Los beneficios de la Caja de Cataluña crecieron un 57% en el último ejercicio

A 2.666 millones de pesetas se elevaron los beneficios de la Caja de Ahorros de Cataluña en 1982, lo que representaba un 1,5% del saldo medio ponderado de los depósitos de clientes y suponía un aumento porcentual del 57% respecto al año anterior. La característica principal del ejercicio fue que esta alta rentabilidad se consiguió con un crecimiento sólo moderado del pasivo, que se situó en 200.718 millones de pesetas, un 16,5% superior al de 1981, según manifestaron sus directivos en la presentación de los resultados de la entidad, tercera del sector en Cataluña y séptima en España.

La prudencia con que operó la Caja en 1982, primando la rentabilidad sobre el crecimiento es una consecuencia de la continuidad en los criterios de su gestión. Esta continuidad en la gestión es un aspecto tanto más destacable cuanto que el nombramiento del nuevo Consejo de Administración, el 4 de junio del año pasado, había venido precedido de una campaña de crítica pública.El hecho de que, en aplicación del decreto Fuentes de agosto de 1977, se nombrase un consejo con miembros próximos a los partidos socialista y comunista -dado que la Diputación de Barcelona, organismo tutelar de la entidad, tiene esa mayoría- provocó en aquella ocasión las iras de algunos comentaristas. Incluso el entonces conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat, Ramon Trias Fargas, advirtió públicamente sobre los "peligros de politización" de las Cajas.

El presidente de la Caja de Cataluña y catedrático de Hacienda, Josep Lluís Sureda, dijo al respecto que "ni en una sola ocasión el consejo ha decidido en contra de los criterios de los servicios técnicos y de la dirección general. En todo caso", precisé, "si algún cambio se ha notado es que hemos solicitado mucha más información que nuestros predecesores". El director general, Joan Bilbao, ratificó estas palabras y certificó la libertad "de los técnicos" para emitir sus informes. "Se ha seguido la política de examinar técnicamente las operaciones", sentenció.

Los objetivos seguidos por la entidad han sido tres: la solvencia y sanidad financiera, la moderación en los tipos de interés activos y pasivos y la estricta territorialidad.

Recursos e inversiones

El objetivo solvencia se ha aplicado persiguiendo un crecimiento que no aumentase el coste del pasivo, que se situó en un 6,13% como promedio. Los depósitos aumentaron hasta 200.718 millones de pesetas, un 16,5%, "lo que supone un crecimiento superior al de la inflación, y aunque menor que el de otras Cajas es satisfactorio, porque no queremos entrar en carreras por el ranking", apostilló Josep Lluís Sureda. Este incremento registró algunas variaciones sobre años anteriores. Así, aparte de la captación a través del nuevo sistema de cédulas hipotecarias los depósitos de los clientes privados (un 96,2% del pasivo total) se orientaron más hacia las cuentas de ahorro (que pasaron del 13,4% al 15,3% del saldo total de acreedores), de retribución inferior, en detrimento de las cuentas de ahorro (que perdieron 3,8 puntos) y de los depósitos a plazo, cuya participación porcentual descendió 0,8 puntos.

Las inversiones crediticias crecieron un 18,4%, alcanzando los 109.314 millones de pesetas. Los préstamos al sector comercial y corporaciones públicas se incrementaron y descendieron levemente los créditos a la vivienda, que superaron el 57% del total de la inversión.

Los ingresos totales ascendieron a 23.200 millones de pesetas, lo que supuso un crecimiento del 30% respecto a 1981. Los costos financieros aumentaron un 32,9% y los gastos de administración, un 16,2%, con lo que tras los aprovisionamientos fiscales y le insolvencias, los resultados netos fueron 2.666 millones de pesetas.