Un suceso y una reflexión
Permitidme que empiece por contaros el suceso, no sé hasta qué punto grave o leve (y para reflexionar sobre él escribo este artículo), que acaba de acontecer hoy en nuestra casa de Fuenterrabía. Habíamos empezado a almorzar cuando han llamado a la puerta. Era la policía: un funcionario vestido de paisano, acompañado por varios con uniformes de la Policía Nacional, armados, claro está, con sendas metralletas. El funcionario ha exhibido su credencial y nos ha comunicado su propósito de entrar en la casa para proceder a un registro de este domicilio. Interrogado por nosotros sobre la posible existencia de un mandamiento judicial, con la idea de que la Constitución, que en verdad no conozco demasiado bien, ha de garantizar la inviolabilidad de los domicilios, de manera que solamente una fundada sospecha delictuosa -¡Dios mío! ¿Se dirá así: delictuosa?-, avalada por la autorización de un juez, habría de permitir el acceso de la policía a un domicilio cualquiera.La respuesta del funcionario ha sido aproximadamente así: "Ciertamente, ustedes tienen el derecho a no permitirnos la entrada, en cuyo caso, inmediatamente, procederíamos a volver con el mandamiento (1) en cuestión, y entonces realizaríamos un registro mucho más riguroso que el que ahora, si no mantienen esa exigencia, realizaremos". "Pasen, pasen", ha sido nuestra inmediata respuesta. A continuación han visitado las habitaciones, han tomado nota de nuestros nombres y de los de nuestros hijos y se han marchado. Hasta aquí el prometido relato de un suceso, el cual ha resultado tener un carácter colectivo. Hablando en la vecindad, hemos sabido que son muchísimas, si es que no todas, las casas de este pueblo que han sufrido visitas semejantes durante estos últimos días. Otros amigos, habitantes de otros pueblos de la provincia, nos han informado de que tal suceso ha afectado, con el mismo carácter colectivo y popular, en otras muchas localidades.
Mi reflexión, que es la que hace el artículo, pues de otro modo esto no sería sino la transmisión de una noticia, promueve algunas preguntas que creo interesantes, a partir de una primera consideración, quizá demasiado severa, según la cual se estaría produciendo en estos días en Euskadi una violación generalizada de la Constitución, no sólo por la razón de que ha de haber algún precepto en ella que garantice la inviolabilidad de los domicilios, sino también porque entre aquellos preceptos no puede dejar de haber alguno en el que se presuma la inocencia de los ciudadanos, en lugar de su culpabilidad, salvo quizá en el caso de la existencia de indicios clamorosos, por así decirlo, de que en una casa se está procediendo a la comisión de un delito. En este caso preciso se trataría de una presunción de culpabilidad de una gran masa de ciudadanos, quizá de todo un pueblo -y ya no me refiero ahora al pueblo de Hondarribia/Fuenterrabía, sino al pueblo vasco en general-, con lo que estaríamos en los umbrales de situaciones como las que en otros tiempos, y aun en éstos, han abocado a episodios históricos de los que luego se estudian bajo terribles epígrafes, como genocidio y otros quizá no tan espeluznantes.
También es posible llamar la atención sobre algún detalle puntual (como ahora suele decirse en la jerga de los políticos y de los sindicalistas) de nuestra involuntaria entrevista con las fuerzas del orden. ¿No hay, digo yo, una puntica de coacción en las palabras de un policía que parece vender una visita cómoda a cambio de la renuncia al ejercicio de un derecho, reflejado convenientemente (y estoy seguro de que sí lo está) en la Constitución? Y caso de ser así, ¿encierra alguna gravedad una situación así? Se podría pensar, desde luego, en algo grave, a la vista de la importancia social o, si se quiere, del alcance colectivo de este suceso, que, por cierto, viene precedido por otros semejantes, pues me cuentan que ya se produjo otra oleada análoga con ocasión del secuestro de otro empresario, ocurrido, según creo recordar, cuando ya habían accedido al poder -si es que alguna vez han accedido a tan elevada instancia- los socialistas, entre quienes hay, estoy seguro, gentes de excelentísima intención y de muy valiosas y honestas cualidades.
No se trata, por mi parte" de alcanzar al PSOE con críticas o diatribas más o menos instintivas o, menos aún, caprichosas. Pienso mis palabras -y me pienso a mí mismo pensando mis palabras-, siempre que escribo, y también, naturalmente, las pocas veces que lo hago sobre temas políticos.
Cuando este diario publicó mi último artículo, que titulé -e hice- Con muchísimo respeto, no dejé de recibir alguna estúpida patadita, desde la mala fe de quienes toman sus distancias con relación a la zona peligrosa (la del pensamiento sin compromisos bastardos de ninguna índole) en que uno se mueve. Cocear a una persona inerme, como es y ha sido siempre uno, es un deporte fácil, que no dice mucho a favor de quienes, más o menos desvergonzadamente, lo practican, unas veces desde la barbarie de la especialización y, otras, desde la no menor barbarie del diletantismo. El pensamiento se mueve fuera de esas barbaries.
Contribuir al cese de la barbarie -que no al de la lucha, entiéndase bien- mueve desde siempre mi trabajo y también, claro está, hoy, cuando he contado este suceso, que a mí no me parece insignificante.
1. ¿Es así el asunto? ¿Algún juez ha firmado mandamiento urbi et orbe, en los cuales no hay más que escribir el nombre de quien reclame el respeto a sus derechos constitucionales?
