El orden público , la continuidad y el cambio

LAS INCREIBLES circunstancias que rodean la muerte de un niño de dos años, fallecido a consecuencia de los disparos de una pareja de la Guardia Civil en un control de carreteras en las cercanías del pueblo toledano de Valmojado, harían imposible cualquier tentativa de restar gravedad o de encontrar atenuantes a esa pesadilla. Dicho sea en su honor, la nota facilitada por la Guardia Civil (véase página 11 de esta edición), tras lamentar "profundamente tan triste y desgraciado suceso", parece animada por el propósito de exponer los hechos básicos en su desnudez. Sin embargo, el relato oficial, todavía provisional, deja en la oscuridad ciertos puntos que sólo las diligencias sumariales iniciadas por el juez de instrucción podrán esclarecer. Particular interés ofrece, a este respecto, la dilucidación de las características del control, ya que, según la versión de los ocupantes del automóvil, la única señal de aviso era la incierta luz de una lámpara o una linterna. Por lo demás, la Dirección General de la Guardia Civil, que todavía no ha comunicado el nombre de los dos guardias civiles implicados en este asunto, ha iniciado, con independencia de las actuaciones judiciales ya en marcha, una información "a fin de aclarar plenamente lo acaecido y exigir todas las responsabilidades a que hubiera lugar".Ocurre, sin embargo, que esa información debería hacerse extensiva a los criterios que el nuevo Gobierno está aplicando a su política -si es que es la suya- de orden público. Tras los sucesos de Malasaña en las fiestas de carnaval, el drama de Valmojado da fundamento para sospechar que no se ha producido ningún cambio apreciable en este ámbito. ¿Qué objetivos pueden perseguir unos controles instalados en una carretera local de la provincia de Toledo un sábado por la noche? ¿Qué instrucciones están recibiendo los agentes adscritos a este tipo de misiones sobre la forma de organizar esos puestos de control y de realizar su tarea? ¿Tienen orden de disparar, en cualquier circunstancia, contra los automóviles que se saltan una señal de alto? ¿No hay otro procedimiento para detener coches conducidos por ciudadanos desobedientes, despistados o imprudentes que hacer fuego a discreción? ¿Para qué sirve, entonces, el parque de automóviles y motos de la Guardia Civil de carreteras? ¿Cómo es posible que un coche ocupado por una familia y que marcha casi a paso de tortuga en una carretera local sea ametrallado simplemente por no detenerse?

Durante las anteriores legislaturas, los socialistas criticaron acerbamente algunos lamentables sucesos -por ejemplo, la muerte de un joven motorista en Trebujena- en los que la réplica armada de las fuerzas de orden público a los presuntos hechos delictivos que trataban de prevenir o perseguir resultó insensatamente desproporcionada. ¿Tal vez el ministro Barrionuevo se halla tan ocupado con sus arengas y tan obsesionado por su popularidad en los medios policiales que no ha tenido todavía tiempo para plasmar las directrices positivas necesariamente implicadas en las críticas negativas dirigidas en el pasado por el PSOE contra los procedimientos desaforados de vigilar las calles o las carreteras? ¿Ha establecido el ministro del Interior cambios en lo que -se refiere a la adecuada proporción entre las infracciones de orden público y la eventual respuesta de los cuerpos de seguridad? ¿O se ha limitado simplemente a dar por buenas las costumbres del pasado? ¿La tendencia a la prepotencia en algunos sectores de los aparatos estatales de seguridad se contagia necesariamente a los políticos que ocupan altos puestos en el Ministerio del Interior? ¿Puede seguir muriendo gente en una sociedad democrática, gobernada de añadidura por un partido que se identifica con las libertades, por saltarse un control o no obedecer una orden de alto?