El fiscal del Estado presenta querella contra dos magistrados de Barcelona

La Fiscalía General del Estado hizo pública ayer una nota en la que informaba que "a la vista de los antecedentes e informes remitidos por el Consejo General del Poder Judicial, ha decidido interponer querella contra los ilustrísimos señores magistrados jueces de Primera Instancia números 2 y 6 de Barcelona, por el posible delito de cohecho". Los abogados Joan Piqué Vidal y Juan Vives Rodríguez de la Hinojosa se han hecho cargo de la defensa de los dos jueces, Carlos Lorenzo Penalva de Vega y Joaquín García Lavernia.

Las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en los dos juzgados se iniciaron en el mes de julio pasado, según ha podido saber EL PAÍS. De acuerdo con la nota del Consejo del Poder Judicial, se habían descubierto "ciertas irregularidades en la designación de interventores, comisarios y depositarios en algunos procesos de suspensión de pagos y quiebras". Unas diligencias posteriores de la Guardia Civil en relación con un incendio provocado en un almacén de bienes procedentes de subastas y embargos en la calle de Badal, de Barcelona, habría servido de acicate a las investigaciones.Se da la circunstancia de que la empresa Kobra Internacional S A, dedicada al negocio de pieles, se personó en las diligencias por el incendio del mencionado almacén al perder en el fuego bienes depositados. Kobra Internacional S A presentó suspensión de pagos en el Juzgado de Primera Instancia número 2, cuyo titular es el magistrado García Lavernia, y tuvo como interventores a Luis Lorenzo Penalva -hermano del magistrado juez del número 6- y Juan Magri Barreras, dos nombres que se repiten en la mayor parte de suspensiones de ambos juzgados.

Talones sin apellidos

Por su parte, la revista Cambio 16 publica en su edición de esta semana documentación de la que se deduce que los jueces García Lavernia y Lorenzo Penalva designan en bastantes ocasiones como depositarios, interventores y comisionados de las quiebras y suspensiones de pago al personal del despacho jurídico de Luis Lorenzo Penalva, en concreto a Juan Magri Barreras, María Gloria Viñals y Fernando Guiñón. Al mismo tiempo, se señala que en los asientos contables de los libros del citado bufete figuran libranzas de dinero de hasta casi un millón y medio de pesetas a favor de una persona con1as mismas iniciales que uno de los jueces implicados y de otra persona con el mismo nombre de pila del otro juez.

El abogado Joan Piqué Vidal manifestó que "es absurdo que de unos talones librados a nombre de J. G. L. o Carlos, iniciales y nombre muy comunes en nuestro país, pueda deducirse complicidad alguna de dos magistrados, como hace la publicación". Acerca de la coincidencia reiterada de los mismos interventores en las suspensiones de los juzgados de Primera Instancia 2 y 6, Piqué Vidal expresó que "lo que la ley establece es que los interventores sean personas de confianza del juez; ojalá cada magistrado tuviera un hermano que pudiera actuar como tal". Y concluyó: "Lo que han hecho los jueces es algo tan consecuente como aplicar el espíritu de la ley".

Según informaciones fidedignas, las fotocopias que han aparecido en la revista Cambio 16 y que podrían comprometer a los jueces, fueron filtradas, al parecer, por un ex empleado de uno de los interventores antes mencionados. Una persona que habría querido vengarse de una serie de procedimientos judiciales incoados contra él, a instancias de su anterior jefe. El propio Joan Piqué, a preguntas de este periódico, dijo que las fotocopias "podrían ser falsas", dada la personalidad del autor de la presunta filtración, "una persona procesada y expulsada de un colegio profesional.".

En medios allegados a la abogacía, se comentaba ayer las presuntas irregularidades que se imputan a los titulares de los juzgados 2 y 6, que son dos personas de economía saneada. El magistrado García Lavernia cuenta con una finca en la provincia de Tarragona. La finca tiene una pequeña plaza para capeas, como demostración de su gran afición por los toros. El juez Carlos Lorenzo Penalva, quien tuvo problemas siendo titular del Juzgado número 4 de Palma de Mallorca con el Colegio de Médicos, ha sido usufructuario de una herencia importante junto con su hermano. En 1973 tuvo que coger una excedencia, acusado, tras investigación oficial, de enviar anónimos a otros magistrados con extrañas acusaciones. Entonces viajó a Barcelona, donde se estableció en el despacho de su hermano. Hace cinco años reingresó en la carrera, con informe favorable del Tribunal Supremo.

En ambientes de subasteros se acusaba ayer a los medios de comunicación del revuelo que se está organizando en el asunto de las suspensiones y quiebras. A pesar de las acusaciones que se están vertiendo, los abogados de los magistrados acusados señalaron que "por el gran concepto que sus clientes tienen de la prensa, de momento, no harán ninguna acción criminal".