La disolución del Parlamento portugués puede anunciarse hoy

A pesar del voto del Consejo de Estado portugués, en que ocho de los quince consejeros se pronunciaron contra la inmediata convocatoria de elecciones generales anticipadas, los medios políticos de Lisboa están unánimemente convencidos de que la decisión final del jefe del Estado será disolver el Parlamento."Salvo sorpresa de última hora", precisa el semanario O Jornal, habitualmente bien informado acerca de las intenciones presidenciales, y que atempera así el tono muy afirmativo de la primera página de su edición de ayer: "Eanes va a disolver la Asamblea".

La extrema reticencia de los corresponsales extranjeros cuando se trata de prever, con menos de veinticuatro horas, los próximos desarrollos de la crisis política portuguesa puede parecer ridícula a distancia, pero es tan sólo el reflejo de la extraordinaria confusión, deliberadamente creada y alimentada, que impera en los medios políticos.

El próximo de estos acontecimientos será la decisión del presidente Eanes acerca de la disolución del Parlamento, decisión que será anunciada, dijo el portavoz de la Presidencia, "probablemente, durante el fin de semana", porque el general Eanes "tiene prisa, pero no quiere precipitarse`, y quiere analizar algunos datos nuevos surgidos durante la reunión del Consejo de Estado y las consultas de los partidos representados en el Parlamento.

Se sabe que Víctor Crespo ha suspendido los contactos que estaba realizando para completar su Gobierno y no ha anunciado todavía su renuncia para no crear mayores dificultades al partido socialdemócrata y a su presidente, Francisco Pinto Balsemao. Este, por su parte, manifestó a la emisión política del PSD y en el Consejo de Estado su deseo de liberarse cuanto antes de sus obligaciones gubernamentales para dedicarse enteramente a las tareas estrictamente partidarias.

El partido socialista -cuyo secretario general, Mario Soares, ha anulado el viaje que debía realizar este fin de semana a París- entiende, por el contrario, que el Gobierno dimisionario debe mantenerse en funciones de mera gestión de los asuntos corrientes hasta que sea nombrado el nuevo Gobierno.

La Constitución portuguesa no prevé que el primer ministro quiera abandonar sus funciones antes de ser sustituido.