El 'juicio Urquijo , una carrera de obstáculos, según el fiscal y un atropello a las garantías procesales, según el defensor

El juicio oral contra Rafael Escobedo, presunto autor del asesinato de los marqueses de Urquijo, iniciado el 21 de junio y visto para sentencia el lunes, estuvo marcado por los constantes incidentes procesales -entre ellos la desaparición de las piezas de convicción o pruebas- y de presuntas irregularidades, como la no incomunicación de los testigos. El tribunal dictará sentencia, con toda probabilidad, a mediados de la próxima semana. El fiscal pide para el acusado dos penas de 30 años cada una por dos delitos de asesinato con los agravantes de premeditación, nocturnidad y morada propia. El abogado defensor solicita la libre absolución.

Setenta y dos horas antes del comienzo del juicio, el presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, Bienvenido Guevara, sentenciaba severamente, a través de una conversación telefónica con un periodista de EL PAÍS, que "con casquillos o sin ellos vamos a celebrar el juicio contra Rafael Escobedo". Iba a ser la auténtica pauta de la vista oral, que despertaría una atención sin precedentes.La vista oral nacía tocada. En realidad, según uno de los cinco magistrados, José María Stampa traicionó al tribunal. En la misma antesala de la Sala Tercera, donde los magistrados descansan y deliberan en los descansos de la vista, el defensor había prometido a Guevara que los casquillos y la balas no iban a ser un problema. La propia oficina de Stampa ratificaba esta posición doce horas antes de la apertura del juicio con la declaración de que no iba a solicitar la suspensión. Y así se llegaba al martes, día 21, a las 10,30 de la mañana. Para esa hora estaba señalada el comienzo de la vista.

No empezó a su hora, cosa que se repetiría en las once sesiones siguientes de mañana y tarde. Efectivamente, ese martes, 21 de junio, a los sesenta segundos de conducir al preso a la sala, Stampa pidió la palabra para una cuestión previa; que constase en acta su protesta por la desaparición de las pruebas. Pero en el descanso del mediodía, después de haber interrogado al acusado el fiscal y haber iniciado su turno el defensor, Stampa confesaba en secreto al periodista que iba a pedir la suspensión del juicio esa misma tarde. Probablemente le indujo a romper el pacto los repetidos enfrentamientos verbales que había sostenido con el presidente, quien en la sesión matinal había calificado al acusado de delincuente excepcional y pedido que dejara de hacer comedia.

No prosperaron, sin embargo, las repetidas solicitudes de suspensión de la defensa, a todas las cuales se opuso el ministerio fiscal: Por la desaparición de los casquillos y las balas y el papel en el cual Rafael Escobedo escribió de su puño y letra su primera confesión de culpabilidad; por la no comparecencia de una testigo que el defensor calificó de crucial (la única persona que pasó la noche de autos con los marqueses difuntos en la finca de Somosaguas, la cocinera dominicana Florentina Dishney) y por la revelación inesperada hecha por un inspector de policía (no consta en el sumario de 800 folios) de que "pseudopolicías pretendieron hace unos meses apropiarse de los casquillos y balas objeto de la polémica".

La supuesta libertad provisional de Escobedo

Stampa invocó la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando señaló que, ante una revelación inesperada, se debe proceder a la apertura de una información suplementaria con la suspensión consiguiente de la vista. El abogado de Rafael Escobedo, que hizo constar en acta todas sus protestas a efectos de casación, ha manifestado en varias ocasiones que piensa recurrir en todas las instancias posibles hasta llegar incluso al Tribunal Constitucional.En la mente de todos estaba la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula el régimen de prisión preventiva y que obliga a poner en libertad provisional, sin fianza, después de 18 meses de prisión provisional, a aquellos encartados a los que se les piden penas superiores a los seis años y un día, sin ningún límite. Excepcionalmente, y según pueden determinar los jueces, esos 18 meses se pueden ampliar a 30. Incluso en el segundo de los casos, Escobedo tendría que ser puesto en libertad, en caso de aplazamiento, a principios de octubre.

En caso de que hubiese sido suspendido el juicio hubiera sido imposible la celebración del mismo antes de ese mes de octubre debido a los sesenta días de vacaciones de los tribunales de justicia (desde el 14 de julio al 14 de septiembre) y a los nefesarios plazos de citación, considerando la posibilidad de que para entonces tampoco hubiesen sido localizadas las piezas de convicción. El tribunal había zanjado la polémica con su decisión de considerar válidas las pruebas periciales de balística que había hecho el Gabinete Central de Identificación de la Policía en base a las pruebas, aunque no estuviesen fisicamente los casquillos y las balas disposición de la sala.

Como dato complementario, este periódico obtuvo unas declaraciones de quien hasta unos días antes del juicio había sido secretario de la Sección Tercera, José Valverde, según las cuales el presidente del tribunal y el magistrado ponente, Alberto Amunátegui, tenían conocimiento a través de él de la falta de las piezas de convícción desde hacía un año, con ocasión de la remisión del sumario Urquijo desde el juzgado número 14 de Madrid a esta sección de la Audiencia Provincial. Valverde añadió que con ocasión del señalamiento de la vista, unos meses antes, volvió a poner en conocimiento de los magistrados este extremo.

Las declaraciones de este funcionario -destinado ahora en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo- le supusieron una recrimina ción de sus antiguos superiores y un careo con el periodista de EL PAÍS, quien además fue convoca do por el presidente del tribunal un día de descanso de la vista oral para ser informado de que tomaría medidas por una declaraciónsuya publicada en este periódico: "Sé que el juicio va a ser difícil. Pero no estoy preocupado porque yo he toreado muchos grapos y etas". EL PAÍS sostiene que dicha frase fue pronunciada, textualmente, el día 8 de junio, en la misma sala y en presencia de otro de los magistrados del tribunal, y que luego fue reiterada en la larga conversación telefónica ya referida. En el careo el funcionario judicial señaló que la información recogida por el pe riódico se ajustaba plenamente a sus declaraciones.

La mañana del último día de vista oral, la Cadena Ser ofrecía unas declaraciones de Bienvenido Guevara -recogidas por las agen cias Europa Press y Efe- en las que informaba que, aunque extraoficialmente, se le había informa do de que los casquillos y balas cítados habían sido encontrados Hasta el momento nadie ha comunicado oficialmente tal noticia. El juicio continuó con normalidad el lunes 4 de julio. Incluso el abogado defensor hizo constar en acta nuevamente su protesta por la falta de estas pruebas.

Los testigos que pasaron la gorra

El rechazo de la prueba de balística por parte de la defensa (fue admitida una nueva prueba) y la incomparecencia de numerosos testigos de la defensa supuso únicamente el aplazamiento provisional de las sesiones. Varios testigos de fuera de Madrid (especialmente de Vitoria, Galicia y Zamora) convocados por la defensa abandonaron el palacio de Justicia, sin dietas y sin lugar de alojamiento después de subsistir los dos primeros días a base de pasar la gorra. Cuando estas personas supieron que, en primera instancia, no podían ser sino multados con 500 pesetas, abandonaron Madrid y se volvieron a sus lugares de origen.Los testigos (140 en total, aunque la defensa renunció a 85) no estuvieron nunca incomunicados, sino que se movieron con entera libertad en el vestíbulo de la sala de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Fue más que notable que todos los que quisieron, especialmente los testigos considerados importantes (los hijos de los marqueses, el administrador, el mayordomo, los amigos de Escobedo, el actual compañero de Miriam de la Sierra, los familiares del acusado), fueron informados puntualmente de lo que estaba ocurriendo en el interior. En alguna ocasión el testimonio de alguno de ellos hacía referencia a frases concretas oídas en la sala.

La no incomunicación de los testigos provocó una de los más agrios intercambios verbales entre el presidente y el abogado defensor. Esta tónica fue una de las constantes de las seis jornadas en las que se ha desarrollado. Una gran parte de los diálogos fueron considerados por algunos de los juristas asistentes al juicio como extraprocesales y poco o nada habituales en este tipo de actos.

El propio Stampa declaró en repetidas ocasiones a los medios de comunicación que consideraba que el tribunal se estaba comportando de forma parcial en contra de su defendido. En la sala declaró en cinco ocasiones -las dos últimas en el informe final- que consideraba que no existían las garantías procesales suficiente para el desarrollo de la vista, empezando por el hecho de Escobedo estuviese esposado constantemente.

En su informe final, el fiscal, José Antonio Zarzalejos, señaló que el juicio había sido una larga carrera de obstáculos, aunque manifestó que se habían dado las garantías procesales suficientes.