El Gobierno podrá enajenar las empresas del grupo Rumasa por venta directa

El Pleno del Congreso aprobó ayer el proyecto de ley sobre expropiación, por razones de interés social, del grupo Rumasa, en el que se prevé la enajenación, por parte de la Administración, de las sociedades que integran el holding, bien por concurso público o bien por venta directa de las mismas. El juez de delitos monetarios Luis Lerga Gonzálvez ordenó ayer de oficio la detención de José María Ruiz-Mateos por no haber acudido a declarar en las dos ocasiones en las que ha sido citado.

La parte del proyecto de ley que hace referencia al destino final del grupo Rumasa, una vez saneado, fue la que ofreció mayor interés en el Pleno del Congreso celebrado ayer, dado que la polémica sobre la intervención o expropiación resultaba un tanto estéril una vez que, en su momento, el Gobierno ya se inclinó por la segunda. Insistieron a favor de la intervención de Rumasa el centrista José Miguel Bravo de Laguna y el diputado del Grupo Popular, Emilio Durán. Miquel Roca, representante de la Minoría Catalana, propuso que no se ampliara la expropiación a sociedades en las que Rumasa posea menos del 50%.A todos ellos contestó el diputado socialista Luis Berenguer, quien acusó a los enmendantes de haber modificado el criterio mantenido durante el debate para la convalidación del inicial decreto-ley, en discusión ahora como proyecto de ley. En todo caso, negó que la intervención sea menos cara que la expropiación y señaló que a su grupo le preocupaba también el coste social y la estabilidad del sistema financiero.

Por su parte, el juez Luis Lerga ordenó ayer de oficio la detención de José María Ruiz-Mateos, que reside actualmente en Londres, basándose en lo dispuesto en el artículo 487 y concordantes de la ley de Enjuiciamiento Criminal, por no haber comparecido a declarar en las ocasiones en que ha sido citado.

Esta decisión fue comunicada al director general de la Policía para que proceda a la busca y captura de Ruiz-Mateos y sea puesto a disposición del juzgado. Los abogados del ex presidente de Rumasa, que se personaron a las 11.30 horas de ayer en el juzgado con un escrito en el que se explicaban las razones de la no comparecencia de su defendido, no habían recibido notificación alguna, a las 9.00 horas, sobre la decisión adoptada por el juez.

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