La inmobiliaria Promocisa vendió los pisos proyectados aunque sabía que no podría terminarlos, según el auto de procesamiento

El auto de procesamiento de los presuntos implicados en la supuesta estafa de la inmobiliaria Promocisa señala que los directivos de esta empresa vendieron los pisos que tenían proyectados aunque eran conscientes de que no iban a poder terminarlos. La Asociación de Afectados de Promocisa, que representa a las 2.300 familias perjudicadas, señaló ayer en un comunicado que la decisión del juez pone de manifiesto "la lenidad e irresponsabilidad" de la Administración de UCD, cuyos altos cargos defendieron que no existía ningún tipo de irregularidad.

El auto dictado por el juez José María Gil Sáez, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, declara procesados a Luis Béjar Montalvo, presidente del consejo de administración, propietario de un 4% de las acciones; Josefa Polo Santamarina, que dispone del 62% de la propiedad; Luis Constantino Jiménez Redondo, dueño del 23%; Saturnino Divasson Cilvetti, con el 11%; y José Arias González, que en el momento de producirse los hechos era director de la agencia urbana número 25 del Banco Central, y actualmente es director regional de esta entidad bancaria.El juez decreta en el auto que ingresen en prisión provisional tres de los citados accionistas, mientras que en el caso de Josefa Polo fija una fianza de dos millones de pesetas.

Dos de ellos ingresaron anteayer en la cárcel de Carabanchel (véase EL PAÍS de ayer), y Constantino Jiménez, el tercero, se encontraba en paradero desconocido. En cuanto al director de la sucursal, José Arias, el juez fija una fianza de 250.000 pesetas.

Respecto a los directivos de Promocisa, el auto de procesamiento afirma que "venían dedicándose desde antes de 1975 a la promoción y, a veces, construcción de viviendas, locales comerciales y garajes, y comenzaron en el año 1976 a sufrir dificultades económicas para poder terminar las promociones en marcha, por lo que, con el fin de seguir obteniendo los beneficios económicos que les reputaba esta actividad, y aun conociendo la imposibilidad de llevarlas a buen fin, a partir del precitado año pusieron a la venta diversas promociones proyectadas, ofreciendo en venta viviendas, locales comerciales, trasteros y garajes".

Más adelante, el juez recuerda que en los contratos de compraventa de las viviendas se hace constar una, cláusula según la cual las cantidades entregadas a cuenta por los compradores desde la firma del contrato hasta la entrega de: las llaves serían ingresadas en cuentas bancarias especiales, sujetas a la regulación contenida en la ley 57/1968, de 27 de julio.

Esta norma señala que los bancos deben velar por que el dinero depositado no se emplee más que en la construcción de las viviendas. El auto de procesamiento explica sin embargo que la afirmación escrita en los contratos, respecto al ingreso del dinero en cuentas especiales, "no es cierta", y por lo tanto se incumplía la normativa fijada.

Responsabilidad subsidiaria

José Arias, entonces director de la agencia urbana en donde la entidad Promocisa tenía varias cuentas corrientes abiertas, "aun conociendo, por razón de su cargo, que éstas no reunían los requisitos exigidos por la ley 57/1968 para tener la categoría de especiales, procede en fecha de 1977 a. otorgar aval de garantía de devolución de las cantidades anticipadas por los compradores de las viviendas sitas en la casa número 13 del Parque Estoril II, cooperando de este modo, y a sabiendas de la real inexistencia de las cuentas especiales, a que se adquieran las viviendas de la precitada casa, habiéndose entregado por los compradores de la misma hasta la fecha la suma de 62.509.729 pesetas". El auto señala que Arias es procesado "por un delito de falsificación de documento mercantil" y por un presunto delito de estafa.Finalmente, el juez declara la existencia de responsabilidad civil subsidiaria de Promocisa (empresa para la que pide 2.000 millones de fianza) y del Banco Central (fianza de 62 millones).

Manuel Matamoros, abogado de los compradores de los pisos, declaró ayer que es previsible que a finales de año esté concluido el sumarlo de este caso y que posteriormente se celebre la vista del juicio.

Asimismo, indicó que esperan obtener una solución a sus problemas en una entrevista que celebrarán en breve con Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno. Los afectados defienden que en este caso existió responsabilidad de la Administración por falta de medidas de control, y reclaman la ayuda del Gobierno mediante créditos de bajo interés y avales de la banca oficial, ofreciendo como garantía para respaldar los préstamos los terrenos propiedad de Promocisa.

La nota de los afectados expresa que la anterior Administración "no tuvo recato a la hora de afirmar en consejo de ministros de 30 de julio de 1980 que en el asunto Promocisa no existía ningún tipo de irregularidad jurídica o administrativa, creando con ello un considerable perjuicio a los afectados".