La mejor ley de Prensa
Según una noticia, de probable origen oficioso, que se publicó el lunes 24 de abril, el Ministerio de Cultura habría elaborado un anteproyecto por el que quedaría derogada, en su integridad material, la ley de Prensa e Imprenta de 1966, conservándose tan sólo unas normas mínimas para regular algunas cuestiones sobre la impresión, el régimen fiscal y la participación de extranjeros en la propiedad de los periódicos.La primera consideración que se le ocurre a un observador profesional y político reviste forma de pregunta: ¿por qué habría de tomar esta iniciativa el Ministerio de Cultura?
Parece, por el contrario, que este departamento tendría más bien que evitar cualquier signo de continuidad con el antiguo Ministerio de Información y Turismo respecto de los medios de comunicación, que inevitable mente arrastraría la evocación de situaciones superadas. Los pasos que se dieron ya bajo ante riores Gobiernos son felizmente irreversibles y apuntan derecha mente a la meta de la libertad. Estoy seguro de que el actual titular del Ministerio de Cultura coincide conmigo en estas apreciaciones. La radio y la televisión del Estado fueron traspasadas al famoso ente público, con su estatuto o ley particular, y todo como si fuera una comunidad autónoma. Las relaciones administrativas y jurídicas de los medios con el Estado han sido transferidas a una Dirección General de la Presidencia del Gobierno, a la que supongo que habrán ido a parar los registros oficiales de las publicaciones y lo que todavía pueda quedar del viejo fichero en que el Gobierno tenía anotados los nombres y filiación de los periodistas.
Lo que ha de hacer todavía el Ministerio de Cultura en relación con los periódicos es desembarazarse por fin ya de la antigua
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Prensa del Movimiento, con el diario Pueblo inclusive, amparando desde luego los derechos adquiridos por las personas, pero respetando igualmente la naturaleza de las cosas. En los países democráticos, el Estado puede fomentar con criterios políticamente imparciales la difusión de los periódicos porque el Estado tiene el deber de ayudar a la expansión de la cultura. Pero no es nunca propietario ni responsable de la Prensa, aunque posea otros tipos de publicaciones periódicas o no -las llamadas oficiales-, que también prestan un servicio importante a la ilustración ciudadana y a la opinión pública.
Sucede además que los gérmenes de que brotan, o pueden brotar, los problemas entre las libertades de expresión e información y los diversos poderes públicos no se encierran todos en la ley de Prensa de 1966. Como apuntaba yo en este mismo diario el pasado 22 de abril, se hallan esparcidos a través de una jungla legislativa que es preciso limpiar y talar. Hay mucho dead wood, que dicen los ingleses, en el campo de las disposiciones aplicables a la Prensa: mucha leña vieja, como se diría en español castizo.
Hay, por ejemplo, artículos de la ley de Sociedades Anónimas que se redactaron contemplando específicamente el mundo de los periódicos y de las empresas informativas, o algunas de ellas en particular. Hay preceptos que afectan a los medios en la legislación sobre las inversiones extranjeras y las transmisiones patrimoniales, así como en leyes especiales y recientes, como las aludidas por mí en el artículo que he mencionado antes, y en el Código Penal, unos procedentes de la legislación anterior a la democracia y otros introducidos después de ésta y después de la Constitución. Y también en las leyes procesales, en el Código Militar y hasta en normas de inferior nivel que regulan el consumo de papel por los periódicos. En fin, como se dice ahora, aunque está mal dicho, esta enunciación se podría acompañar de un larguísimo etcétera.
Levantando no las alfombras, sino ese dead wood legislativo, se encontrarán en los más inverosímiles rincones del derecho oficialmente vigente, aunque en muchos casos no se apliquen disposiciones que conciernen a la Prensa y que deben ser derogadas.
Es seguro que partidos y ciudadanos, y desde luego los profesionales de la información y las empresas, aplaudirán su desaparición.
Valdría la pena que desde el Gobierno o en el Parlamento se elaborara un elenco de las disposiciones que hay que abolir, o cambiar, o, en alguna concreta ocasión, redactar de otra manera. Las asociaciones profesionales de periodistas y de empresas de la comunicación podrían aportar la inestimable ayuda de su experiencia.
La Prensa y los otros medios de comunicación deben estar sometidos al derecho común, cívil, mercantil, penal, administrativo, etcétera, pero fundamentalmente sólo a él.
Al Estado le compete, ciertamente, entrar en ciertas cuestiones política e informativamente neutras: por ejemplo, cuando median razones técnicas o acuerdos internacionales; al ordenar la actuación de servicios públicos, como el correo, en la difusión de la Prensa; al amparar el copyright, al ordenar el derecho de réplica en las diversas clases de medios, y en pocas ocasiones más, muy semejantes todas ellas a las que acabo de mencionar. El Estado, o mejor dicho la ley, sólo debe intervenir en la información al servicio de la libertad, garantizando su ejercicio. Es lo que exige, en la España posterior a 1978, la Constitución vigente.
Repetiremos una vez más que la mejor ley de Prensa es la que no existe.
