ser afectados por las reformas.
"En cualquier caso", precisé, son las autoridades judiciales las que deben ordenar la salida de la prisión".
Como testimonio del trabajo desarrollado por los responsables de Carabanchel, Carrasco informó que ayer el número de internos era de 1.084, cuando hace tres meses ascendía a 2.200.
"Nosotros", añadió, "somos los primeros interesados en que se reduzca el número de internos en esta prisión, cuya sobrecarga ha sido origen de múltiples incidentes violentos".
