Familiares de otro preso del PCEr encuentran un micrófono-emisor oculto en su domicilio
La Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos (AFAPP), que agrupa a gran número de familiares de presos del Partido Comunista de España Reconstituido (PCEr) y de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), denunciará al defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, la violación de los domicilios de varios de sus miembros, después de encontrarse en esta semana otro micrófono-emisor en la vivienda de los padres de Isabel Santamaría del Pino, actualmente presa en la cárcel de Yeserías. Josefina García, madre de otro preso del PCEr, había denunciado también (véase EL PAÍS del 15 de marzo) el hallazgo de un aparato de escucha oculto en su domicilio. Los padres de Isabel Santamaría creen que la policía les detuvo en septiembre de 1980 sólo para aprovechar las 72 horas de retención y colocar el micrófono.
Miembros de la AFAPP manifestaron su indignación ante la persecución policial de que son objeto y manifestaron que "es fácil explicarse ahora las indiscriminadas detenciones que hemos sufrido, y nos parece intolerable que tengamos la impresión de vivir en libertad vigilada".Pedro Santamaría y Candelas del Pino descubrieron el micrófono en su domicilio, en el número 34 de la calle del Tercio, pero no se habían atrevido a denunciarlo a la opinión pública. El aparato estaba colocado en el cuarto de estar. Sus anónimos instaladores abrieron un pequeño agujero en la pared, por el que habían pasado un segundo micrófono al dormitorio del matrimonio. Al aparato, que funciona conectado a la red eléctrica, tuvieron que unir un pequeño transformador porque la vivienda de la familia Santamaría dispone de una instalación de 125 voltios. El descubrimiento se efectuó, al igual que en el caso de Josefina García, por medio de un receptor de radio. En numerosas ocasiones habían escuchado en un lugar no muy alejado de la vivienda la conversación de alguien de la familia, en la frecuencia modulada de una radio.
Detenciones indiscriminadas
Isabel Santamaría, de veinticinco años de edad, ha sido detenida en varias ocasiones y puesta en libertad sin cargos. En la actualidad cumple en la prisión de Yeserías condena de cuatro años por propaganda ilegal.
Desde la primera detención, su familia ha sufrido también arrestos policiales. Los padres han sido detenidos en cuatro ocasiones y puestos en libertad, siempre sin cargo alguno. José Santamaría, hermano de Isabel, ha sido detenido "alrededor de quince veces, ni lo recuerdo", dice. La primera detención de los padres de Isabel fue nada más conocerse la noticia de la fuga de cinco grapos de la cárcel de Zamora, en diciembre de 1979. Los familiares y amigos de presos del PCEr y de los GRAPO sufrieron entonces numerosas detenciones.
La AFAPP ha denunciado, de forma reiterada, a la opinión pública estas indiscriminadas detenciones y ahora, después de descubrirse en esta semana dos micrófonos en viviendas de familiares de presos, piensa denunciar el hecho a las autoridades judiciales y llevar el asunto al defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez. El abogado Gerardo Martín ha sido encargado del caso y piensa presentar una querella criminal contra los responsables de la colocación ilegal de los aparatos de escucha.
"Situación indignante"
"Esta situación es indignante", dice Josefina García, la otra persona que encontró un micrófono en su domicilio, "y creemos que hay más aparatos en las viviendas de otros familiares de presos, aunque todavía no los han descubierto". Los micrófonos se detectan con facilidad. Son sistemas primitivos que funcionan conectados a la red eléctrica, lo que permite rastrear la instalación. Las conversaciones que recogen pueden oírse en la frecuencia de modulada de un receptor doméstico de radio próximo.
Las dos familias que han descubierto hasta el momento los sistemas de escucha consideran que estas instalaciones violan el artículo 17 de la Constitución que, en sus párrafos 1 y 2, garantiza "el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen" y añade: "El domicilio es inviolable. Ninguna investigación domiciliaria podrá realizarse sin mandamiento judicial, salvo en caso de flagrante delito o con consentimiento de su titular".
Candelas del Pino y Pedro Santamaría creen que en estos casos la policía "ha actuado con impunidad; parece que estamos", añaden, "en una libertad vigilada; cada vez que ocurre algo con los GRAPO o el PCEr nos detienen, por lo general de noche, y no sólo a nosotros, sino a muchas otras personas, y nos dejan en libertad sin cargo alguno a las 72 horas".
