El fraude a la Seguridad Social afecta a 18.000 trabajadores

Un total de 18.803 trabajadores afectados por actas fraudulentas de cuotas a la Seguridad Social, 125 empresas y 3.443 millones de pesetas defraudadas es el balance provisional del sumario en instrucción por el fraude descubierto a pincipios de otoño en Barcelona, según un documento elaborado por los abogados de Comisiones Obreras (CC OO) de Cataluña, que ejercitan la acción popular. La fase instructora del sumario, cuyo volumen supera los 12.000 folios, se prolongará aún durante un largo espacio de tiempo, dada la gran cantidad de personas y recursos interpuestos y a pesar de que las investigaciones centrales parecen haberse dado por finalizadas.

Según el citado estudio elaborado por la acusación popular, que fue presentado ayer a la Prensa, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona, encargado del procedimiento, ha dictado hasta ahora un total de 73 autos de procesamiento por los presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento público y estafa. La mayoría de los procesamientos han sido recurridos ante la Audiencia de Barcelona, que, en un primer grupo de 11 recursos de apelación, confirmó las resoluciones del juez instructor. Los procesamientos afectan a 58 empresarios y directivos de empresa, tres inspectores de Trabajo, dos abogados, dos graduados sociales, seis asesores intermediarios y dos funcionarios.A 10 personas, entre ellas tres inspectores de Trabajo, se les atribuye particular relevancia en la elaboración de las falsas actas, que, por primera vez en la historia reciente española, llevaron a prisión a un número masivo de funcionarios, profesionales y empresarios, acusados de un delito económico. A estas 10 personas corresponde el procesamiento por actuaciones generalizadas en Varias o en múltiples falsos requerimientos y entre ellas se encuentra el ex delegado de Trabajo en funciones de Barcelona, Graciniano Gómez Catón y los también inspectores de Trabajo Ramón Ballesteros y José Descartín. Solo el último de éstos se encuentra en libertad provisional, mientras que los otros dos se situaron en paradero desconocido desde que les fue comunicada la apertura de expediente disciplinario a principios de año.

El fraude ya era conocido

La noticia del fraude, hecha pública en enero pasado, no sorprendió en medios de la jurisdicción laboral, donde el prestigio de Graciniano Gómez Catón, relacionado familiarmente con el ex gobernador civil de Barcelona, Jorge Fernández, estaba en entredicho desde hacía tiempo. Jorge Fernández, quien a su vez había sido delegado de Trabajo y propuso a Gómez Catón para sustituirle en el cargo, tuvo conocimiento de esas irregularidades a través de una autoridad judicial en 1981.Fuentes solventes aseguraron a este diario que se inició entonces una investigación por parte de la Guardia Civil sobre irregularidades en la Seguridad Social. Las actuaciones se interrumpieron de forma totalmente infructuosa cuando, varios meses después, los dos números de la Guardia Civil encargados de la investigación fueron a su vez detenidos, al parecer, por su implicación en un tráfico de drogas.