El Grupo Popular abandona las Cortes regionales por discrepancias sobre la capitalidad

Los procuradores castellano-leoneses del grupo popular abandonaron temporalmente la sesión de las Cortes, celebrada en el castillo de Fuensaldaña (Valladolid), al presentar la Junta de Castilla y León una comunicación sobre la capitalidad que no contenía el nombre de ninguna ciudad para ser sede de los órganos de gobierno, sino que pedía que se facultase a la Junta para que fijara la sede provisional y que se lo comunicase a las Cortes en la primera sesión que celebre.Los miembros de AP-PDP-UL justificaron su actitud en que la comunicación era antirreglamentaria, acusación que fue rechazada por los socialistas. En realidad, tras el abandono se esconde la gran división de opiniones y la ambigüedad que existen en el grupo popular respecto a la. determinación de la sede o sedes de las instituciones autonómicas de Castilla y León.

Hay un grupo, encabezado por los procuradores vallisoletanos., que apoya la iniciativa socialista de fijar la sede del ejecutivo y del legislativo en Valladolid; otro grupo aboga en favor de Burgos, mientras que los parlamentarios de Segovia y León continúan rechazando la inclusión de sus respectivas provincias en la comunidad autónoma.

Esta división se puso nuevamente de manifiesto en una votación secreta que celebró el grupo popular para decidir si permanecían o no en la sala cuando se planteara la comunicación de la Junta.

Ganaron por 16 votos a favor, 15 en contra y 4 abstenciones los partidarios de continuar en la sesión; sin embargo, al final, sin que se explicaran las razones completas, los miembros de la coalición conservadora abandonaron las Cortes, mientras sus integrantes discutían entre ellos.

Hubo también críticas por no haberse respetado los resultados de la votación.

La comunicación fue finalmente aprobada con los votos favorables de los 42 procuradores socialistas y de los 2 del CDS y con el voto en contra el único representante del Partido Demócrata Liberal.

Según el acuerdo, la Junta de Castilla-León queda facultada para fijar la sede provisional de las instituciones, que será probablemente Valladolid.