_
_
_
_
_
TRIBUNALES

El III Congreso de la Asociación de la Magistratura reconoce las diferentes corrientes ideológicas

El III Congreso de la Asociación de la Magistratura, a la que pertenece el 70% de los jueces y magistrados españoles, fue clausurado ayer en la Escuela Judicial, tras cuatro jornadas de trabajo, con el reconocimiento y aceptación, por primera vez, de las corrientes de opinión y de elección proporcional en el seno de la asociación. Asistieron a la clausura el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Federico Carlos Sainz de Robles; el ministro de Justicia, Fernando Ledesma; el presidente del Tribunal Supremo italiano y representantes de la Fiscalía General del Estado.

José Gabaldón López fue elegido presidente de la asociación, encabezando una candidatura de síntesis tanto para la comisión permanente y el comité ejecutivo como para la junta directiva, tras un congreso en el que finalmente se ha contemplado la reforma de los estatutos para abrir la asociación a diversas corrientes de opinión. En este sentido, Fernado Ledesma y Federico Carlos Sainz de Robles coincidieron en señalar su satisfacción por el acuerdo de romper la idea de asociación única que hasta ahora se había mantenido.

Justicia eficaz

Javier Delgado Barrio, presidente de este congreso, señaló tras la lectura de conclusiones que la Constitución es una norma jurídica vinculante, "y hay que tenerla en cuenta para resolver cualquier problema jurídico que se nos presente a diario. Justicia eficaz ha sido el lema de este congreso, pero se constata que la justicia no es eficaz por la lentitud, lo que deviene en injusticia. Los problemas de la justicia han sido tradicionalmente olvidados". Respecto al mencionado espíritu asociativo, señaló: "debe ser legalmente viable que se constituyan todas las asociaciones que se consideren oportunas, pero lo deseable es que haya una sola en la que se sientan confortablemente instaladas todas las tendencias".Entre las ponencias que fueron aprobadas, y respecto a la denominada Consideraciones Generales para una Justicia Eficaz, se insistió en la necesidad, de actualizar aspectos como la demarcación judicial, medios modernos de mecanización y reproducción en el proceso y aplicación y limitación de la informática dentro de la Administración de justicia, policía judicial y sistemas de acceso a los cuerpos auxiliares de la Administración de justicia.

Fernando Ledesma, ministro de Justicia, manifestó que observaba en las conclusiones de este congreso una gran coincidencia con el área ideológica en que él se ha movido mucho tiempo y que ahora es la del Gobierno. Destacó los aspectos relacionados con el hábeas corpus, supresión de las tasas judiciales, participación del Consejo en el presupuesto para la Administración de justicia y la idea de romper con la asociación única.

Federico Carlos Sainz de Robles, al referirse a la cara real de la justicia, dijo que la posición del juez ante el Tribunal Constitucional es un reto que existe, ya que el artículo 24 de la Constitución es el campo del juez ordinario y no del juez constitucional. Añadió que la mayor parte de las sentencias constitucionales podían haber sido abarcadas por el juez ordinario. Reconoció un abandono de los problemas de la justicia por parte de anteriores Gobiernos, pero reconoció que "también nosotros nos hemos abandonado". Se pronunció partidario de una sola asociación, y dijo que en la dilatada situación de crisis la justicia es el capítulo más rentable para la sociedad, porque el Estado democrático y la sociedad de derecho se basan en el juez ordinario.

Tramitación del cobro de multas

Una de las ponencias aprobadas en el congreso señala que los órganos judiciales no están obligados a tramitar la vía de apremio judicial para el cobro de las multas ni tampoco conceder de forma automática las autorizaciones de entrada en domicilios de deudores. Entre las conclusiones de esta ponencia se expone: "las disposiciones legales anteriores a la promulgación de la Constitución, relativas ala efectividad por los órganos judiciales de las multas acordadas en expedientes administrativos sancionadores, ha perdido su vigencia en virtud de la disposición derogatoria tercera de la Constitución, por lo que los órganos judiciales no están obligados a tramitar la vía de apremio judicial para el cobro de las multas aludidas".Miembros de Justicia Democrática, sector que ha promovido el reconocimiento de corrientes ideológicas en el ámbito de la Asociación Profesional de la Magistratura, manifestaron su desacuerdo con el contenido del discurso de clausura pronunciado por el presidente electo, José Gabaldón, de cuyas palabras estiman que no respondieron al planteamiento de la candidatura que ha obtenido la confianza de los progresistas.

"Llama la atención, señalaron las mencionadas fuentes, la total ausencia de referencia al marco constitucional y al pluralismo democrático".

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_