El fiscal pide 10 meses de cárcel para una mujer que abortó por padecer del corazón

El ministerio fiscal de la Audiencia Provincial de Barcelona solicitó ayer que se impusieran diez meses y seis días de prisión a Isabel Puig Busquet por un presunto delito de aborto cometido en marzo de 1968. La acusada alegó que se había sometido a aquella intervención quirúrgica porque tenía una grave dolencia cardiaca y temía no poder superar con vida el parto

.Ante la sección primera de lo penal de la Audiencia Provincial de Barcelona compareció ayer Isabel Puig Busquet, acusada de un delito de aborto cometido en marzo de 1968 por el practicante Manuel Góngora, que ha sido reiteradamente condenado por la Audiencia por prácticas abortivas.

La investigación judicial en la que se abordó el caso de Isabel Puig Busquet se inició en 1968. La policía había recibido la denuncia de un presunto desfalco cometido en una empresa. Las pesquisas desembocaron en la detención de un joven y de su compañera, quienes confesaron haber cometido la apropiación para poder pagar un médico que practicase un aborto en la muchacha. Este fue el principio de una larga investigación que finalizó meses más tarde con la detención de siete personas, entre las que se encontraba el practicante Manuel Góngora e Isabel Puig Busquet.

La mayor parte de los procesados por esta causa compareció el pasado 15 de diciembre ante la sección primera de lo penal de la Audiencia de Barcelona. El procedimiento oral se cerró con una sentencia, dictada el pasado 20 de diciembre, en la que se criticaba al Gobierno por no adoptar medidas para regular el aborto. Era la primera resolución crítica de la Audiencia de Barcelona.

Nuevo juicio

Dos meses más tarde de que se celebrase aquel juicio se ha abierto de nuevo la causa. Ayer, en el banquillo de los acusados se sentó Isabel Puig, quien confesó haberse sometido a la intervención para poder salvar su vida, ya que padecía del corazón. Al margen de esta declaración, no se practicó ninguna prueba más.En la sala, se esperaba que el ministerio fiscal retirase la acusación contra la procesada, a tenor de la nueva situación jurídica, y ante el anuncio hecho por el Gobierno de despenalizar el aborto en el caso que se intentase salvar la vida de la madre. Sin embargo, el fiscal mantuvo su calificación provisional y reclamó diez meses y seis días de prisión para la acusada. Por su parte, el abogado defensor, Siricio Antón, alegó una situación de necesidad y pidió la absolución para la mujer.

En medios allegados a la abogacía se insistía ayer en la necesidad urgente de legislar y regular el tema del aborto. Se insistía también en la necesidad de que se tomaran interinamente algunas disposiciones. Una de estas medidas, señalaban las citadas fuentes, podría consistir en una disposición de la Fiscalía del Reino ordenando congelar todas las causas pendientes en las que se enjuician presuntos delitos de aborto.

Se calcula que en la Audiencia Provincial de Barcelona se encuentran pendientes de juicio al menos tres causas por presuntos delitos de aborto. Una de estas causas hace referencia a una presunta intervención quirúrgica realizada por un sacerdote, director de un centro hospitalario de la provincia de Barcelona.