El jurado propuesto por el PNV juzgara los delitos que afecten a las libertades constitucionales

El Grupo Parlamentario Vasco-PNV presentó ayer en el Congreso de los Diputados una proposición de ley del Jurado por la que se pretende desarrollar el artículo 125 de la Constitución y el principio de que la justicia emana del pueblo. El portavoz del PNV, Marcos Vizcaya, explicó que, "en un momento en que la Administración de justicia pasa por uno de sus peores períodos en cuanto a su credibilidad y prestigio", el jurado puede significar un vuelco a esta situación. Entre los delitos objeto de la actuación del jurado, la propuesta del PNV incluye los que afecten a los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la Constitución, y también, a pesar de los peligros de coacciones y amenazas, los delitos de terrorismo.Marcos Vizcaya enmarcó la propuesta de su grupo en el cumplimiento del mandato constitucional, así como del Estatuto de Guernica y del programa electoral de su partido. Destacó que una institución con arraigo en España fue significativamente suspendida por las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco.

El portavoz del PNV resaltó la colaboración en la elaboración de la proposición de ley de la Asociación Pro Jurado, cuyo presidente, Gustavo Pérez Muñoz, le acompañaba. Aseguró que, ante una institución tan polémica como la del jurado, el texto propuesto tendrá la virtud de romper el fuego y abrir un diálogo en el que será posible incorporar futuras sugerencias. Entre la doble opción entre el jurado puro y el denominado de los escabinos -en el que la decisión la toman conjuntamente ciudadanos y profesionales de la justícia- se había elegido la primera, teniendo en cuenta que la Constitución habla propiamente del jurado y que se considera perjudicial la influencia mutua, en el momento de la decisión, entre los jurados y los magistrados o jueces.

Ventajas del jurado

También destacó que la existencia del jurado es compatible con la de los tribunales de justicia, y en ningún caso implica la connotación de tribunal popular, sino de una justicia más democrática. Como se establece en la exposición de motivos de la proposición de ley -cuya toma o no en consideración será decidida a partir de septiembre por el Pleno del Congreso-, "a través de la institución del jurado se corresponsabilizan los ciudadanos en la ardua tarea de juzgar".

Tras descalificar las críticas al jurado basadas en su mal funcionamiento durante nuestra historia y estimar que las reticencias hacia el jurado provienen de planteamientos elitistas contrarios a los sentimientos democráticos, Marcos Vizcaya se refirió a algunas de las ventajas jurídicas del jurado. En primer lugar, resaltó la libre apreciación de la prueba, sin sometimiento a la fase sumarial secreta. Asimismo estimó que los miembros del jurado particularizan la aplicación de la figura delictiva al caso concreto, sin atenerse a los antecedentes jurisprudenciales. Además, a través del jurado se hace realidad efectiva el principio de oralidad y el de igualdad procesal de las partes, sin la habitual prepotencia del fiscal sobre el abogado, dada su condición de colega profesional del juez.

El jurado no será renunciable

A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, el jurado propuesto por el PNV no será renunciable, por estimar que proviene no del derecho individual a someterse al mismo, sino del derecho de los ciudadanos a participar en la Administración de justicia. Sobre los resultados de algunas encuestas que muestran la inhibición de los ciudadanos a formar parte del jurado, Vizcaya consideró que esta resistencia también se produce para participar en las elecciones, y que en todo caso será necesario un período de acomodación y adaptación.

La proposición de ley establece que se someterán al jurado las causas penales en las que se solicite pena superior a tres años de cárcel y cuando se trate de delitos contra la seguridad interior del Estado, los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la Constitución, la salud pública, los cohechos y malversaciones de caudales públicos cometidos por funcionarios y los delitos a través de los medios de comunicación social.

El jurado se dividirá en dos secciones: una denominada de culpabilidad, integrada por ciudadanos elegidos por sorteo, que decidirán sobre la inocencia o culpabilidad del acusado, y otra, llamada de derecho -que dictará sentencia-, que aplicará a la decisión adoptada las normas jurídicas correspondientes.

Los temores que puedan suscitar en los miembros del jurado su participación contra delitos por terrorismo fueron comprendidos por el diputado del PNV, quien valoró, en cambio, las ventajas que el enjuiciamiento de este tipo de delitos por parte de los propios ciudadanos puede representar para la causa de la justicia.

Recordó que también en la República Federal de Alemania e Italia, donde funciona el jurado, existe terrorismo, y que en cualquier caso es bueno "que la sociedad agredida enjuicie al supuesto autor de esa agresión".