El INH iniciará la compra de las acciones de Campsa la semana próxima, tras firmar el protocolo con las refinerías

El protocolo de reordenación del subsector petrolero se firmará la semana próxima, posiblemente el miércoles, una vez que la comisión técnica ad hoc creada en el Ministerio de Industria y Energía, que ayer proseguía las negociaciones con los representantes de las refinerías, llegue a un acuerdo definitivo. La firma del protocolo por los presidentes de las refinerías y el ministro de Industria y Energía, que se reunirán el próximo lunes en la sede del ministerio, pondrá en marcha el mecanismo de modificación del accionariado y activos de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (Campsa), que deberá quedar completado en un plazo máximo de tres meses. La desaparición definitiva del monopolio comercial, sin embargo, no se materializará legalmente hasta la fecha de adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE).

El proceso de cambio de titularidad de las acciones privadas de Campsa está previsto que se inice inmediatamente después de la firma del protocolo. La modificación del accionariado de Campsa y la inclusión en los activos de la compañía de la red primaria de transporte e instalaciones petroleras es condición imprescindible para adaptar el monopolio comercial de la distribución de productos petrolíferos a la legislación comunitaria y para crear una nueva situación jurídica que, al mismo tiempo, defienda los intereses nacionales frente a la competencia de las multinacionales del sector, una vez que quede abierto el mercado español.Firmado el protocolo la próxima semana, el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), socio mayoritario de Campsa, ofertará públicamente por las acciones privadas a un precio que medios del sector petrolero estiman que se situará entre el 200% y el 220% de su valor nominal. El alto precio ofertado por el INH hace prever que, pese a la ausencia de unas negociaciones formales con las entidades financieras que controlan una parte del accionariado de Campsa, la oferta pública de adquisición (OPA) concluya con éxito y se alcance el objetivo previsto de convertir a Campsa en un 100% pública.

El Ministerio de Industria y Energía ha dado ya las instrucciones precisas para que la Intervención del Estado valore la red primaria de transporte e instalaciones del Patrimonio del Estado y que, según lo previsto en el programa del PSOE, pasará a manos de la nueva Campsa pública. Una vez valorada definitivamente la red, por una cifra que algunos medios sitúan entre 60.000 y 80.000 millones, y modificada su titularidad, la nueva Campsa distribuirá el 40%, de sus acciones entre las seis refinerías españolas (EMP, Cepsa, Petroliber, Petronor, Petromed y ERT), de acuerdo a su cuota en el mercado nacional, con excepción de Canarias.

Fuentes del sector privado señalan, en relación con la distribución de las acciones, que se han instrumentado dos fórmulas, sobre las que actualmente se negocia. La primera es determinar esta cuota en función de la capacidad de producción nominal de las refinerías, mientras que la segunda es aceptar la distribución de mercado y compras según el Plan Nacional de Combustibles (PNC) de 1983 que, aún sin aprobar, ha sido distribuido oficiosamente a las refinerías.

José Miguel de la Rica, presidente de Petronor, manifestó el jueves a la Prensa que la cuota de participación de esta sociedad no variaría sustancialmente con cualquiera de las dos fórmulas que se determinase. Señaló que la aportación financiera que le correspondería a Petronor se situaría entre 13.000 y 14.000 millones de pesetas, sin que hasta el momento se hubiese determinado la fórmula de financiación de estas cantidades que se ofrecerá a las refinerías.

Fuentes solventes señalan que esta financiación está previsto que se haga (ayer se continuaba negociando este punto), en cualquier caso, con recursos propios de las refinerías de forma que no se carguen sus balances con mayor endeudamiento. A este respecto, en la valoración de los activos del monopolio sólo se incluirán los fijos y no el circulante (reservas de crudo, etcétera) que, según cálculos oficiosos, se sitúan en torno a los 1.40.000 millones de pesetas.

La idea que se baraja es la de dejar estos activos de circulante en el área del monopolio, no en la nueva compañía de distribución, de forma que la valoración de las acciones que deban comprar las refinerías sea inferior. Esta situación deberá cambiar a partir del momento de la adhesión a la CEE, aunque, según el último documento comunitario, existirá un plazo de cinco años para realizar el "desmantelamiento progresivo" del monopolio.

Distribución secundaria

Otros problemas pendientes en las negociaciones, aparte de la, determinación del precio de las acciones de la nueva compañía y de su financiación, se refieren a las normas sobre precios, liquidación de los productos entregados por las refinerías a la compañía de distribución, la venta al público y el abanderamiento de las estaciones de servicio.

Según algunas fuentes, la distribución secundaria quedará también en manos de la nueva Compañía General de Distribución (posiblemente éste será el nuevo nombre de Campsa), que podría sustituir el actual sistema de concesiones por relaciones contractuales con las estaciones de servicio. Caso distinto será el abanderamiento de las estaciones, donde existe una propuesta de Cepsa para que un tercio de las mismas lleven el logotipo de las refinerías y dos tercios, el de Campsa.