El negocio de las autopistas

UNO DE los derechos reclamados por los paladines de la libre empresa es el de poder arruinarse. Donde no hay riesgo no hay beneficio; éste sería el principio. Sin embargo, la historia de algunas autopistas españolas pone en entredicho las propias leyes del mercado. Donde no hay riesgo sí hay beneficio.Las concesionarias de Autopistas del Atlántico y Astur-Leonesa tratan ahora de culminar uno de los negocios más llamativos del antiguo régimen. Después de disfrutar, como parecía previsible, los beneficios derivados de la construcción de esas obras, pretenden cargar las pérdidas producidas por la explotación comercial de esas vías, faraónicas e improductivas, sobre los hombros del contribuyente. El tanto de culpa que debiera pagar cualquier accionista que emplea mal su dinero pasaría así a cargo del Estado, aunque sea cobrando a plazos.

Autopistas del Atlántico tiene unas pérdidas de explotación de 6.000 millones de pesetas anuales, que se acumularán durante toda la vigencia de la concesión. Por su parte, Autopista Concesionaria Astur-Leonesa inicia este verano su explotación comercial con la apertura del tramo

León-Campomanes, y los estudios de viabilidad le auguran unas pérdidas semejantes a su hermana del Atlántico.

Resultados tan negativos se deben, sobre todo, tanto al elevadísimo coste de construcción como a las desmesuradas previsiones sobre el tráfico. Llenar la Península

Ibérica de asfalto durante los últimos años de la dictadura -el Plan de Autopistas pretendía asfaltar una superficie equivalente a la de toda la provincia de Guipúzcoa

fue uno de los sueños del "Estado de obras", tras los grandes pantanos y antes de comenzar la construcción de centrales nucleares. Aquel nuevo Escorial conocido como Plan Nacional de Autopistas era para el entonces ministro de Obras Públicas, Gonzalo Fernández de la Mora, "el más ambicioso programa de infraestructura del Estado del 18 de julio". Sin embargo este "ambicioso programa" se abordó con el más exiguo capital jamás pensado. Así, estas dos concesionarias de autopistas, ahora en trance de nacionalización por el Gobierno socialista, se dispusieron a iniciar las obras con un capital de 10.000 millones de pesetas, cuando la inversión real requería unos 125.000 millones. Por entonces, el Gobierno delante Carrero Blanco, que autorizó esta operación, no atendió las voces de las distintas localidades o grupos sociales perjudicados y/o alarmados. Posteriormente, los gabinetes ministeriales fueron avalando la práctica totalidad de los préstamos obtenidos en los mercados exteriores para financiar la construcción, supliendo la falta de recursos propios. Con tan sólo 10.000 de pesetas millones de capital, necesitaron además créditos en divisas por valor de 110.000 millones de pesetas. Pero las letras vencen. Y el segundo semestre de este año 1983 se presenta particularmente grave en cuanto a vencimientos de los pagos exteriores. Si los concesionarios no hacen frente a sus deudas, los acreedores internacionales llamarán a la puerta del Estado para que éste responda por aquellos fáciles avales. El Estado siempre ha de pagar y hacer frente a sus compromisos. A cambio, le queda el derecho de proceder contra los propietarios particulares que no cumplen sus obligaciones.

Resulta por ello soprendente el reflejo automático de la Administración, en respuesta quizá a un instinto histórico, proponiendo la compra por el Patrimonio del Estado de la totalidad de las acciones de las empresas citadas por el precio nominal, sin tener en cuenta las pérdidas que han ido devorando el patrimonio de esas sociedades.

"Quien la hace la paga" o "que cada palo aguante su vela" son sabias sentencias del refranero castellano que han sido recordadas con frecuencia y recientemente por altos dirigentes de las fuerzas económicas privadas durante la crisis bancarias. De este modo, no pocos accionistas de bancos han visto mermar o desaparecer su capital al conjuro de la operación de saneamiento conocida como acordeón y realizada por el Fondo de Garantía de Depósitos. Algunos miembros del Gobierno acaban de manifestar su intención de retocar el proyecto inicial de nacionalización de pérdidas de las citadas autopistas, con pago aplazado de un capital casi inexistente, en la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos prevista para el lunes. Es de esperar, por tanto, que el dinero de los contribuyentes se utilice en la menor medida posible para cubrir los actuales desmanes de quienes ya hicieron su negocio en la fase de construcción de estas autopistas.