Un informe parlamentario pide construir cárceles en Gerona y Figueres

La necesidad de construir nuevos centros penitenciarios en Gerona y Figueres es la principal conclusión del informe elaborado por los parlamentarios socialistas Lluís Maria de Puig, Joan Manuel del Pozo y Francesc Ferrer que será presentado al Gobierno esta semana. Una ponencia especial del Senado estudiará la situación que viven los reclusos de la cárcel de Gerona, calificada en el informe, como de "extraordinaria dureza y superpoblacíón aberrante".Proyectada inicialmente para albergar a sesenta reclusos, la cárcel de Geróna constituye una de los centros penitenciarios en peores condiciones del país, según se desprende del informe parlamentario. Los 130 reclusos que habitualmente están internados en este centro -censo que en los meses veraniegos asciende hasta los 160- viven amontonados en una situación que los autores del documento, al que ha tenido acceso este periódico, describen como superpoblación aberrante".

Tras significar que no tiene las condiciones sanitarias e higiénicas minimas, que la asistencia médica es precaria, que no cuenta con cámaras para visitas vis-a-vis, que falta espacio para los talleres y que la escuela no cumple las funciones deseadas, el apartado referido al centro de penitenciario de Gerona concluye afirmando que los reclusos se quejan del trato de los funcionarios. "Parece evidente que la dirección con su actitud no favorece el diálogo", dice textualmente el informe.

Sobre la prisión de Figueres, el documento señala como puntos críticos el escaso presupuesto para reparaciones, un régimen alimentario por debajo de los límites aceptables y unos deficientes servicios de sanidad. Finalmente destaca la necesidad de construir un nuevo centro. El edificio actual constituye una pieza arquitectónica importante que a ser utilizado como equipamiento público al servicio de la ciudad.

El informe recoge en uno de sus apartados las denuncias que los reclusos han expresado durante las visitas de los parlamentarios socialistas a los centros, en una de cuyas visitas fueron acompañados por el senador Rogelio Borrás, presidente de la Comisión de Peticiones del Senado. Los internos afirman que "son objeto de malos tratos en el momento de la detención; que no disponen de asistencia letrada durante los interrogatorios, que en los juicios cuentan más las declaraciones efectuadas ante la policía, que en muchos casos han sido realizadas bajo coacción".