Registro de registros

El anteproyecto de ley orgánica, en su actual redacción, prevé la creación de un organismo, dependiente del Ministerio de Presidencia, desde el que se asegure la tutela sobre los registros, automatizados o no, que contengan datos personales, cuya concreción está por desarrollar. Este organismo no parece que en principio vaya a tener acceso a los datos que incluyan los registros, sino que se dedicaría a establecer un catálogo de estos últimos. Quedan exceptuados aquellos registros que se hallen sujetos a la tutela de otros organismos o departamentos.En consecuencia, al entrar en vigor la futura ley, toda entidad privada que registre, informatizados o no, datos persona, les dará cuenta al citado organismo, cuyo nombre inicial es Registro Central de Datos, de sus características, fines y demás circunstancias. Este organismo podrá ordenar la suspensión o precinto de un registro de datos personales si hubiera motivos fundados de que éstos son utilizados para fines distintos de los originarios.

El Registro Central de Datos, cuyo estructura, medios financieros y personales serán desarrollados reglamentariarnente, comunicará de oficio al Ministerio fiscal la existencia de hechos que pudieren ser constitutivos de delito, falta o dar origen a responsabilidad civil por uso indebido de los datos. El citado organismo, no obstante, es uno de los puntos más sujetos a discusión en el anteproyecto, toda vez que hay quien considera que supondrá una terrible complejidad burocrática la necesidad de que, cada vez que sea creado un registro, haya de serle comunicado al registro de registros. Así, algunos de los expertos que se encuentran dedicados a la elaboración del presente proyecto de ley, se muestran más partidarios de incidir en un control posterior sobre el uso que se hace de los datos personales por los registros, control que podría llevar a cabo una comisión parlamentaria o el propio Defensor del Pueblo.

Según la memoria del anteproyecto, en cualquier caso, con el mencionado Registro Central de Datos, "no se pretende crear un órgano de carácter policial, sino un órgano que preste un servicio técnico al administrado y a la Administración", y se afirma el deseo de que que el mismo no origine una burocratización no deseable.