UGT y Comisiones Obreras solicitarán una subida salarial del 12,5% para los funcionarios

UGT y CC OO acordaron ayer solicitar una subida del 12,5% sobre el total de la masa salarial de los funcionarios, en la reunión que representantes sindicales de la Administración Pública mantendrán el próximo viernes con responsables del Ministerio de la Presidencia, a fin de favorecer una distribución que favorezca a los funcionarios con niveles retributivos más bajos.

Igualmente, los representantes sindicales pedirán que el sueldo base de los funcionarios con un nivel más bajo se iguale al salario mínimo interprofesional, lo que supondría un aumento de las retribuciones básicas superior al 60%, y la consiguiente reducción de complementos. Esta próxima negociación salarial afecta a un colectivo integrado por unas 1.500.000 personas.También solicitarán que si el IPC (Indice de Precios al Consumo) ha superado el 9% para finales de septiembre, se produzca una revisión salarial en consonancia con la diferencia entre el porcentaje de subida salarial que se pacte y el porcentaje de la subida de la carestía de la vida, con efectos retroactivos desde el primero de enero.

También reclamarán que las pagas extraordinarias se correspondan con el 100% de la paga mensual ordinaria, aunque probablemente en un principio este criterio sólo sería aplicado a los niveles más bajos. Asimismo los representantes sindicales propondrán la supresión del complemento por dedicación exclusiva, y su conversión en complemento al puesto de trabajo. De este modo, el complemento al puesto de trabajó, se configura como el único existente en el futuro, lo que inevitablemente exigiría una clasificación de los puestos de trabajo.

Según el acuerdo tomado ayer por UGT y CC OO, transitoriamente se mantendría un complemento de homologación para absorber las disparidades hoy existentes en incentivos y complementos. De otra parte, los sindicatos plantearán que al margen de los 30 días de vacaciones veraniegas, los trabajadores de la Administración disfruten de nueve días de vacaciones a distribuir a lo largo de todo el año, aparte de los 14 de días festivos ya marcados por el calendario oficial.

Por otro lado, las citadas centrales sindicales solicitarán que se arbitre una solución al problema de los contratados administrativos, para lo que plantearán que se celebren oposiciones libres para cubrir las plazas que sean realmente necesarias para la Administración, y en las que aquéllos contarían con una puntuación de partida que les primase. También solicitarán que se aprueben más opositores que número de plazas a cubrir, para disponer en futuras necesidades de aquellas plazas. Cuando no sea posible, solicitarán su cobertura mediante contratos laborales, pero nunca con contratos administrativos o interinos, figuras jurídicas cuya supresión también se solicita.

Las centrales sindicales acordaron, también en su reunión celebrada ayer, exigir de Presidencia del Gobierno el compromiso para que se tramite antes del verano el Estatuto de la Función Pública, y que vaya precedido del envío a las Cortes de una ley orgánica de derechos sindicales de los funcionarios.

También pedirán que se reforme la ley de Presupuestos, a fin de que los convenios del personal laboral no deban ser refrendados posteriormente por al Ministerio de Hacienda. Con esto, entienden que se evitarían situaciones como la que sufren estos días los contratados civiles de Defensa, cuyo convenio, firmado con sus anteriores titulares, no es aceptado ahora por Hacienda.

Otra de las demandas de UGT y CC OO irá encaminada a la unificación de la seguridad social de todos los funcionarios, hoy distribuida entre varias mutualidades, y la homologación de las clases pasivas, entre las que existen actualmente notables desigualdades en las pensiones.

Reclamarán, asimismo, la supresión del decreto 211 del año pasado, por el que se regula la retribución de los funcionarios de la Administración Local, que, según los sindicatos, posibilitó notorias desigualdades salariales. Otra proposición se refiere a que la Administración presente antes del próximo mes de octubre una oferta de empleo público que incluya las vacantes existentes, las plazas de nueva creación, y la contratación temporal.