En el Registro de Intereses figuran todas las fuentes de ingresos privadas de los diputados y senadores

El proyecto de ley orgánica de Incompatibilidades de diputados y senadores remitido por el Gobierno a las Cortes establece el principio de la compatibilidad con el desempeño de actividades privadas, salvo una serie de excepciones tasadas. El proyecto de ley definitivo, tras los retoques introducidos por el Consejo de Ministros último, exige que los parlamentarios formulen declaración de todas las actividades que puedan constituir causa de incompatibilidad. Estas y "aquellas otras actividades que les proporcionen o puedan proporcionales ingresos económicos, así como sus bienes patrimoniales", deberán figurar en un Registro de Intereses que se creara en cada Cámara.

Aunque el proyecto de ley remitido a las Cortes no se hace ninguna referencia al carácter público de este registro, fuentes socialistas adelantaron a este periódico que el futuro Registro de Intereses tendrá carácter público, en línea con las propuestas defendidas por el propio PSOE y otros partidos de la izquierda durante la anterior legislatura. El presidente del Congreso de los, Diputados, Gregorio Peces-Barba, manifestó a este periódico que, en su opinión, el mero mandato legal para que se creé el Registro de Intereses es suficiente para que pueda ponerse en marcha, sin necesidad de modificar el vigente reglamento ni de una ley específica. Sin embargo, el proyecto de ley vincula el Registro de Intereses al reglamento, al establecer que dichos registros se constituirán en cada Cámara "a los efectos que determinen los reglamentos de las mismas".Relación detallada de ingresos

El Registro de Intereses se actualizará al comienzo de cada legislatura. Si se confirma su carácter público, no existirán dificultades para la difusión de sus datos. Cada diputado y cada senador hará constar -salvo modificaciones de detalle- la actividad profesional que, le devengue ingresos al margen de su cargo de parlamentario; nombres de clientes que pudieran tener relaciones con el trabajo que realiza en las Cortes. y cargos directivos remunerados en empresas, incluidos aquellos que quedan en suspenso durante el periodo de mandato electoral.

Otros datos a figurar en principio en el registro citado serán las donaciones y ayudas monetarias que haya recibido durante su campaña electoral el propio parlamentario o el partido al que pertenece, en forma de dinero o decualquier beneficio material directo o indirecto; los ingresos o beneficios materiales provenientes de personas, Gobiernos u organismos extranjeros o el pago de gastos dé viajes realizados en su calidad de parlamentario; las empresas en las que el parlamentario, su cónyuge o los hijos menores de edad tengan una participación superior al 5%.del capital social, y el origen de las rentas anuales que percibiere, en el caso de que éstas fueran superiores a la retribución recibida como parlamentario.

Con diversas variantes, socialistas, comunistas y el diputado del Grupo Mixto Juan María Bandrés (de Euskadiko Ezkerra) defendieron o apoyaron durante la anterior legislatura propuestas de creación de un Registro de Intereses de estas características. El cerrado re cházo de los centristas y del grupo de Fraga (entonces, Coalición De mocráticay no permitió que pros peraran. En el debate presupuestario para 1982 y en el de la vigente ley de Incompatibilidades, las en miendas de la izquierda que plan teaban la creación de dicho registro , fueron ampliamente derrotadas.

Algunas de las objeciones de los grupos parlamentarios de la derecha frente a la creación de un Registro de Intereses tienen su mejor precedente en los argumentos esgrimidos en aquellos debates. El 31 de marzo de 1982, el centrista Antonio, Vázquez Guillén recordó ante el Pleno que el vigente reglamento de la Cámara baja ya prevé una declaración notarial de bienes y actividades, e invocó el "sagrado derecho a la intimidad" por parte de los parlamentarios, quienes no tienen, dijo, "necesidad de exhibir públicamente aquellas cuestiones que afecten a su índole auténticamente personal". Bandrés replicó que no basta esa declaración privada, sino que es necesario un registro público.

Por su parte, el comunista Fernando Pérez Royo mostró su sorpresa por las apelaciones a la intimidad. Renunció a citar ejemplos "quq serían desagradables" y, argumentó: "Los puestos de dirección remunerados en compañías públicas o privadas, empleos, cargos, profesiones y oficios remunerados, relaciones de clientes, etcétera, ¿todo esto pertenece a la intimidad?. Es posible que pertenezca a la intimidad pero a una intimidad que, en cualquier caso, se debe perder al formar parte de una Cámara como ésta, en definitiva, al representar intereses colectivos y, en cualquier caso, no una intimidad personal, sino algo que hace referencia a aspectos, a circunstancias que son de interés, insisto, para el correcto ejercicio de la función parlamentaria".

El primer precedente parlamentario se produjo durante la discusión de los Presupuestos Generales del Estado para 1981. En aquel debate, celebrado el 28 de noviembre de 1980, ministros del actual Gobierno, como Enrique Barón (quien invocó los ejemplos británico, norteamericano, alemán e italiano), Carlos Solchaga (quien aseguró que no todo el mundo tiene que compartir "nuestra. visión de lo que es la decéncia") y Ernest Lluch (quien denunció la confesión centrista entre la declaración del patrimonio y la de los intereses), abogaron por la creación del registro. El entonces portavoz centrista, Miguel Herrero denunció en los socialistas "una siempre vaga acusación de corrupción, confundiendo incompatibilidad, corrupción, intereses etc". Valoró la enmiénda socialista como demagógica y aseguró que se trataba de una opera ción de divertimento que, además de deteriorar la imagen de la institución parlamentaria, pretendía ocultar la capacidad del PSOE para presentar una alternativa presupuestaria. La votación, no minal a petición socialista, fue perdida por la izquierda.