El IRYDA desmiente la expropiación de cuatro fincas en la localidad cordobesa de Palma del Río

"El Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) no ha expropiado ninguna finca en Palma del Río (Córdoba) y hasta ahora sólo se han iniciado las diligencias previas que podrían desembocar en la expropiación por causas de interés social", manifestó ayer Francisco Botella, presidente del citado organismo. La causa de interés social sería el índice de paro que se registra en la localidad. Por su parte, Alonso Moreno de Silva, gerente de una de las fincas, manifestó que "se está confundiendo paro rural con paro agrícola" y que el sector agrario emplea más cuota de la que le corresponde.

Francisco Botella, presidente del Iryda, desmintió ayer oficialmente que se hayan expropiado cuatro fincas situadas en el término municipal de Palma del Río. En su primeras manifestaciones públicas sobre el tema, señaló que el Iryda no ha expropiado ninguna finca en Palma del Río (Córdoba) y sólo se han iniciado las diligencias previas que podrían desembocar en la expropiación por causas de interés social". Por otro lado, fuentes del Ministerio de Agricultura han señalado que esta actividad forma parte de las actuaciones normales del Iryda.Según el artículo 241 del texto refundido de la ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973, "cuando, para la resolución de un problema social de carácter no circunstancial, se estime necesaria la expropiación de una finca rústica o de una parte de la misma, el Instituto podrá llevarla a cabo con la debida indemnización en dinero de curso legal y previa la declaración de interés social, todo ello con arreglo a los preceptos del presente título".

Según el texto legal, la citada declaración se hará en cada caso y para cada finca por medio de decreto acordado en Consejo de Ministros y "serán diligencias previas para obtener dicha declaración las siguientes: que el Instituto informe sobre la existencia y transcendencia del problema social en la localidad de que se trate, así como la forma más viable y adecuada para la solución -total o parcial del mismo, proponiendo la expropiación de la finca o parte de ella más conveniente a tal fin, siempre que ésta sea susceptible de una parcelación técnica y económicamente conveniente". Asimismo, será necesario que se haya anunciado la expropiación que se pretende en el Boletín Oficial de la Provincia y se concederá una plazo de treinta días para que el propietario pueda hacer las alegaciones oportunas.

Una larga historia

Basándose en este texto legal y debido al paro existente en Palma del Río, el Iryda realizó en 1979 un informe sobre cinco fincas situadas en este término municipal. Éstas eran El Cortijo Guzmán, de 971 hectáreas, propiedad de Nina Moreno; La Berduga, de 851 hectáreas, perteneciente a la razón social Berduga, SA, de la que es gerente Alonso Moreno; El Cojoscal, de 968 hectáreras, propiedad de Javier Moreno; Somontes, de 632 hectáreas, propiedad de José Manuel Gamero Cívico, y La Saetilla, entonces propiedad de Manuel Benítez El Cordobés.En este informe de carácter interno ya se aconsejaba la declaración de expropiación por causa de interés social, debido al paro. En aquel año existían en Palma del Río una media de 670 desempleados con carácter permanente y era necesdario crear 700 puestos de trabajo mediante la puesta en regadío de parte de estas fincas y un cambio en la orientación productiva de la mismas. La orientación productiva que entonces. se proponía era el fomento del algodón, remolacha, maíz, huerta y olivar. Hasta esa fecha se cultivaba el algodón, trigo, sorgo, girasol, cebada y remolacha.

Con la llegada de los socialistas al poder se ordenó la revisión de éste y de otros informes simílares, trabajos que todavía prosiguen, según fuentes solventes. En ellos no se ha incluido la finca La Saetilla, que ya no pertenece a El Cordobés, más que en una pequeña parte y que ha sido puesta en regadío. Por esta razón, los empleos directos que se podrían crear ahora serían 500. Actualmente existen unos 700 parados, aunque esta cifra se eleva en los meses de abril y agosto y desciende en la vendimia y en la época de la recogida del algodón.

El último precedente de expropiación de fincas en base a la ley de Reforma y Desarrollo Agrario se registró en 1980, cuando se expropió la finca de Santillán, situada en tres términos municipales de la provincia de Málaga, de 530 hectáreas, propiedad de Catalina Campos Campos.

Somos profesionales

Por su parte, Alonso Moreno de Silva, gerente del Berdugo, SA, empresa que explota la finca de este mismo nombre, ha manifestado que en la Administración "están confundiendo paro rural con paro agrícola, ya que en el sector agrario empleamos la cuota de poblacíón activa que nos corresponde, más un 15% o 20%. Si consideramos que la media del sector primario es del 20%, en esta zona empleamos el 35%, mientras que en los servicios y la industria no son capaces de retirar la cuota que les corresponde".También indicó que los propietarios son profesionales y que las fincas no están infrautilizadas, "yo estoy aquí cumpliendo un servicio y no creo que nos merezcamos que nos traten como si no fuéramos profesionales". También indicó que el anuncio de expropiación les ha ocasionado en su finca la pérdida de un contrato de exportación al Reino Unido de seis millones de kilos de lechuga. Esta operación con una importante cadena de supermercados debía haberse cerrado el pasado sábado; sin embargo, los representantes británicos se negaron a realizarla "al no confiar en nuestra capacidad por las noticias que se habían producido".

Finalmente manifestó que las fincas se pueden poner en regadío, como pretenden en el Iryda, pero el principal problema es que no hay agua para regar. Según sus datos, la facturación de esta finca, en 1970, valorada en pesetas constantes de 1982 fue de 23, millones de pesetas, mientras que la facturación del pasado año ascendió a 119,3 millones.

La Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (CNAG), rama agraria de la CEOE y organización que tuvo su origen en la tinión de los grandes propietarios andaluces, aunque posteriormente se han incorporado a ella bastantes pequeños y medianos agricultores y ganaderos, ha solicitado una entrevista urgente con el presidente del Iryda y pedirán explicaciones de cómo se ha producido el paso de la expresión "diligencias previas" al término "expropiación", con el que fue conocida la noticia. Miguel Ramírez, secretario general de esta organización, ha señalado que estas actuaciones están provocando un clima de inseguridad en todo el campo español.

El comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) acordó ayer, en Málaga, solicitar una entrevista con el presidente del Gobierno, Felipe González, para exponerle la situación de inquietud creada entre el empresariado andaluz a raíz del anuncio de expropiación de las cuatro fincas en Palma del Río, informa José Antonio Frías.

A la reunión, que se desarrolló en un ambiente de gran confusión, asistieron dirigentes de la Federación de Agricultores y Ganaderos de Andalucía, de la Confederación de Empresarios de Córdoba y de la Asociación Cordobesa de Empresarios Agropecuarios. La inquietud y la inseguridad de los empresarios agrícolas de la región está motivada, según un comunicado difundido al final de la reunión, "por el rumor de la posibilidad de una política generalizada de nacionalizaciones".

En la entrevista solicitada con Felipe González, la patronal andaluza pretende recabar información sobre la política agraria del Gobierno socialista. El comité ejecutivo de la CEA ha informado de la situación a la CEOE y a CEPYME y ha hecho público un escueto pronunciamiento en defensa de la economía de mercado. Los dirigentes empresariales andaluces se mostraron al final de la reunión bastante más comedidos que al inicio de la misma, cambio de actitud que evidenciaron en el comunicado difundido, cuya redacción dista mucho de la dureza previa manifestada espontáneamente por el presidente de la CEA, Manuel Martín Almendros.

Por su parte, la Junta de Andalucía, sí bien no ha criticado la medida en sí, ha mostrado su extrañeza y su malestar por la decisión del Gobierno central al no haber comunicado nada al Gobierno autónomo, que ya tiene, competencias en cuanto a expropiaciones por razón de interés social.

El Gobierno andaluz no ha tenido conocimiento oficial del anuncio de expropiación de las cuatro fincas cordobesas, sino a través de los medios de comunicación que, a su vez, han sido informados por un télex de la delegación del Gobierno en Andalucía.

El Gobierno andaluz, según unas declaraciones del consejero de Agricultura, pedirá explicaciones al ministro de Agricultura por esta falta de información.