La banca, otra vez

EN EL libro de la historia de las crisis bancarias españolas, el largo capítulo dedicado a Banca Catalana será uno de los más desgraciados. Fue dramática su gestación, a causa de las connotaciones políticas que arrastraba. Ha resultado insólita su duración (la lentitud en abordarla y la lentitud en resolverla no tiene precedentes). Constituyó una sorpresa la doble actitud de los accionistas y la Administración de no exigir las responsabilidades personales que pudieran existir en el escándalo. Y resulta polémica la fórmula final. Aunque es preciso reconocer el valor al Gobierno de Felipe González de enfrentar un espinoso asunto, este sí verdaderamente heredado del pasado.En cuanto al retraso en solucionar el problema, no hay precedentes de una crisis tan larga, de un pudrimiento tan morosamente contemplado. Es cierto que, de un año a esta parte, en el tratamiento de la crisis no han faltado razones técnicas de peso para justificar todos y cada uno de los pasos que se han dado. Pero no es menos cierto que esas razones técnicas no se han ido plasmando en decisiones que reflejaran una férrea y no ambigua voluntad política. En un tema en el que jugaban papeles tan fundamentales como el elemento sentimental, la identificación de la entidad y su público, no sólo ha faltado decisión para aclarar lo sucedido, sino que tampoco se ha valorado correctamente lo que significaba para un país como Cataluña -para Cataluña, no para el partido de Pujol- la existencia de una banca propia que impulsara desde cerca las iniciativas locales.

En la terapéutica aplicada a la crisis han tropezado los Gobiernos centristas y se ha desenvuelto con torpeza el socialista. Y, sobre todo, ha fallado la autoridad monetaria, común en ambos casos. Hace ahora año y medio, los inspectores del Banco de España descubrieron, en una primera aproximación, un importante desequilibrio patrimonial en Banca Catalana: un agujero -que entonces se cifró sólo en unos 30.000 millones de pesetas- fruto de las infelices inversiones inmobiliarias e industriales realizadas en época de crisis y de una gestión cuando menos ingenua y deficiente. Los rectores del banco trataron de quitar importancia al hecho (en aquel momento se aprestaban incluso a repartir dividendos a los accionistas, como si nada suycediese), a la espera de algún milagroso remedio. La ausencia de realismo del equipo rector del banco se acompañó por la falta de tacto de su fundador, Jordi Pujol. Si bien es cierto que en el momento de alcanzar la presidencia de la Generalitat, en la primavera de 1980, hacía ya tiempo que Pujol había abandonado su protagonismo en la gestión del grupo bancario, no lo hizo de la forma fehaciente necesaria para impedir que, por sus vinculaciones personales, la

Generalitat quedara moralmente dañada e imposibilitada de éontribuir al esclarecimiento y solución del asunto. Las lecciones de modernidad y europeísmo con que a veces el nacionalismo de Convergéncia trata de ilustrar al resto del país y de las fuerzas políticas podrían haber sido aplicadas por su principal dirigente: los líderes de los países no bananeros, cuando acceden a cargos de responsabilidad pública, suelen hacer declaraciones de bienes que aclaran su distanciamiento respecto a todo tipo de actividades financieras.

El tema se complicó por las lagunas legales que impidieron que la inspección que hizo el Banco de España en otoño de 1981, cuando el problema ya era dramático, diera unos resultados más exactos, lo que hubiera anticipado que la dimensión del desequilibrio cuatriplicaba lo intuido por los funcionarios. Meses después, convencidos de que el problema se circunscribía únicamente a una treintena de miles de millones, un grupo de notables, representativos de las principales empresas e instituciones financieras catalanas, se dispusieron a allegar recursos y capacidad de gestión para resolver el asunto sin traumas. Luego se vieron sorprendidos por la magnitud del desastre, y resultaron impotentes para hacer frente al tema, y menos con la convocatoria de las elecciones generales ya encima.

Las opciones sobre las que ahora ha tenido que decidir el Fondo de Garantía de Depósitos eran ambas escasamente excitantes. La adjudicación a La Caixa suponía, estratégicamente, abrir el camino a la actividad bancaria de las cajas e hipotecar la proyectada reforma del sistema de ahorro que figura en el programa socialista, abandonando la exigencia de la territorialidad de las cajas y su condición de instrumento independiente para la financiación de inversiones en sus ámbitos autonómicos. La otra alternativa, por la que finalmente se ha optado, la adjudicación al grupo de bancos privados, tiene el peligro de que en realidad sólo aplace los problemas (resulta muy difícil de creer en la administración conjunta de una entidad que entrará en competencia directa con sus propietarios), prefigura un troceamiento futuro del grupo a pesar de todos los desmentidos y desprecia el gran esfuerzo hecho ya por el erario público para el reflotamiento del banco. Por lo demás, es un incumplimiento manifiesto de la promesa del partido en el poder, según la cual en los casos en que se hubieran destinado ingentes recursos públicos para reflotar un banco se ejercería el derecho de retracto legalmente reconocido al Estado.

La persistente falta de imaginación, a lo largo de todo el proceso, ha impedido arbitrar otras posibles soluciones no dogmáticas (el esquematismo de plantearlo como nacionalización contra privatización, o a la inversa) que aunasen a un tiempo lo público y lo privado, lo catalán y lo español. Es decir, los intereses del Tesoro y los de los banqueros (puesto que ambos sectores, aunque en diversa medida, han allegado recursos de hasta 200.000 millones de pesetas en este caso); y las raíces catalanas del grupo (sin las cuales no hay recuperación posible), con la evidente realidad de que se han destinado al mismo ingentes cantidades procedentes de todos los rincones de España.

La noticia de que el Gobierno va a investigar las responsabilidades derivadas del tema es una gran noticia. El presidente de la Generalitat debe pronunciarse respecto a ella. También la autoridad monetaria. El Gobierno mismo debe explicar por qué ha esperado tanto tiempo para hacerlo. Pero, en cualquier caso, es bueno saber que el fiscal del Estado está probablemente dispuesto a admitir la tesis de que un asunto bancario de esta índole, donde tienen que ir a parar miles de millones de pesetas de los españoles, es también un escándalo público.