La autoridad monetaria se da un plazo de tres semanas para intentar vender Banca Catalana a 'la Caixa'

La autoridad monetaria se ha dado a sí misma un último plazo de tres semanas para encauzar institucionalmente el grupo Banca Catalana sin que éste pierda su carácter autóctono, es decir, su catalinidad. La única posibilidad que existe para ello en estos momentos es la compra de Banca Catalana por la Caja de Pensiones. (la Caixa), primera entidad del ahorro en toda España. En el caso, muy probable, de que esa operación no fructifique, se procederá inmediatamente al concurso-subasta habitual para los bancos controlados por el Fondo de Garantía de Depósitos. En dicha tesitura, lo más probable será su adjudicación al Banco Exterior de España, entidad jurídicamente privada pero controlada por el sector público.

Las conversaciones del Banco de España con la Caja de Pensiones, algo ralentizadas últimamente debido a la concentración de esfuerzos que requería el surgimiento del caso Rumasa, se acelerarán en los próximos días, en el intento de dar una solución definitiva al problema de la propiedad del grupo Banca Catalana. El rápido encauzamiento del Banco Urquijo, mediante su asunción por el Hispano Americano, y las medidas tomadas con el holding de la abeja han despejado en buena parte el panorama de la crisis bancaria. Queda el tema heredado de Banca Catalana y el Gobierno ha mostrado su interés por acelerarlo.Esta postura ha venido a reforzar, indican fuentes próximas a la Administración, el cambio de estrategia en torno a Banca Catalana esbozada por la autoridad monetaria desde principios del mes de febrero. En esas fechas el Banco de España y el Fondo de Garantía de Depósitos decidieron abandonar las gestiones, iniciadas en Navidad, para conseguir el nombramiento de un consejo y de un presidente que reuniese las características de ser catalán, profesional y sin relevancia política (ver recuadro). Estas gestiones se prolongaron durante dos meses, mucho más de lo previsto, ya que los responsables del Fondo habían declarado su deseo de haberlas culminado para Reyes, y acabaron en una vía muerta.

El criterio con que se realizaron fue el de intentar salvar, primero, el carácter catalán del grupo -lo que se consideraba importante también desde el punto de vista de su relanzamiento comercial- y, en segundo término, su independencia. La autoridad monetaria esperaba que, tras encontrar al presidente adecuado, sería más fácil el camino de traspasar las acciones en su poder a grupos económicos catalanes.

Un banco y una caja

Una vez se comprobó que ese camino resultaba inviable, a principios de febrero se optó por la táctica inversa: traspasar primero las acciones a una institución financiera catalana, lo que facilitaba automáticamente el nombramiento de un nuevo consejo de administración. Con ello se intentaba salvar el primer objetivo, catalanidad, aún a costa del segundo, independencia. Este planteamiento del banco emisor y del Fondo, indican fuentes financieras de Barcelona, se hacía honestamente, es decir, en la creencia de que era conveniente desde muchos puntos de vista (político, de imagen y comercial) la preservación del carácter autóctono del grupo, si bien también existía una componente de intentar curarse en salud de futuras críticas en el sentido de que no se hubiera hecho todo lo posible para lograrlo.

Las conversaciones iniciadas a mediados de febrero se circunscribieron a dos entidades: el Banco de Sabadell y la Caja de Pensiones. El interés del Gobierno por hallar una solución rápida al asunto, similar a la encontrada en el caso del Banco Urquijo, le hizo aceptar, al menos como hipótesis de trabajo, la eventualidad de la compra de un banco por una caja. Eso suponía sacrificar parte del programa electoral del PSOE, que descartaba explícitamente incluso la participación minoritaria de las cajas en los capitales de bancos.

Los dos candidatos posibles pronto quedaron reducidos a uno, la Caja de Pensiones, que en estos momentos deshoja una margarita de escasos pétalos. La importante dimensión del problema a digerir (el grupo Catalana tiene hoy un volumen de recursos ajenos equivalente al del Banco de Sabadell, con una plantilla doble); el hecho de que ambas entidades tienen una red de oficinas paralela; la tradicional prudencia; y la filosofía comercial del Sabadell, muy contraria a abordar tareas de banca industrial (contrariamente a las características históricas de Catalana) debieron ser las razones fundamentales de la renuncia del Banco de Sabadell.

Actitud de 'la Caixa'

Queda, por tanto, como único candidato la Caja de Pensiones. Las conversaciones de la autoridad monetaria con esta entidad siguen manteniéndose, aunque no se ha llegado a abordar más que cuestiones previas de orden filosófico, sin pasar a estimaciones numéricas, indican fuentes oficiales. La entidad de ahorro posee un 7% del capital de Banca Catalana desde 1979 y fue la única institución, aparte del Fondo, que acudió a la ampliación de capital de diciembre pasado.

Ello, sin embargo, no era demostrativo de un interés preferente de la caja por entrar en Catalana, sino que fue producto del contrato firmado entre ambas en 1979, por el que La Caixa obtenía el compromiso de que Catalana recompraría el paquete del 7% y se obligaba, a su vez, a acudir a las sucesivas ampliaciones de la banca. La razón, por tanto, de que la autoridad monetaria proponga ahora a la caja quedarse con Catalana no es ésta, sino el hecho de que por su volumen constituye seguramente la única institución capaz de enfrentarse con éxito al reto de asumir Catalana. A ello se le suma la actitud favorable del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, hacia una salida de este tipo.

Las posibilidades de que La Caixa acepte quedarse con Catalana son más que remotas, por varias causas. Primera, porque no hay unanimidad en la casa. La actitud de los representantes laborales en su Consejo de Administración es radicalmente contraria: ya en junio de 1982, cuando se aprobó la participación en una emisión de bonos canjeables, posteriormente frustrada, se opusieron a la operación. Segunda, porque los compromisos industriales del grupo Catalana podrían originar en el futuro algunas tensiones que al cabo repercutiesen en la entidad de ahorro. Tercera, por el coste social de eventuales ajustes de plantilla en el grupo bancario. Y cuarta, porque las redes comerciales de Pensiones y de Catalana se superponen. "Existe un 90% de posibilidades de que la operación no se realice", concluyen fuentes solventes.

El Banco Exterior

Si no hay acuerdo antes de tres semanas, la autoridad monetaria renunciará también al segundo objetivo (catalanidad). A partir de entonces habrá dos alternativas. Una, la nacionalización de Banca Catalana, mediante el traspaso de las acciones que ostenta el Fondo de Garantía, al Patrimonio del Estado. Otra, su adjudicación en concurso a otro banco.

Si bien, como han indicado fuentes de la Administración, "la situación es muy fluida" y ninguna de las dos salidas es descartable de antemano, lo más probable es la adjudicación en concurso al Banco Exterior de España. El traspaso al Patrimonio del Estado no haría más que aumentar la problemática de gestión del mismo tras la expropiación de Rumasa. La adjudicación en concurso es lo más viable, en opinión de varias fuentes financieras. Pero los siete grandes de la banca española no han demostrado ningún interés por hacerse con Catalana por el temor a dañar su imagen, al concitar críticas sobre su expansionismo en Cataluña. Por ello, lo más probable es su adjudicación al Banco Exterior de España.

Esta opción tiene un precedente en el caso del Banco de Alicante, participado por Catalana, que recientemente ha sido adjudicado al Exterior, operación indicativa de la voluntad de crecimiento de sus rectores. Además, las redes de oficinas del Exterior y Catalana son complementarias. Y, sobre todo, su carácter de banco jurídicamente privado pero con mayoría pública, le permitiría constituirse en eje de un fuerte sector público bancario, de apariencia formal privada, que evitaría críticas sobre la eventual propensión nacionalizadora del Gobierno.

Aunque la estrategia no está completamente esbozada, ésta parece ser la tesis del ministro de Economía, Miguel Boyer. En este sentido, las declaraciones del ministro de Sanidad, Ernest Lluch, efectuadas al grupo periodístico Crónica, según las que "si se hubiese recurrido a la expropiación, el saneamiento de Banca Catalana hubiera sido más barato para el erario público", deben interpretarse, más que como una propuesta de nacionalización a estas alturas, como una crítica a la lentitud con que el Gobierno anterior enfocó el asunto de Catalana.