El fomento de la contratación temporal en el sector público y en el privado, clave de la política de empleo del Gobierno

El fomento de la contratación temporal, tanto en el sector privado como en el público, se contempla por parte del Gobierno como una de las claves de su política de empleo, que fue presentada ayer por el ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, a través de un amplio informe a la correspondiente comisión del Senado. La contratación temporal se considera como un recurso a utilizar en tanto persistan las circunstancias coyunturales actuales, sometida a controles para evitar fraudes, y con límites que permitan la conversión de dichos contratos en ordinarios e indefinidos.

Es objetivo del Gobierno apoyar el empleo cooperativo y autónomo, establecer en los Presupuestos Generales del Estado dotaciones específicas para la creación de empleos temporales en la Administración e introducir el sistema de contratos de relevo mediante los cuales se cubrirán las vacantes producidas por jubilaciones anticipadas con jóvenes contratados a tiempo parcial. El programa expuesto por Almunia desarrolla la política esbozada por Felipe González en su conferencia de prensa de balance de los cien días de Gobierno.Almunia precisó que la política de empleo que va a desarrollar el Gobierno girará en torno a cuatro grupos de medidas: protección del desempleo, equilibrio del mercado de trabajo, distribución del empleo y fomento en la creación de nuevos puestos de trabajo. Los principios básicos a aplicar en los próximos cuatro años se establecerán en torno a la consideración del contrato temporal como un recurso a utilizar en tanto persistan las actuales circunstancias, favorecer la conversión de contratos temporales en definitivos y establecer garantías para impedir la eventualización de las plantillas, de modo que no se estimule la sustitución de la contratación indefinida por la temporal.

El Ministerio de Trabajo acentuará el control y la vigilancia del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos en los correspondientes contratos, de tal modo que se impida la generalización de irregularidades y fraudes, tanto en relación a la Seguridad Social y a la legislación laboral como a la naturaleza de este tipo de contratación. Por lo que respecta a los contratos a tiempo parcial, se ampliará el colectivo de potenciales beneficiarios con unas listas separadas en las oficinas de empleo, mientras que los contratos en prácticas y de formación contarán con estímulos para las empresas, a la vez que la propia Administración promoverá y generalizará este tipo de contrataciones.

Convertirse en autónomos

Para apoyar el empleo cooperativo y autónomo, el ministerio estudia la concesión de subvenciones, exenciones fiscales y bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para aquellos trabajadores en paro que tengan la intención de convertirse en autónomos o ingresar como socios en cooperativas. Con este fin, el ministerio posibilitará la entrega en una sola vez del valor actual de las prestaciones por desempleo que correspondan a los trabajadores en paro que accedan a estas situaciones. El Gobierno pretende también fortalecer la contratación temporal en el sector público, para lo cual se establecerá en los Presupuestos Generales del Estado una dotación destinada a crear empleos en los organismos de las administraciones central y autonómica, así como en las corporaciones locales, con el objetivo de generar puestos de trabajo en las zonas geográficas en las que el desempleo tenga una mayor intensidad.

Almunia reconoció que la dificultad para generar empleo en las actual situación de débil crecimiento económico "está generalizando en los países desarrollados, como medida de empleo, el reparto del trabajo existente entre un mayor número de trabajadores. Este tipo de medidas, hasta ahora muy poco utilizadas en nuestro país, desempeñan un importante papel en la actuación del Gobierno en materia de empleo". Con este fin, el ministerio mantendrá la jubilación anticipa da a los 64 años durante 1983, siempre que el trabajador que se retire sea sustituido por otro joven o perceptor del seguro de desempleo. En esta línea, se intro ducirán los contratos de relevo para establecer la jubilación progresiva de las personas mayores de sesenta años y su sustitución por jóvenes con contratos a tiempo parcial.

Partiendo del continuo descenso de la tasa de cobertura de las prestaciones -Almunia indicó que, de los 2.200.000 desempleados, menos de 700.000 se benefician de algún tipo de ayuda-, el Gobierno va a actuar con urgencia en este campo.

Así, el Ministerio de Trabajo va a ampliar la duración mínima y máxima de la prestación básica por desempleo; homogeneizará con el régimen general las características del seguro de desempleo para trabajadores fijos del campo; establecerá una: cuantía mínima, equivalente al salario mínimo interprofesional, para todos los beneficiarios de las prestaciones básicas, e intensificará el control del fraude al desempleo, en particular, el de carácter indirecto.

Por lo que respecta al sistema de ayudas por empleo comunitario, "entre la protección del desempleo y el fomento del empleo", según Almunia, el Gobierno pretende superar sus inconvenientes y defectos mediante unos planes prioritarios. Para éste objetivo, el Ministerio de Trabajo estudia un plan de reforma, sustancial con la intención de que entre en vigor a comienzos de 1984.

La preparación y discusión de la reforma pasará por contactos e intercambios con las distintas partes sociales interesadas, para lo cual el ministerio convocará una primera reunión el día 28 de este mes.

Sin embargo, Almunia adelantó que las líneas maestras de la reforma prevista pasan por la transformación del actual sistema de empleo comunitario en un fondo de empleo rural, cuyo objetivo será la realización de obras con fines comunitarios, sociales e infraestructurales que empleen a trabajadores desempleados del campo.

El fondo de empleo rural, en cuya distribución tendrán las comunidades autónomas una participación significativa, estará destinado a fomentar el empleo temporal en las zonas agrarias, en las que el número de parados es especialmente elevado.

De otra parte, y dentro de la perspectiva de potenciar en los aspectos materiales de infraestructura a las centrales sindicales y organizaciones, empresariales, Joaquín Almunia precisó que el Gobierno reitera su voluntad de solucionar adecuadamente el destino definitivo del patrimonio sindical.