La concesión del derecho de asilo dependerá de los informes que elabore el Ministerio del Interior

El proyecto de ley de asilo que el Gobierno acordó remitir a las Cortes el pasado 20 de abril modifica notablemente el anteproyecto elaborado por el Ministerio de Justicia que había suscitado grandes expectativas entre los casi 50.000 refugiados existentes en España. Entre otros cambios, en lugar del Servicio para la Protección de los Asilados (SEPRA) que se preveía crear, la competencia en materia de asilo se atribuye al Gobierno, "a propuesta del Ministerio del Interior", hecho este último que preocupa profundamente tanto a los futuros beneficiarlos de la ley como a organizaciones humanitarias.

El borrador elaborado por Justicia -del que EL PAÍS ofreció un amplio resumen el pasado 23 de marzo- ha sufrido grandes cambios, por lo general a peor, según fuentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) y seciores del Grupo Parlamentario Socialista, que no reconocen en el proyecto de ley definitivo la proposición presentada por dicho grupo durante la anterior legislatura, y en la que se había fimdamentado el anteproyecto.Una de las previsiones procedentes de la proposición de ley socialista era la creación del SEPRA, organismo autónomo ál que correspondería "el conocimiento y decisión sobre las solicitudes de asilo, así como las demás competencias relativas a la situación jurídica de los asilados en España". El SEPRA quedaría adscrito al Ministerio de la Presidencia y su consejo rector estaría integrado por el presidente y dos vocales designados por cada uno de los ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Interior, Educación, Trabajo y Seguridad Social y Sanidad y Consumo.

El Gobierno desistió de la creación de este organismo autónomo, que había suscitado grandes esperanzas entre los refugiados, ya que era previsible una agilización de los trámites de la concesión de asilo, residenciados hasta ahora en el Ministerio de Interior, que ha venido utilizando criterios policiales y retrasando los expedientes durante seis u ocho meses, por lo que han proliferado las críticas contra la falta de adecuacíón gubernativa a los principios de la Constitución. Concretamente, entre las conclusiones de las jornadas celebradas en Madrid por la CEAR en enero último sobre loz derechos humanos del refugiado figuraba una censura al "excesivo margen de discrecionalidad" de que goza la autoridad gubernativa, que no garantiza la situación de los rcfugiados ni el ejercicio por ellos de sus derechos humanos.

En la reunión del Consejo de Ministros del pasado 20 de abril se sometió a estudio un nuevo proyecto de texto legal en el que las competencias en materia de asilo quedaban atribuidas al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, departamento que conservaría las máximas atribuciones en cuanto a la admisión a trámite de las solicitudes de asilo y en cuyo seno se crearía una comisión consultiva que informaría dichas solicitudes.

Barrionuevo reclama 'lo bonito'

El ministro del Interior, José Barrionuevo, se opuso a esta propuesta y reclamó para su departamento las competencias en materia de asilo. El argumento empleado fue el de que "ya está bien que Justicia se encargue de lo bonito y para nosotros sólo quede lo feo".El Gobierno aceptó la tesis de Barrionuevo, con lo que se ha producido gran alarma entre los, futuros beneficiarios de la ley. La APDH ha mostrado su "profunda preocupación" por esta modificación. Entre otros razonamientos, considera que, "dada la especial situación y condición de las personas que llegan a nuestro país huyendo de sus países de origen, no es el Ministerio de Interior el más idóneo para ser competente en la preparación y elaboración de la propuesta de resolución que corresponda". La APDH estima preferible un organismo con infraestructura suficiente -del estilo del nonnato SEPRA- y especialmente cualificado, como ocurre en la mayor parte de los países de Europa occidental, y no un departamento como el de Interior, en donde "el pundonor profesional de los funcionarios del Cuerpo Superior de Policía ha hecho que, en muchas ocasiones, se hayan aplicado criterios excesivamente policiales a personas o situaciones que exigirían una distinta óptica".

Otra modificación afecta a la generosidad de la ley de Asilo, que queda muy recortada, ya que se ha eliminado la posibilidad de concederlo a quienes hubieran cometido en sus países de origen delitos políticos o conexos que, aun siéndolo en España, se hubieran cometido "con la finalidad de lograr el, establecimiento de los derechos y libertades reconocidos en nuestro ordenamiento o de luchar contra el colonialismo, el racismo y sistemas no democráticos de organización de la convivencia".

Restricción

A este recorte hay que añadir que en el texto definitivo acordado por el Gobierno se establece que no podrá otorgarse asilo a quien, "con anterioridad a la concesión del mismo, hubiere cometido un grave delito común". Esta restricción afectaría a aquellos refugiados que, en la lucha mantenida en sus países de origen para el restablecimiento de las libertades o para escapar de la persecución de que eran objeto, hubieran cometido delitos, que, en otras circunstancias, serían calificables de "grave delito común".La APDH emitió el pasado día 5 de mayo un comunicado en el que critica duramente algunos de estos aspectos del proyecto de ley y concretamente "los términos amplísimos y discrecionales con que se establecen las causas de no concesión del asilo", la no definición clara de los derechos del exiliado y el hechode que "no resuelve la situación de absoluta inseguridad de los miles de exiliados latinoamericanos y de otras latitudes que actualmente se encuentran en España".