De Coria al Coto de Bornos

UNOS VECINOS del Coto de Bornos, alcaldía pedánea dependiente de Arcos de la Frontera, tuvieron el pasado sábado por la noche la ocurrencia de acoplar al repetidor de televisión una casete de vídeo, escandalizando a los habitantes de ese pueblo gaditano y del municipio cercano de Villamartín con la sustitución del programa de la segunda cadena por una película porno. A los celadores de las buenas costumbres les corresponde amonestar a los autores de esa broma -situada en los antípodas de los pudibundos criterios de programación aplicados, hace escasas semanas, por la emisora a legal de Coria- y plantearse también la inquietante cuestión de los conflictos que pudieran surgir entre la defensa de la televisión privada, el último grito de la moda en la derecha española, y la libertad de antena, cuya única frontera serían el Código Penal y el respeto a los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en especial "el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia". Tal vez, la emisión sin previo aviso de una película porno para un auditorio local podría ser perseguida en función de esas salvaguardias. Sin embargo, existe un amplísimo campo que la furia de los inquisidores suelen condenar como demoniaco (recordemos el caso de Padre padrone), pero que la mayoría de los ciudadanos juzgan de manera positiva o al menos moralmente neutral.La rigidez y cerrazón de buena parte del PSOE en lo que respecta a la televisión privada ha regalado, por así decirlo, la buena causa de la ruptura del monopolio esta tal de Prado del Rey a quienes tendrían serias dificultades para asumir hasta sus últimas consecuencias la lógica de la libertad de expresión en la pequeña pantalla. No es casualidad que la derecha española haya esperado tantos años para hacer esa reclamación y supiera convivir en paz y buena compañía con la televisión de Arias-Salgado, Fraga y Sánchez Bella. La enérgica defensa de la televisión privada realizada por los dirigentes de Alianza Popular no sólo se compadece mal con el historial de Manuel Fraga, el más firme adalid del monopolio televisivo mientras fue dueño del invento como ministro de Información, sino que muy bien podría estar sembrando las semillas del dragón para sus propios intereses. ¿Qué hubiera ocurrido, a efectos electorales, si los tres reportajes publicados por Cambio 16 sobre Eduardo Almirón, jefe de la seguridad de Alianza Popular, hubieran llegado a millones de espectadores a través de la televisión con la fuerza añadida de las imágenes gráficas? La idea de que la televisión privada tendría que ser necesariamente un cortijo de las ideologías conservadoras y de poderosos grupos de intereses no encaja con la reciente historia española de los medios de comunicación, tanto de la Prensa diaria o semanal como de las emisoras de radio. Al fin y al cabo, los periódicos, las revistas y los programas radiofónicos, sometidos a un régimen de libre competencia que les obliga a disputarse los lectores y los oyentes, se hallan en manos de profesionales de la información que se ven obligados a sintonizar con necesidades y deseos del público -la mitad del cual ha votado al PSOE en las últimas elecciones- para merecer su atención.

En ese contexto, el argumento de que las empresas privadas lanzadas a la aventura de la televisión privada se moverían fundamentalmente por el ánimo de lucro resulta incongruente con los temores a un secuestro sectario, partidista o intoxicador de la información y la opinión. Si una compañía desea ganar dinero, resulta difícil suponer que los costes de instalación y los gastos generales de funcionamiento de una televisión privada pudieran ser amortizados o sufragados mediante emisiones dedicadas a la propaganda política o al adoctrinamiento ideológico. Resulta así que los fichajes de locutores y presentadores de Radio Nacional -desde Luis del Olmo a Jesús Quintero- por la competencia privada han tenido como protagonistas a profesionales muy alejados, de la mentalidad derechista. ¿Por qué unas eventuales cadenas privadas de televisión tendrían que seguir diferentes criterios? De otro lado, así como la libertad de expresión está garantizada por el artículo 20 de la Constitución, también el artículo 38 de nuestra norma fundamental reconoce la libertad de empresa dentro de la economía de mercado, cuyo ejercicio debe ser garantizado y protegido por los poderes públicos. Ignoramos las razones por las que la admiración del Gobierno de Felipe González hacia los empresarios privados, a quienes ha sido confiada incluso la entera gestión de las empresas públicas, tiene que detenerse precisamente en los umbrales de la industria de la comunicación, bastante menos peligrosa, en cualquier caso, que la industria de armamentos o de explosivos.

Para mayor paradoja, el fantasma de las multinacionales, agitado por los defensores a ultranza del monopolio estatal para descalificar a los partidarios de la televisión privada, recorre triunfalmente la pequeña pantalla, tanto en los espacios dedicados a la publicidad como en la programación cinematográfica. La vida diaria de los españoles, desde que se levantan hasta que se acuestan, se halla pautada por el consumo de productos manufacturados por firmas extranjeras o con patentes foráneas y vigorosamente promocionadas por la publicidad televisiva. Porque, a diferencia de Radio Nacional, el servicio público de Prado del Rey está financiado en buena parte por la publicidad y sirve de vehículo para la persuasión abierta de mercancías de todo tipo. Por lo demás, la mayoría de los héroes y de los malvados que sirven de arquetipo a los espectadores proceden también de fábricas de sueños multinacionales. Ni que decir tiene que la respuesta a esa situación sería un retroceso en el túnel del tiempo o una estación preparatoria para una invasión cultural de signo inverso. Pero parece necesario advertir, ante tanta demagogia, que el monopolio estatal Televisión Española se nutre, en buena medida, de los mismos programas que ponen en antena las emisoras privadas norteamericanas, y que unas eventuales televisiones privadas españolas contratarían para su explotación.

Una sentencia pronunciada hace un año por el Tribunal Constitucional dictaminó que el establecimiento de la televisión privada, aunque no sea una derivación necesaria del artículo 20 de la Constitución, tampoco se halla impedida por nuestra norma fundamental. El alto órgano jurisdiccional también señaló que la gestión por empresas privadas de ese servicio público "requiere una decisión del legislador y un desarrollo legislativo", que necesitará como instrumento "una ley orgánica en la medida que afecte al desarrollo de los derechos constitucionalizados en el artículo 20", esto es, los referentes a la libertad de expresión, información y opinión. Las importantes e irremplazables tareas que la televisión pública -en manos del ente autónomo, de las comunidades autónomas o de los municipios- debería desempeñar (pero que ahora no cumple) recibirían una positiva ayuda de la competencia y la emulación de las televisiones privadas. Esa "decisión del legislador" que el Tribunal Constitucional aguarda en su sentencia es uno de los desafíos que la modernización de la sociedad española y la ampliación del techo de libertades lanzan a la imaginación, audacia y creatividad del Gobierno de Felipe González, condenado, de otra forma, a especializar a su ministro del Interior no sólo en registros domiciliarios sin mandamiento judicial, sino también en clausuras de emisoras locales de televisión. Unas emisoras, por lo demás, que han nacido de la inventiva de unos emprendedores vecinos y han sido instaladas con medios baratos y tecnológicamente rudimentarios.

Por lo demás la existencia de televisiones privadas, que podrían funcionar como elementos de competencia frente a las emisoras públicas, contribuirían a mejorar la calidad de las emisiones de RTVE y coberturas dignas y meritorias como las que realiza en estos momentos Televisión Española de la vuelta ciclista a España podrían ser moneda corriente en la programación del Ente público.