El caso Almirón y la libertad de expresión

Cinco DíasMañana saldrá nuevamente a la calle Cambio 16, y no se espera que Almirón, dimitido guardaespaldas de Fraga, pida por tercera vez. consecutiva el secuestro del semanario. Los dos secuestros anteriores han perjudicado a Fraga enormemente, ya que fueron solicitados con cobertura jurídica de Alianza Popular y en aplicación de una ley de Prensa elaborada por Fraga durante el franquismo. No es, pues, extraño que ahora el líder aliancista y las altas jerarquías de AP se distancien de este escándalo, tras dos semanas y media de contradicciones y silencios. Pero el ex policía argentino, al que se viene acusando de graves delitos cometidos en su país de origen desde que fuera detectado en España por el desaparecido semanario Cuadernos para el Diálogo, proyecta su sombra alargada más allá de su propia peripecia. El escándalo Almirán se proyecta sobre las elecciones municipales.Y ha salido ganando de este doble secuestro, paradójicamente, la libertad de expresión. Excepto en alguna provincia, en la que las autoridades judiciales han actuado con el máximo celo, Cambio 16 ha podido leerse en toda España. La complicidad de los quiosqueros se veía favorecida por un ambiente social nada propicio a la intolerancia. Y, al mismo tiempo, maduraba en el Gobierno la idea de derogar urgentemente la ley Fraga, por la que aún son posibles, y hasta probables, los secuestros. En algunos medios de comunicación se ha criticado estas dos últimas semanas, con la proverbial suavidad que viene utilizándose al hablar de la magistratura, al señor Jiménez Alfaro, titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, quien decidió la procedencia de los secuestros. Se ha dicho que el citado juez no tiene un perfil político especialmente democrático, lo que puede ser cierto, aunque debiera ser irrelevante.

Lo importante no es el talante de la judicatura, sino la munición legal que facilita a los jueces el poder legislativo. La ley Fraga, con espoleta retardada, es un arma peligrosa en una instancia poco adecuada a los tiempos, y por eso el Gobierno ha decidido derogarla. Sólo es necesario, antes, que el Código Penal regule con garantías suficientes la defensa ante la ofensa y la protección de la dignidad personal. Y luego, izas!, ningún Almirán podrá ahogar la voz de sus acusadores en la Prensa. Aunque luego la Prensa tenga que responder de su conducta ante los tribunales. Estamos, pues, en vísperas de gritar: "¡La ley Fraga ha muerto! ¡Viva la libertad!". Y todo, gracias al guardaespaldas Almirón.

, 21 de abril