Una parte de la ley de Elecciones Locales será declarada inconstitucional
En medios jurídicos se esperaba ayer la inminente publicación de una sentencia del Tribunal Constitucional, ya aprobada por dicho organismo, en que se declara inconstitucional el párrafo 7 del artículo 11 de la Ley de 17 de julio de 1978, que regula las elecciones de los miembros de las corporaciones locales y que había permitido hasta ahora a las direcciones de los partidos sustituir concejales elegidos en sus listas mediante su expulsión de la organización.
En virtud de tales mecanismos se produjeron las destituciones del socialista Alonso Puerta como teniente de alcalde de Madrid, y de Cristina Almeida y otros concejales del partido comunista como miembros del ayuntamiento madrileño, entre los casos más conocidos. Pero Madrid no la única ciudad que ha sufrido los efectos de tal mecanismo: una larga y complicada crisis municipal en el ayuntamiento de Andújar (Jaén) ha terminado en un recurso al Tribunal Constitucional de su ex alcalde, expulsado del PSOE, que es el caso sobre el que se espera el inmimente pronunciamiento del alto organismo.
El párrafo en cuestión de la ley citada dice: "Tratándose de listas que representen a partidos políticos, federaciones o coaliciones de partidos, si alguno de los candidatos electos dejare de pertenecer al partido que le presentó, cesará en su cargo y la vacante será atribuida en la forma establecida en el número anterior"; esto es, al que le siga en el orden de colocación en que aparezcan en la lista. Al parecer, el Tribunal pone en relación analógicamente el mandato de los concejales con el mandato de los diputados. El artículo 67 de la Constitución establece que Ios miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo".
La facultad reconocida por la normativa electoral a los partidos políticos para eliminar de sus puestos a los representantes municipales heterodoxos ha convertido todas las escisiones y rupturas políticas, relativamente frecuentes todavía en las organizaciones de izquierda, en una batalla entre quienes conservan la representación legal del partido en cuestión y los disidentes.
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Inminente sentencia sobre la ley que permite la sustitución de autoridades locales por expulsión de sus partidos
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La crisis del Partido Comunista de España, trasladada a los ayuntamientos, se inició el 26 de octubre de 1981, fecha en que se disolvió el comité central del Partido Comunista de Euskadi (EPK) para unir después esa organización política a Euskadiko Ezkerra. El 5 de noviembre se celebró en Madrid un acto de apoyo a los unificados, y la convocatoria fue firmada por destacados dirigentes comunistas y concejales. El 11 de noviembre, el comité central del partido expulsó de ese órgano a seis de ellos. Cinco días después, el comité regional de Madrid excluyó del partido, por el mismo motivo, a cinco concejales de la capital: Eduardo Mangada, Jose Luis Martín Palacín, Luis Larroque, Isabel Vilallonga y Cristina Almeida. El 5 de enero, la Junta Electoral les retiró la condición de concejales, y la abogada Cristina Almeida anunció un recurso por supuesta inconstitucionalidad contra la Ley Electoral.
Otro de los casos que alcanzaron mayor resonancia pública afectó al entonces teniente de alcalde del ayuntamiento de Madrid, Alonso Puerta. El 11 de septiembre de 1981, el grupo de concejales de UCID comunicó al equipo de gobierno municipal de Madrid su preocupación por los rumores sobre unas comisiones ilegales ofrecidas por empresas que concurrían al concurso para obtener la contrata de recogida de basuras en la zona norte. El día 16 se reunieron concejales centristas con los delegados de Saneamiento, Jesús Espelosín, de Hacienda, Baltasar Aymerich, y los concejales responsables de esas áreas, Manuel Mella y Joaquín Leguina. Estos últimos comunicaron a los ediles de la oposición que el concurso sería paralizado, a la vista de algunos errores, técnicos en los pliegos de condiciones y por las dudas surgidas. Los rumores fueron comunicados después por Florentino Pérez, concejal de UCD, a Alonso Puerta, quien en la reunión celebrada por el equipo de gobierno municipal el 21 de septiembre solicitó la dimisión de los dos delegados que presuntamente recibieron las ofertas.
La divulgación por la prensa de esa petición levantó el escándalo, del caso Puerta. El ayuntamiento creó días después una comisión investidadora, formada por concejales del PCE y del PSOE, ante la que declararon los interesados. El dictamen final de esta comisión no encontró responsabilidades de los delegados objeto de acusación, pero señala que Alonso Puerta dio crédito a rumores sin comprobar su certeza. El caso pasó después a la comisión de conflictos del PSOE, que le suspendió de militancia. El alcalde le destituyó de su cargo en la tenencia de alcaldía, y el partido comunicó la baja como militante a la Junta electoral, que le cesó como concejal. Tres compañeros de corporación se solidarizaron con él y adimitieron.
Posteriormente, Alonso Puerta, presentó ante los tribunales una querella por presunto cohecho. En abril de 1982 falleció Pedro Galindo, a quien el ex teniente de alcalde consideraba como punto clave de toda la trama en su pregunto papel de intermediario para las ofertas de comisiones. Aunque los casos mencionados fueron los más espectaculares, el mismo mecanismo se ha producido en otras muchas ocasiones. Ayer mismo, el presidente de la Diputación de Guadala jara fue expulsado de UCD, que omunicó la baja a la Junta, Electoral con objeto de que pierda su condición de concejal y, por tanlo, la presidencia de la corporación.
