Banca Catalana-La Caixa, una salida política

La proyectada operación de compra de Banca Catalana por La Caixa encarna, según los autores, el asentamiento práctico de una reforma que borre las fronteras institucionales del sistema crediticio, así como el incumplimiento del programa socialista de reforma de las cajas de ahorro.

La trascendencia política y la complejidad técnica de articular alternativas a la solución del Grupo Catalana no justifica la opacidad informativa que caracteriza tanto al Consejo de Administración de La Caixa como al propio Gobierno. Se añade a ello el hieratismo del presidente de la Generalitat, que hace un año enviaba a su entonces conseller de Finances, Trias Fargas, al foro de la Federación Catalana de Caixes para intentar imponer sus condiciones en la fallida emisión de bonos de Banca Catalana, operación no cubierta por muchos de los que hoy claman por una solución catalana.Ahora la opinión pública conoce que el Consejo de Administración de La Caixa ha aprobado sus condiciones para la subasta, que los señores Ruiz de Alda y Alvarez Rendueles se permiten calificar como la única alternativa. Un consejo, que con la ausencia de dos de sus miembros más cualificados (los señores Roca-Sastre y Serra Ramoneda), con el voto contrario de los cuatro representantes del personal (UGT, CC OO, SEC e independientes) y la insólita abstención del director (cerebro de la operación), remata una de las operaciones de mayor enjundia en el mundo financiero español: Poner las bases de una reforma estructural que borra la frontera institucional en el sistema crediticio y que, de soslayo, puede hacer abortar el programa socialista de reforma de las cajas, que recoge la prohibición de participar en el capital de entidades bancarias. No es extraño que, ante semejante compromiso programático, hayan proliferado contra su incumplimiento las voces discordantes de centrales sindicales y partidos políticos que, ante unos medios de comunicación poco permeables en este caso, han expresado su oposición al proyecto de solución Caixa. Por otro lado, como afirmaba Jesús Armendariz, candidato socialista al Senado y secretario de Organización de la UGT de Cataluña, "se puede poner en peligro la solvencia de La Caixa y la confianza que los depositantes tienen en cuanto a la seguridad de sus ahorros".

En el interín se ha producido otro caso similar: el de la absorción de la Caja de Crédito Mutual por la Caja de Madrid, que vulnera flagrantemente el programa socialista. Y aquí no se puede hablar de falta de alternativas porque las había y las hay aún. Creemos que el señor Boyer debería dar una satisfacción pública y exacta, y definir de una vez por todas cuál es la política de su departamento en un tema importante como es el de la progresiva bancarización de las cajas. Para que sepamos si nos hemos de atener al programa masivamente votado por los españoles o han de prevalecer las ideas personales de funcionarios del Banco de España, del Fondo de Garantía de Depósitos y de algunos directores de cajas.

Nuestro sindicato se ha pronunciado por salvar la imagen de catalanidad de la gestión, a la par que garantizar la "titularidad pública" por parte inicialmente del Patrimonio del Estado que pudiera derivar hacia la participación mayoritaria autónoma.

Los extractados de comunicados de prensa han inducido a que se tergiversase por la C A T de Banca Catalana el sentido de nuestra propuesta y nuestro comunicado que, al defender los puestos de trabajo, expresaba la dificultad insuperable de la superposición de ambas redes de oficinas. Hay que subrayar, sin embargo, otras objecciones: el problema real no se circunscribe al grupo bancario, sino también al industrial. Son miles de puestos de trabajos los que están en liza. Y no puede La Caixa responsabilizarse en exclusiva de su titularidad y gestión sin medir los riesgos que comportaría la traslación y concentración de todas las reivindicaciones ante sus órganos de gobierno. Lo cual no quiere decir que ni La Caixa ni nadie deba afrontar las necesidades financieras exigidas al sector real de la economía, en apoyo a la restructuración industrial, como demandaban Carlos Solchaga y Enrique Barón en las Primeras Jornadas sobre la Crisis Bancaria que UGT organizó en 1980. Las conclusiones definían entonces la no aceptación de "despidos en los bancos protegidos con dinero público" y "la publicación de un estatuto del banquero que fije las responsabilidades personales y patrimoniales de los consejeros y directivos de Banca en caso de crisis".

Cabe interrogar si dichas condiciones se contemplan en la solución-Caixa. Parece que no es así en el tema del empleo. Se ignora lo que se piensa hacer en el otro tema. Por tanto, sería conveniente que se explicitara qué compromisos existen para que sea esa solución la única existente y que no se reitere esa torpe argumentación de catalanidad de la fórmula porque, en cuanto a catalanidad, mucho más la tiene La Caixa que Banca Catalana y parece que nadie tenga en cuenta el riesgo que pueda asumir esta entidad financiera de utilidad pública con una solución que sólo representa la salida airosa para una burguesía político-financiera que no ha sabido administrar sus propios intereses. ¿Es suficiente todo ello para oponerse a la solución Caixa? Y habría que preguntarse también: "¿Por qué no se opone la Generalitat? Ya que esta compra potenciará la expansión de La Caixa fuera de Cataluña, lo cual impedirá a la Generalitat ejercer plenamente sus competecias estatutarias sobre la mayor entidad financiera del país. Y producirá de facto un recorte del Estatut. ¿Por qué no denuncia el Govern esta loapización de las cajas de ahorro?

Pero, para la UGT, todo lo expuesto, con ser muy importante, no es lo fundamental. Nuestra oposición a esta solución se basa en dos premisas clarísimas: la primera, que consideramos intrínsecamente pernicioso para el sistema financiero la bancarización de las cajas; y la segunda, que estimamos que una alternativa catalana de verdad y no de opereta pasaba por una decisión de la Generalitat de auspiciar una fórmula que permitiera, a través de la creación de un Instituto de Crédito, por ejemplo, el nacimiento de un sector público autóctono, instrumento insustituible para la financiación de las necesidades de nuestro país.

Más, si bien es cierto que, por razones obvias, el actual president de la Generalitat carece de autoridad moral para propiciar una solución así, también es cierto que, en cambio, el señor Boyer tiene el respaldo de diez millones de votos para impedir una solución Caixa que, de confirmarse, produciría a una grave distorsión en el ya de por sí endeble sector financiero español.