La izquierda busca soluciones a la posible crisis por la reposición de los expulsados

El Tribunal Constitucional estudió ayer la sentencia sobre el recurso de amparo interpuesto por los cinco concejales del PCE excluidos del Ayuntamiento de Madrid en enero de 1982 como consecuencia de sus disensiones con la política del partido. Aunque los representantes legales de los recurrentes y del PCE acudieron a la sede del tribunal, éste no hizo público el contenido del fallo, en contra de lo previsto. La demora, inesperada para las dos partes implicadas en el litigio, deja abierta la. única posibilidad de evitar que los sustitutos de los concejales cesados se vean obligados a abandonar, a su vez, la corporación.

La solución podría conseguirse mediante desistimiento de los recurrentes o si se introduce en el fallo alguna precisión que permita sustituir a los concejales repuestos en sus cargos en caso de que dimitan inmediatamente.Medios del PCE manifestaron ayer que esta última opción podría resultar lógica, puesto que de otro modo los partidos políticos y las corporaciones locales afectadas quedarían en situación de indefensión. Según esta interpretación, los partidos no han cesado a los concejales cambiaron de opción política o adoptaron actitudes indisciplinadas, sino que se limitaron a comunicar a la Junta Electoral la baja como militantes y aquélla anuló la representación que ostentaban en base a una interpretación generalizada de la ley electoral.

Imprescindibles 30 votos

Un portavoz comunista declaró que no resultaría descabellada la incorporación a la sentencia de alguna fórmula para establecer carácter opcional a la reincorporación de los recurrentes o abrir la posibilidad de que fueran sustituidos si dimiten, incluso fuera del plazo establecido por la misma ley que el Tribunal Constitucional invalida parcialmente. La sustitución de concejales por cualquier motivo sólo es posible, según tal ley, durante los tres primeros años del mandato, por lo que el plazo finalizó en abril del pasado año.Otro posible problema sería la dimisión de alguno de los concejales reincorporados, por voluntad propia o incompatibilidad con su actual dedicación. La pérdida de un sólo corporativo impediría a la coalición de izquierda conseguir la mayoría absoluta sobre el total de corporativos elegidos en su día, cifrada en treinta votos, que resulta imprescindible para la aprobación del presupuesto ordinario y el avance del Plan General.

La posibilidad de una nueva crisis en el ayuntamiento madrileño, como consecuencia de la inminente publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, fue planteada en la reunión que celebró el miércoles la comisión de gobierno de la corporación, en la que participan representantes del PSOE y del PCE, según fuentes de este último grupo. La interpretación generalizada en el ámbito municipal consistía en que la publicación de la sentencia, después del precedente sentado en el caso del ex concejal socialista de Andújar (Jaén), haría inevitable el abandono del ayuntamiento por parte de cinco representantes comunistas, aun en el caso probable de que los cesados se consideraran satisfechos con el reconocimiento moral y presentaran de inmediato la dimisión.

Recomendación a Mangada

En el curso de la discusión sobre el asunto, el alcalde, Enrique Tierno, mantuvo una conversación telefónica con el ex concejal comunista y actual delegado del Gobierno en la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana, Eduardo Mangada, según fuentes del PCE. Durante la charla se mencionó la posibilidad de que los corporativos cesados en enero de 1982 desistieran del recurso. Tierno, siempre según la versión citada, recibió de Mangada la respuesta de que consideraba imposible esta solución porque la sentencia estaba ya firmada y era inmodificable. Las mismas fuentes señalaron que tienen constancia de peticiones de responsables del PSOE de Madrid para que se produzca el desistimiento antes de que se haga público el fallo.Eduardo Mangada negó ayer que el alcalde le hubiese telefoneado para que considerara la posibilidad de retirar el recurso. Añadió que, además, ello presupondría que una sentencia del Tribunal Constitucional puede interpretarse. como perjudicial para el ayuntamiento, "y yo no puedo afirmar que el Tribunal Constitucional, que es una organismo ganado por la democracia, vaya a dañar a ninguna institución democrática". Mangada desmintió haber recibido presión o indicación alguna del PSOE para que desista del recurso.

Cristina Almeida, que pidió el amparo al Tribunal Constitucional en nombre propio y como representante legal de los otros cuatro concejales expulsados, declaró ayer a título personal que no está dispuesta a desistir del recurso. "Me parece demasiado que me pidan que retire lo que yo misma he instado. Sería contradictorio y moralmente no me parece adecuado", señaló. "Si la sentencia me repone en el puesto y puedo abdicar, lo haré, porque quiero colaborar con el ayuntamiento, pero no a costa de traicionar mis principios".