Las difíciles alternativas del empleo comunitario
El ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, anuncia su sustitución para el 1 de enero de 1984
Distintos Gobiernos han intentado sin éxito buscar una alternativa al actual sistema de empleo comunitario. Ninguno hasta ahora ha logrado encontrar una fórmula idónea para acabar con lo que los mismos líderes campesinos han calificado de sistema para fomentar vagos y maleantes. Desde presupuestos distintos, los sucesivos Ejecutivos de UCD y el actual Gabinete del PSOE han anunciado, en algún momento de su mandato, la desaparición del empleo comunitario; el envío periódico de fondos públicos que aplaquen, aunque sea momentáneamente, la cólera de los jornaleros. Pero hasta ahora nadie ha podido resistir la tentación del camino más fácil: incrementar periódicamente la dotación presupuestaria. Joaquín Almunia, ministro de Trabajo y Seguridad Social, afirma que el 1 de enero de 1984 ya no habrá empleo comunitario.
Al filo de las cinco de una tarde de febrero de 1982, en un conocido restaurante madrileño, el recientemente nombrado ministro de Trabajo, Santiago Rodríguez Miranda, anunciaba la inmediata desaparición del empleo comunitario. Según señalaba en aquella ocasión Rodríguez Miranda, "se trataba de evitar el descontrol y el caos que se viene produciendo y conseguir un riguroso control de los fondos". Para ello proponía un sistema basado fundamentalmente en la articulación de ayudas económicas a los empresarios agrícolas para que se fomentase la creación de puestos de trabajo y en el establecimiento de medidas generadoras de empleo por parte de la propia Administración en las mismas áreas en las que venían interviniendo las corporaciones locales. Los fondos del empleo serían controlados por gestores públicos, y, como complemento de lo anterior, la Administración se comprometía a presentar tantas ofertas de trabajo público como demandas existan en cada localidad. Los costes del plan no fueron evaluados en aquel momento porque aún es taba en vías de elaboración. Al margen de la viabilidad de las medidas, el anuncio de su puesta en práctica despedía un extraño tufo electoralista. Las palabras del entonces ministro se producían en vísperas de las elecciones andaluzas.
Pacificar desde la dictadura
El empleo comunitario, o el comunitario, se remonta a la dictadura de Primo de Rivera. Creado como elemento de pacificación de las agitaciones campesinas y circunscrito fundamentalmente a la zona andaluza, a lo largo de su historia ha mantenido prácticamente los principios que lo inspiraron. El sistema ha sido fuertemente criticado desde su implantación, aumentando su virulencia en los últimos años.
El envío periódico de los fondos no resultaba suficiente para paliar en su totalidad no ya la situación de paro del campo andaluz, sino ni siquiera para cumplir el objetivo de colchón social que siempre ha tenido. La escasez de fondos ha provocado las movilizaciones de los jornaleros, que pasaron de exigir el incremento de los fondos a pedir un nuevo sistema que resolviera el problema del paro. Sin embargo, el empleo comunitario no perdió por ello su carácter limosnero. Y todas las reivindicaciones -huelgas de hambre, encierros, marchas- eran acalladas mediante el envío de nuevas cantidades. Cuantos intentos se produjeron para encontrar nuevos sistemas que dieran satisfacción a las demandas de los jornaleros se han ido saldando con el más absoluto de los fracasos.
Los propios líderes jornaleros han terminado denunciando la picaresca y el fraude que el actual sistema propiciaba. Frente a situaciones realmente angustiosas se detectaban otras difícilmente justificables. Al empleo comunitario -dependiente, en definitiva, de los alcaldes de cada pueblo- se apuntaba desde el jornalero en paro hasta el pequeño propietario que disponía de recursos suficientes para su subsistencia.
Agravio comparativo
Por otro lado, el sistema en vigor producía un agravio comparativo no sólo entre las regiones que no recibían fondos, sino entre las mismas acogidas al empleo comunitario. Las cantidades remitidas a cada provincia no dependían del nivel de paro de cada una, sino de criterios subjetivos, entre los que influía especialmente el grado de conflictividad registrado.
Según datos oficiales, las cantidades destinadas al empleo comunitario han sufrido continuos incrementos. En 1980 se enviaron 13.748 millones de pesetas, de los que 9.812 millones tuvieron como destino Andalucía, 2.512 millones se enviaron a Extremadura y el resto a otras regiones del territorio español;. en 1981 fueron más de 20.000 millones -16.200 para Andalucía y 3.700 para Extremadura-, y en 1982 se enviaron 24.256 millones -cerca de 20.000 a Andalucía y 4.400 a Extremadura-.
Para 1983 están presupuestados alrededor de 30.000 millones de pesetas. De ellos se habían distribuido ya, a 15 de marzo de 1983, unos 8.000 millones de pesetas. La rentabilidad de estos fondos es difícilmente demostrable, según la opinión de los expertos.
Como primer elemento para clarificar cuáles eran las verdaderas necesidades del campo, el último Gobierno de UCD -de acuerdo con patronales y sindicatos- se propuso la elaboración de un censo agrario que permitiera establecer el número de jornaleros existentes. La cuantificación de las necesidades -elemento de obvia necesidad para determinar al menos el envío de los fondos- no se había hecho hasta entonces. El sistema empleado era requerir a cada corporación para que dijera cuál era la situación de cada pueblo.
El censo, una vez finalizado (a finales de 1982), hubo de sufrir un largo proceso de depuración y fue boicoteado incluso por algunos de los propios interesados. Por otra parte, las mismas organizaciones que lo habían exigido cuestionaron inmediatamente la validez de los datos, aportados. Nunca llegó a hacerse público su contenido y duerme actualmente el sueño de los justos. La nueva Administración niega que tenga validez alguna.
Prácticamente un año después de que Rodríguez Miranda afirmara que se iba a producir la desaparición del sistema de empleo comunitario, y con un Gobierno socialista en el poder, se produce nuevamente la misma afirmación. En esta ocasión, tras haberse producido un fuerte movimiento de jornaleros en demanda de la sustitución del actual sistema, que, como el ministro de Trabajo se apresuró a puntualizar, han resultado coincidentes y, en ningún caso, causantes de la nueva propuesta.
De hecho, el programa electoral del PSOE ponía especial énfasis en la reforma del empleo comunitario, y, previamente a las movilizaciones, se habían venido celebrando contactos entre las partes interesadas de cara a la citada reforma.
El nuevo plan esbozado por Joaquín Almunia tiene una fecha concreta para su puesta en práctica: el 1 de enero de 1984. Lo que resta de 1983 será cubierto por el sistema actual, si bien se han introducido una serie de medidas encaminadas fundamentalmente a lograr un mayor rigor y efectividad en la utilización de los fondos. Administración, sindicatos, palronales y juntas autonómicas comenzarán a finales de este mes a discutirla propuesta de Trabajo.
El 'plan Almunia'
El plan Almunia, que sustituirá al empleo comunitario, se basa también en dos tipos de actuaciones. Por un lado, se creará un fondo rural de empleo, integrado en un programa público de contratación temporal, cuyo objetivo será
Las difíciles alternativas del empleo comunitario
la realización de obras comunitarias, sociales e infraestructurales que empleen a trabajadores desempleados del campo.Lógicamente, los proyectos que se presenten -salvo los correspondientes a organismos estrictamente agrarios- en su mayoría corresponderán a obras, que precisarán mano de obra del sector construcción. Ello supone el pase de los jornaleros de un sector a otro. Joaquín Almunia justificaba la medida, días pasados, señalando que "no podemos pretender crear puestos de trabajo donde no los hay. El campo no es capaz de absorber su propio paro y es necesario su reciclaje hacia otros sectores.
Dentro del plan se contempla este problema y su resolución fomentando la formación de los trabajadores para acoplarles a sus nuevas tareas. Lo que sí podrá darse será el traslado geográfico de mano de obra, que siempre habrá de ser cubierta por trabajadores en paro agrario reclutados en las oficinas de empleo. Con ello, el control ejercido por los ayuntamientos y los gobiernos civiles resulta innecesario y los parados han de encontrarse inscritos en las correspondientes oficinas.
Sin embargo, la propuesta plantea un segundo problema. Tal como se presenta, el plan puede chocar con los intereses de parados de otros sectores, que se verían relegados frente a los desempleados agrarios.
Las propias empresas que acudieran a la licitación de este tipo de obras se verían obligadas a cubrir las vacantes de plantilla de obra con parados agrarios y no con los de su propio sector si quieren acceder a la realización de los proyectos.
Seguro de empleo para eventuales
La segunda medida se basa en la creación de un seguro de desempleo para los eventuales del campo, que hasta el momento carecen de esta cobertura. Ambas actuaciones garantizarían que ningún jornalero se encontraría desamparado y su situación sería al menos como la de otros trabajadores de otros sectores. Incluso, afinando al máximo, mejor. Ningún trabajador tiene garantizado el trabajo o el subsidio.
Pero tampoco en esta ocasión se ha evaluado el coste de la operación, que puede resultar, según fuentes consultadas, bastante considerable. El esbozo de plan, apuntado por Almunia, habrá de ser discutido y negociado con las organizaciones sindicales y patronales, que, por otra parte, coinciden en la necesidad de sustituir el sistema actual.
