La Generalitat valenciana intenta vaciar de poder a las diputaciones

El mantenimiento de los establecimientos de beneficencia, sanidad e higiene y la creación y mantenimiento de servicios contra incendios, además de lo relativo a régimen interior y ferias de ámbito provincial, serán las únicas competencias de las diputaciones provinciales valencianas sobre las que éstas conservarán pleno poder de decisión. El resto podrán ser coordinadas mediante decretos por el Consell o Gobierno de la Generalitat valenciana, de acuerdo con un proyecto de ley que el Ejecutivo ha presentado a la Mesa del Parlamento autónomo y que será tramitado por procedimiento de urgencia durante este mes.El proyecto saldrá presumiblemente aprobado, dado que el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), que integra en su totalidad el Consell, cuenta con la necesaria mayoría absoluta en las Cortes Valencianas para sacarlo adelante.

Esta ley no tiene precedentes en otras comunidades autónomas, excepto si se considera como tal la ley de la Generalitat de Cataluña, que suprimía las diputaciones en aquella comunidad autónoma y que fue anulada por el Tribunal Constitucional tras ser recurrida por el Gobierno central.

En el País Valenciano, la alusión a las diputaciones contenida en el Estatuto de Autonomía iba ya más lejos al decir que "la Comunidad Valenciana coordinará las funciones propias de las diputaciones provinciales que sean de interés general comunitario" y que "por ley de las Cortes Valencianas, aprobada por mayoría absoluta, se establecerán las fórmulas generales de coordinación y la relación de funciones que deban ser coordinadas".

Precisamente, este artículo del Estatuto es el que ahora viene a desarrollar el proyecto de ley del Consell. En su título segundo, el proyecto inserta una profusa relación de "funciones de interés general comunitario", que incluye todas las relativas a ordenación territorial, urbanismo, transportes, energía, recursos hidráulicos, agricultura, ganadería, protección de la naturaleza, industria, crédito y ahorro, cooperativas, ayudas al desempleo, creación de establecimientos de asistencia social, cultura, deportes, turismo, ferias y mercados que excedan del ámbito provincial, asistencia a municipios y planes provinciales de obras y servicios".

La ley, con todo, tiene carácter abierto, pues si bien prevé la posibilidad de que se pueda ejercer la coordinación de todas estas competencias por parte del Consell, deja la puerta abierta a que éste haga o no uso de esta facultad con carácter anual y selectivo.

"Las facultades de coordinación", indica el proyecto de ley, "se ejercerán para cada una de las funciones declaradas de interés comunitario, mediante la fijación de las oportunas directrices por decreto del Consell en ejercicio de su potestad reglamentaria, que deberá ser aprobada y publicada antes del 1 de octubre del ejercicio inmediatamente anterior al del año en que deba ejecutarse". Pero también cabe la posibilidad de fijar indefinidamente normas de coordinación, puesto que se especifica que "estas directrices podrán establecerse con carácter indefinido o por períodos que comprendan al menos un ejercicio económico".