La Caixa reclama 3.000 millones de pesetas por su participación minoritaria en el capital de Banca Catalana

La Caja de Pensiones (La Caixa) ha dirigido a Banca Catalana un requerimiento notarial para que la nueva propiedad de ésta le recompre y abone las acciones que la caja ostenta en el banco. Otras novedades en el caso de Banca Catalana son las dificultades legales que puede originar para la consolidación de la nueva etapa el hecho de que el acta de la junta extraordinaria en la que se nombró nuevo consejo, no haya sido aprobada, y la manifestación del secretario del Fondo de Garantía, según la cual el Gobierno de la Generalitat "comprendió y aceptó" la venta de Catalana al pool bancario.

El requerimiento por el que La Caixa pide el rescate de su paquete versa sobre la totalidad de las acciones, antiguas y nuevas, que posee, lo que supone un valor total de 3.000 millones de pesetas. La petición de la entidad de ahorro de acceder al nuevo consejo de administración de Catalana, puesto que sigue ostentando el 7% de su capital, realizada públicamente en la junta general del martes, debe interpretarse en el marco de la negociación de la recompra de dicho paquete de acciones.Las acciones de La Caixa tienen una larga historia, que se retrotrae a julio de 1979. De hecho, son producto, más que de un contrato de compraventa directa, de un préstamo de la caja al banco, al 14% de interés, garantizado por una opción de compra sobre el 7% del capital total, según fuentes de la entidad de ahorro. El documento firmado entonces por ambas entidades contemplaba las relaciones de tesorería, estipulando la ayuda de liquidez al banco en momentos en que ésta sufriera un estrangulamiento, como sucedía en aquel momento.

Al mismo tiempo, el documento establecía una serie de relaciones crediticias, tanto en su vertiente de préstamos hipotecarios (la caja concedía una hipoteca para la construcción del nuevo edificio del banco), como en la de créditos bancarios avalados, así como la suscripción de bonos de caja. El paquete del 7% de Catalana quedaba en garantía del mejor fin de dichas relaciones: se trataba de algo más de 300 millones valorados al 300% (1.110 millones), su cotización en aquel momento. Catalana se comprometía también a recomprar las acciones a la misma cotización, y la caja, a acudir a las sucesivas ampliaciones de capital, al menos en la proporción del 7%. Según La Caixa, aquel préstamo con garantía en las acciones (una suerte de pignoración) se ha elevado ahora, en virtud del interés al que fue concedido (un 14% anual), a 1.900 millones.

La explicación de que la caja no hubiera pedido hasta ahora una plaza en el consejo de Catalana estriba en que aquélla no se considerba "un accionista puro", ya que no corría riesgos, debido al pacto de recompra. De hecho, aquel paquete de acciones quedó afectado por la reducción de la operación acordeón de diciembre pasado, que redujo su valor a una peseta. Sin embargo, Catalana tenía garantizada la recompra al 300%, por el contrato de 1979. Es posible que el Fondo, entidad que intervendrá en la solución final del asunto, enarbole el argumento de la depreciación real de las acciones, para conseguir una solución más fácil respecto a la otra partida accionarial.

La ampliación de capital

La segunda partida de la cantidad que ahora reclama La Caixa proviene de que ésta acudió a la ampliación de capital de 15.000 millones que constituyó la segunda parte de la operación acordeón de diciembre. En aquella ocasión, indicaron fuentes de La Caixa, ésta se resistía a suscribir nuevas acciones, por un doble motivo. De un lado, parecía algo absurdo adquirir nuevas acciones cuando albergaba el propósito de revenderlas en julio de 1983, al finalizar el plazo estipulado en el contrato de 1979. De otro, podía dar la imagen de un deseo de protagonismo en el futuro de Catalana. Finalmente, La Caixa acudió a la ampliación, con objeto de cumplir el contrato, que estipulaba el compromiso de la misma de suscribir los sucesivos aumentos de capital.De esta forma, la entidad de ahorro suscribió 1.086 millones de pesetas en la ampliación. Es de suponer que su interés actual esté centrado prioritariamente en la recuperación de los 1.900 millones de la primera fase, y sólo secundariamente en el segundo tramo. En todo caso, el Fondo -dijo ayer Ruiz de Alda en una conferencia de prensa- "seguirá haciéndose responsable de esta cuestión, y la dilucidará". Todo indica que las interpretaciones del contrato de 1979 son diversas, si bien existe un precedente analógico en el caso de la Banca Mas Sardà.

Por otra parte, el secretario general del Fondo de Garantía de Depósitos hizo pública ayer su impresión de que "existe la voluntad de los nuevos propietarios del grupo Catalana de que el Banco de Barcelona quede integrado al grupo", para lo que el pool debería hacer una declaración formal. Ello supondría un cambio sobre la expectativa inicial, según la cual el Barcelona sería comprado por el Banco de Europa, que preside Carlos Ferrer Salat. Sobre la actitud de la Generalitat, Ruiz de Alda dijo que ésta "compartió y aceptó" la venta de Catalana al pool bancario.