La próxima semana, el Gobierno negociara con los sindicatos la implantación de los nuevos horarios en la Administración

El Gobierno pretende establecer en el presente mes la regulación definitiva del horario de los funcionarios, para lo que establecerá contactos con las centrales sindicales en la próxima semana, según declaró ayer a este diario Francisco Ramos, secretario de Estado para la Administración pública, quien desmintió que se hubiese aprobado normativa alguna al respecto en Consejo de Ministros, como informó ayer Europa Press. El establecimiento de un horario flexible es uno de los aspectos que están en estudio, aunque, en caso de aprobarse su implantación se llevaría a cabo de forma progresiva.

Ramos afirmó que el Gobierno mantiene como compromiso prioritario de su gestión acabar con el incumplimiento de horario "en algunas oficinas públicas, ya que", precisó, "en muchas dependencias administrativas el horario se cumple rigurosamente". Pero, según él, el Consejo de Ministros no ha adoptado aún acuerdo alguno, aunque sí se ha tratado el tema, que ha sido ampliamente debatido en las reuniones de subsecretarios. Acerca de los horarios manejados en el documento que la citada agencia difundió ayer como acuerdo de Consejo de Ministros, Ramos reconoció que los horarios de 8 a 15 horas y de 9 a 17.30 horas, apuntados en ese proyecto, eran casi los únicos posibles para equiparar los rendimientos de los funcionarios a los de cualquier otra actividad profesional.Según el citado borrador el Gobierno proyecta la paulatina implantación del régimen de horario flexible en los centros de la Administración Pública, conforme a las circunstancias y medios materiales lo vayan haciendo posible. Dicho cambio de horario afectaría a las oficinas públicas dependientes de la Administración central del Estado, organismos autonómicos y Seguridad Social.

Dicho borrador consta de los siguientes puntos:

-Todas las oficinas en relación directa con el público estarán abiertas de 9 a 14 y de 16 a 18 horas. Los subsecretarios y gobernadores civiles definirán qué se debe entender por oficina pública, en todo caso, teniendo en cuenta su inmediata relación con los administrados. En cualquier caso los registros centrales y las unidades de información, iniciativas y reclamaciones se ajustan al horario citado.

-El horario flexible se establecerá de la siguiente forma: una parte de tiempo fijo y estable para todos los funcionarios, que será de cinco horas diarias, y se establecerá desde las 9 a las 14 horas, y un horario flexible de dos horas y media, que se podrá cumplir entre las ocho y las nueve de la mañaria, y las 14 y las 20 horas de la tarde. En todo caso, el horario flexible tendrá diariamente una duración total de siete horas y media.

-En aquellos departamentos u organismos en que existan medios adecuados de control las subsecretarías o los gobernadores civiles propondrán a la Presidencia del Gobierno la inmediata implantación, con carácter experimental, del horario flexible.

-Hasta tanto existan las condiciones adecuadas que permitan el cumplimiento del horario flexible, en todas las oficinas públicas podrán adoptarse una de las dos modalidades siguientes:

a) Horario de 8 a 15 horas durante los cinco primeros días de la semana, y la obligación de asistir un sábado de cada dos, en horario de 9 a 14 horas.

b) Horario de 9 a 17.30 horas, con el intervalo de una hora para comer, durante los cinco primeros días de la semana.

Los subsecretarios y los gobernadores civiles determinarán en cada provincia cuál de las dos opciones debe aplicarse.

-Las funcionarios con dedicación exclusiva deberán prolongar dos horas más su jornada de trabajo, con respecto al resto de los funcionarios, durante los cinco primeros días de la semana.

-Existirán relojes de ficha en todas las oficinas públicas, no quedando exceptuada de esta regla ninguna unidad o dependencia. Del mismo modo, todos los funcionarios, sin excepción alguna, tendrán la obligación de fichar a diario.

-Las inspecciones de servicio de los distintos departamentos vigilarán y controlarán el horario y aquéllas "deberán imponer con rigor las sanciones oportunas, en los casos flagrantes de infracción".

Francisco Velázquez, jefe del Gabinete del secretario de Estado para la Administración Pública, amén de reiterar que todos estos puntos no constituían sino puntos de los borradores que se vienen manejando, reiteró que el Consejo de Ministros no había aprobado ninguna modificación del horario de los funcionarios.

Justo Zambrana, secretario de la Federación de Trabajadores de la Administración Pública de UGT, no quiso entrar a fondo criticar dicho proyecto por consi derar que todo ello será discutid entre Presidencia y las centrale sindicales.

Alberto Torres, miembro de la Ejecutiva de la Federación de CC OO de la Administración Pública, también criticó lo que en su opinión era un acuerdo de Gobierno. Torres criticó la ausencia de referencias a que el Gobierno negociará con las secciones sindicales qué oficinas deberán abrir por la tarde y cuál será el horario que se impondrá hasta el establecimiento del horario flexible, ya que entendía que dejarlo en manos de los secretarios o gobernadores civiles, significaba una imposición unilateral del controvertido turno de tarde de los funcionarios. Todo ello, aseguró que contradecía lo afirmado por el ministro.