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El MOPU requiere a La Caixa que ajuste al precio legal los alquileres de 100 viviendas

Amelia Castilla

La dirección provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), de la que es titular Santiago de la Fuente, ha incoado 60 expedientes con propuesta de resolución en los que requiere a La Caixa para que ajuste a su precio legal el arrendamiento de 100 viviendas de la colonia El Ahorro de Madrid, situadas en el kilómetro 7,300 de la carretera de Andalucía. En caso contrario, según la propuesta, se iniciará expediente sancionador con carácter de urgencia, conforme a lo previsto en el artículo 166 del vigente Régimen defiviendas de Protección Oficial, de 24 de junio de 1968.

José García, subdirector de Promoción Privada del Instituto de Promoción Pública de la Vívienda, manifestó que tanto La Caixa como los vecinos tienen ocho días hábiles, a partir de la notificación de la propuesta, para presentar alegaciones.El director provincial del MOPU, Santiago de la Fuente, dictará después resolución definitiva, sin perjuicio de que ambas partes recurran en el plazo de 15 días. Según la propuesta de resolución, La Caixa es responsable ante la Administración de percibir una renta superior a la legal, y la infracción se califica como muy grave, en relación con el artículo 112, que enuncia la prohibición de cobrar sobreprecios o primas sobre los alquileres. De no ajustarse a la legalidad, la referida entidad financiera podría ser sancionada, según el artículo 57-3 del Real Decreto 3148/78 de 110 de noviembre, con multas de hasta un millón de pesetas por expediente.

La Caixa posee 15.000 viviendas y locales de protección oficial, situados en Cataluña, Baleares y Madrid. La entidad financíera citada, según los inquilinos, aplica desde el año pasado incrementos anuales que suponen el triple de lo establecido para los alquileres de las viviendas de protección oficial.

El sistema de revisión de rentas, según el MOPU, se efectúa "aplicando los incrementos a la última renta resultante, entendiendo como renta inicial la fijada en el contrato de arrendamiento". Por tanto, se trata de un sistema de incremento acumulativo de rentas que se lleva a cabo calculando la cuarta parte del porcentaje de aumento experimentado entre el módulo vigente en el momento de la revisión y el, módulo vigente inmediatamente anterior.

Los incrementos legales en los últimos dos años para las viviendas de protección oficial fueron del 3,27% en 1982 y 1,68% en 1983.

Inquilinos de la colonia El Ahorro de Madrid consideran, según indican en un comunicado, que "las 15.000 viviendas que posee La Caixa no son sino tina parte de las 1.200.000 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, en buena parte de las cuales existe constancia de que se no se ajusta el precio de los alquileres a la normativa legal".

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La respuesta más efectiva, recomendada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es la consulta previa en la delegación del ministerio más cercana, para aclarar los porcentajes legales de aplicación y denunciar al propietario por vía administrativa.

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