El CDS tiene en Cataluña solamente 600 afiliados
El conflicto desatado en el Centro Democrático y Social (CDS) de Cataluña a raíz del cese de la gestora de Barcelona, decretado por la ejecutiva estatal, acaba definitivamente con las esperanzas que los suaristas catalanes tenían puestas en la consolidación de un espacio político propio. Con un endeudamiento de doce millones de pesetas, una militancia que ronda los seiscientos afiliados y los abandonos producidos por el intervencionismo de la dirección nacional del partido -se han dado de baja en principio Santiago Guillén, Julián Valón y José Antonio Sánchez Llibre-, va a resultar extraordinariamente difícil para los representantes de Adolfo Suárez en Cataluña afrontar el reto de las elecciones municipales y el posterior de los comicios autonómicos.En esta "práctica desintegración" del proyecto suarista en Cataluña coinciden las diferentes fuentes consultadas tras el conocimiento de la crisis desatada por las sanciones, dimisiones y bajas (véase EL PAIS del pasado día 30). El presidente de la gestora, Josep Pujadas, que de acuerdo con Adolfo Suárez decretó los ceses, opina, por el contrario, que no se puede hablar de desintegración, y que quienes se han marchado del grupo son precisamente los que no querían acatar la estrategia marcada por los órganos nacionales.
La crisis se debe fundamentalmente a un enfrentamiento por el grado de autonomía del partido y por las elecciones municipales.
La decisión estatal de acudir a las urnas con listas propias fue criticada en su momento por la mayoría de los dirigentes catalanes, que la consideraron inviable, ante la situación de falta de estructura e implantación del partido. En su lugar defendían la consecución de pactos locales a derecha e izquierda, con Convergéncia Democrática (CDC) y el Partit dels Socialistes (PSC), integrando militantes en ambas listas en calidad de independientes. Los suaristas catalanes veían en este camino la única posibilidad de conseguir una cierta parcela de poder municipal.
Desde la sede estatal del CDS se acusa a este sector de no tener autorización para negociar con los socialistas ningún tipo de acuerdos, lo que significa una crítica directa a las recientes conversaciones de Guillén con el PSC, sobre temas municipales y coincidencias en el Parlamento de Cataluña.
En este conflicto existe también un fuerte componente de enfrentamiento personal entre los dirigentes catalanes. A Josep Pujadas se le critica una línea de "total subordinación a Madrid". Está apoyado por el dirigente leridano y miembro del ejecutivo del CDS estatal, Manuel Sárraga. Los otros once integrantes de la gestora de Barcelona han votado siempre en bloque contra su presidente, buscando una mayor autonomía del partido, amenazada, según uno de los cesados, "por la burocracia centralista dura que ha montado el secretario general, José Ramón Caso".
Para frenar las presiones de Ia secretaría general, que en opinión de los dirigentes cesados eran "contrarias a la autonomía pactada con Suárez cuando en agosto se creó el partido", toda la gestora, salvo Pujadas, convocó para finales de este mes de enero la asamblea provincial, a fin de elegir los órganos ejecutivos del partido, decisión plenamente estatutaria. Para entonces, los compañeros de Pujadas en la dirección de Barcelona ya le habían hecho saber que no le apoyarían para la presidencia definitiva del CDS.
La situación en el CDS es caótica. Algunos de los ahora sancionados estaban pagando de sus bolsillos el alquiler del local donde está instalada la sede del partido y otros gastos de diversa cuantía. El teléfono está cortado por impago. A las personas que se empleó para la campaña electoral pasada se les adeudan unos tres millones de pesetas. Sólo en Barcelona la deuda electoral a los proveedores suma entre diez y doce millones de pesetas.
Las continuas reclamaciones de los dirigentes catalanes a la sede central del Centro Democrático y Social Madrid han sido sistemáticamente desatendidas. En Gerona, Lérida y Tarragona no se llega a los cien militantes por provincia; concretamente, en Lérida son 82. En Barcelona hay 419. Los cesados opinan que con todo este conflicto se reducirán a la mitad. "Encima querían que organizáramos una campaña propia para las municipales. Está claro que a Suárez no le interesan ni las elecciones locales ni las autonómicas.
