Política agraria y política de precios agrarios / y 2

Si en algún aspecto de la política de ordenación y producciones y mercados ha de exigirse especial claridad y firmeza, es en relación con la política de precios. El autor del artículo continúa desarrollando en esta segunda parte su visión sobre la política agraria actual.

Su desarrollo va a obedecer a una serie de principios que conviene precisar en todo su alcance:a) La política de precios intervenidos debe ser coherente con el mantenimiento de los equilibrios económicos básicos del país. Subidas indiscriminadas, de base demagógica u oportunista, acaban por volverse contra sus aparentes beneficiarios.

b) La política de precios no debe suplantar a la necesidad política de rentas agrarias. Esta última requiere, para ser verdaderamente eficaz, otros instrumentos de transferencia de rentas. La utilización de la política de precios como sucedáneo de la política de rentas ha conducido inexorablemente a ahondar las diferencias sociales en el campo, no evitando al mismo tiempo la ruina económica de los pequeños empresarios agrarios. Ahí está la historia más reciente para demostrarlo.

La política de precios agrarios tiene como misión esencial ajustar la oferta y demanda de los productos regulados, aunque en su aplicación concreta no olvide el trasfondo que constituye una estructura dada de las rentas agrarias.

c) La política de precios agrarios no puede basarse en la falacia demagógica del coste de producción. En el campo español, y para cada cultivo, existen casi tantas estructuras de costes como explotaciones diferenciadas. La falacia de los costes, en cuanto que implícitamente pretende fijar los precios de acuerdo con el coste de la unidad más desfavorecida que participe en el mercado, beneficia exclusivamente a las explotaciones de mayor dimensión y eficiencia -normalmente las grandes- que puedan aprovechar la renta diferencial que generaría la aplicación de una política de este tipo.

Una deficiente estructura de costes debe atacarse mediante medidas estructurales, que conduzcan a una mejora de la productividad y la eficiencia económica, nunca mediante una imposible política de precios. Lo contrario, además de demagógico, es migajas para hoy y hambre para mañana.

d) La política de precios de los productos regulados no puede establecerse al margen del nivel de recursos disponibles en un momento dado para financiar las intervenciones de sostenimiento de los distintos mercados agrarios, ni en ignorancia de los excedentes existentes de determinados productos.

En nuestro caso, ambos condicionantes -recursos para nueva financiación y volumen de excedentes-, que conjuntamente constituyen los costes de intervención en los distintos mercados agrarios, alcanzan un nivel que amenaza hacerlos prácticamente ingobernables. Pretender ignorar esta realidad es, igualmente, una falacia demagógica.

En definitiva, el objetivo estratégico fundamental de una política de producciones y mercados agrarios es lograr la adecuación entre la oferta y la demanda de estos productos. Respetando los principios anteriores, se ha diseñado una estrategia de precios regulados, cuyo eje lo constituye la quiebra del respeto, tan ancestral como indebido, a tres grandes ídolos agrarios: trigo, aceite y vino, a través de los cuales y de sus derivaciones -subordinación de la política de piensos y ganadera, y de alcoholes y grasas, a los productos anteriores- quedaba distorsionada cerca del 80% de la producción final agraria.

Las principales directrices que conforman esta estrategia son las siguientes:

a) Prioridad a los cereales pienso y leguminosas para pienso, sobre todo en el caso de la cebada. Esto se traducirá en elevaciones de precios significativamente superiores para estos productos -excepto en maíz- en relación con el trigo, hasta alcanzar a este último, en la óptica del silo perfecto.

b) Crecimiento reducido de los precios del vino, aceite de oliva y girasol, sobre todo de aquél, cuyos problemas van a tener su adecuado tratamiento a través de un enfoque estructural, y rediseño de la política de grasas y alcoholes.

c) Aumento moderado de los precios de los productos ganaderos, intentando compaginar una razonable retribución a los productores con la desincentivación de excedentes. El subsector ganadero ha demostrado durante los últimos años su flexibidad para absorber por la vía de la productividad -sobre todo en los caso aviar y porcino- los incrementos de precios habidos del lado de sus inputs.

d) Apuesta decidida por el algodón, en la idea de que es un cultivo con futuro económico y social Esto supone rediseñar la política de precios de algodón-remolacha-maíz a favor del primero, aunque la opción que se le ofrece no debe considerarse en ningún caso como un cheque en blanco.

e) Aumento moderado de los precios de la remolacha, en la línea de mantener un razonable auto abastecimiento, pero desincentivando la aparición de cualquier excedente.

Las OPA, en esta perspectiva

Los apuntes, inevitablemente breves, realizados en los apartados anteriores esbozan una política agraria y de precios regulados que es, aquí y ahora, la única posible, y así debe ser asumida por todos, Administración y sector privado.

Su realización, empero, va a exigir un notable esfuerzo de adaptación a todos los implicados. La Administración -no sólo el MAPA- ha de dotarse de una nueva sensibilidad para tratar con los agricultores. Esta nueva sensibilidad va a ser imprescindible para hacer frente al incremento de contactos que va a producirse con toda seguridad en un próximo futuro, y debe materializarse en la apertura de los frentes de diálogo precisos para dar salida razonable al necesario protagonismo de las OPA, desdramatizando la discusión sobre precios agrarios, que nunca volverá a producirse en los términos e instituciones habidos hasta ahora.

Pero es en los agricultores, especialmente en sus OPA, donde reside el principal factor de modernización y progreso, en el nuevo trato que se propone. Las OPA han de ser capaces de compatibilizar la crítica necesaria a las instituciones públicas -sobre todo al MAPA-, de presentarse con seguridad y competencia ante cualquier departamento ministerial -abandonando el tradicional útero protector del MAPA, en un acto decidido de mayoría de edad- y de afrontar con valentía y rigor a sus bases para explicarles qué resulta posible y qué deviene en utópico e irrealizable.

Ello implica abandonar toda actitud demagógica, irracional y egoísta, y sustituirla por la madurez y la corresponsabilidad.

Con este enfoque, las OPA acrecerán su influencia y protagonismo director en el tema agrario, aunque la inevitable adaptación conlleve el abandono de viejas muletillas, y la sustitución de aquellos dirigentes que se muestren insensibles al cambio necesario.

En el necesario protagonismo de unas OPA renovadas reside nuestra mayor esperanza en el futuro agrario de España.

Julián Arévalo Arias es presidente del FORPPA.