Los crímenes de Estado

EL RECIENTE informe de Amnistía Internacional sobre homicidios políticos perpetrados por gobiernos es un espeluznante descenso a los inflemos de los crímenes de Estado, la demencia del poder y la crueldad humana. Amnistía Internacional, que obtuvo hace dos años el Premio Nóbel de la Paz, suele ser calumniosamente des calificada por las dictaduras y los regímenes autoritarios, tanto del Este como de Occidente, con el argumento de que sirve a los intereses políticos de sus adversarios. Acusada por el bloque soviético de cumplir instrucciones de la CIA y por las tiranías integradas en el bloque occidental de ser una pieza, propagandista del KGB, su trayectoria en defensa de los derechos humanos ha convertido a esta organización en el objeto del odio de todos los gobernantes que conculcan las libertades y esgrimen la razón de Estado como coartada para crímenes repulsivos. El documento a que hacemos referencia aporta tremendos testimonios sobre un conjunto de países -Guatemala, Campuchea, Indonesia, Uganda, Argentina y Libia, entre otros- unidos tan sólo por la barbarie de sus gobiernos y diferenciados tanto por su alineamiento internacional como por la ideología con la que el poder disfraza sus crímenes. El informe demuestra que, a lo largo de los últimos diez años, "cientos de miles de personas han sido muertas por las autoridades de sus países". Estos homicidios políticos son perpetrados por fuerzas armadas y policiales regulares, por unidades especiales, por escuadrones de la muerte al servicio de los gobiernos o por asesinos a sueldo. Tales crímenes tienen lugar en diversas partes del mundo y en países de ideología en extremo diversa. Van desde los asesinatos individuales hasta las matanzas colectivas y toman como blanco a los movimientos políticos de oposición y a los grupos étnicos o religiosos. Las víctimas, individuos o familias enteras, provienen de todas las clases y sectores sociales y tienen una amplia gama de convicciones políticas y creencias. "Han perdido- la vida políticos profesionales, funcionarios gubernamentales, jueces, abogados, oficiales militares, sindicalistas, maestros, estudiantes, escolares, religiosos y campesinos". En ocasiones se ha asesinado públicamente a figuras políticas ampliamente conocidas; en otras, han sido borradas del mapa aldeas enteras. Los ejemplos documentalmente probados en el informe hieren la sensibilidad de cualquier conciencia que no esté encallecida por el ejercicio del poder, la complicidad con los crímenes o la paranoia ideológica del enfrentamiento entre los dos bloques. En Guatemala han sido asesinados, desde 1966, miles de hombres y mujeres por instrucciones de las autoridades estatales. Durante los ocho años de la tiranía de Idi Amin, entre cien mil y quinientos mil ugandeses perdieron la vida por órdenes del gobierno. A partir de octubre de 1979, El Salvador ha sido escenario de miles de asesinatos políticos amparados por el Estado. Hay constancia, cuando menos, de 6.000 desaparecidos por la dictadura argentina. Las ejecuciones oficiales en Irán han estado acompañadas de crímenes nunca declarados. Hay fundadas sospechas de que los gobiernos de Libia y Yugoslavia son responsables del asesinato de disidentes que vivían fuera de sus fronteras. Entre octubre de 1965 y junio de 1966, 500.000 personas fueron asesinadas en Indonesia por orden del gobierno. En Campuchea, el régimen del Jmer Rojo dio muerte, entre 1975 y 1979, a mas de trescientas mil personas. Afganistán, Chad, Namibia, Bolivia, Etiopía, Colombia, Chile, Iraq, Filipinas, India, Corea del Sur, Siria, Burundi, el Imperio Centroafricano de Bokassa y la Guinea Ecuatorial de Macías tienen también el triste honor de aparecer en las páginas, teñidas de sangre, del informe de Amnistía Internacional, que recoge igualmente la matanza por tropas israelíes de cientos de civiles palestinos y libanes en los campos de Chatila y Sabra.

Pero el horror no se agota en estas denuncias. Amnistía Internacional advierte que su informe "no abarca a todos los países en que los gobiernos han cometido homicidios o matanzas por motivos políticos" y que el estudio "no es en ningún sentido exhaustivo". Si la reflexión es válida para el inmediato pasado y para el presente, resulta necesario recordar que ningún rincón del mundo está libre de la amenaza potencial que encierra la dinámica de todo poder incontrolado. Theo van Bowen, exdirector de la División de Derechos Humanos de la ONU, subraya, en el prólogo a esta impresionante requisitoria de Amnistía Internacional, que los homicidios cometidos desde el poder son "crímenes contra la humanidad y se les debe someter a jurisdicción universal". La circunstancia de que "grupos de oposición estén cometiendo actos similarmente aborrecibles" no puede esgrimirse como coartada del terrorismo de Estado.